Rechazan demanda que pedía reversar acuerdo de uso de bases militares

El Consejo de Estado dijo que la negociación del gobierno colombiano con Estados Unidos, en la que se le permite a militares de ese país usar bases en territorio nacional es un acto de diplomacia bilateral y por lo tanto no se puede anular. Asimismo, se afirmó que los jueces nacionales ya no tienen jurisdicción en ese caso.

El Consejo de Estado rechazó por improcedente la demanda instaurada contra el acuerdo militar firmado entre los Estados Unidos y Colombia que permite la instalación de siete bases militares en el país.La decisión se tomó luego de que la corporación sostuviera que "todo acto del gobierno ejercido en su facultad de dirección de las relaciones internacionales, escapa del control a través de la acción de nulidad por tratarse de un acto complejo e indivisible de carácter constitucional" .Así mismo, sostuvieron que el acto por su naturaleza al intervenir la voluntad de otro Estado, desborda el ámbito "del derecho público interno de Colombia, por lo cual las pretensiones que contra él se formulen, no puede desarrollar un proceso contencioso administrativo" .Además, la jurisprudencia estableció que los límites de la competencia de los jueces administrativos termina en el límite de la jurisdicción de los jueces internacionales.Por último, la entidad señaló que en las atribuciones establecidas en el artículo 237 de la Constitución Política de Colombia el control sobre dichos actos no se encuentra dentro de los presupuestos.La demanda había sido instaurada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos el 15 de diciembre del año pasado, al rechazar la presencia militar en el territorio nacional, al considerar que el principio de soberanía se ve gravemente afectado por la presencia de militares estadounidenses.El director del Comité, Luis Carlos Bonilla, señaló que "el deber de todos los ciudadanos es respetar y acatar las decisiones judiciales así nos distanciemos de las decisiones jurídicas" , al mismo tiempo indicó que "el acuerdo suscrito entrega los mayores derechos que tiene un Estado que es " ius puniendie ", pues se está entregando la administración de justicia al plantearse la no persecución del Estado en los delitos que puedan cometer los agentes militares" . De igual forma, Bonilla sostuvo que decidieron presentar la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en procura de la nulidad al considerar que en "en principio no se le dio el trámite de un tratado internacional" .Para el director, el acuerdo se desarrolló como complemento al suscrito en 1952 entre los Estados Unidos y el ex presidente Rafael Urdaneta, además, "no existe una norma del Congreso frente al tratado ratificado el 30 de octubre que lo aprobara" .En la Corte Constitucional, paralelo a este proceso se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad instauradas por diversas organizaciones entre las cuales se encuentra el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados José Alvear Restrepo."Esta demanda tiene el mismo sentido que la fallida en el Consejo de Estado, pues se consideró que se está renunciando al principio de soberanía" señaló Bonilla. En el proceso ya pasó la etapa para que los ciudadanos se manifiesten, lo que indicaría que en los próximos días, la Corte se pronunciará al respecto.El tratado denominado "acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad" , fue ratificado por el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, y tiene como fin que unos 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas puedan usar siete bases militares colombianas, para realizar actividades de entrenamiento, intercambio de inteligencia y reconocimiento, entre otras.