¿Qué tan grave es que las Farc aplacen la entrega de armas?

¿Se modificará el calendario de dejación de armas de las Farc? Esa es la pregunta que se hacen muchos en el país luego de que el martes pasado los voceros de la guerrilla le dirigieran al jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, una carta manifestándole la necesidad cambiar las fechas para el inicio del desarme, ante el atraso en las obras de adecuación de las zonas veredales. 

Previamente -el 2 de febrero-, el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación, ya había planteado la posibilidad.

Las Farc han dicho que, tras evaluar los avances en las zonas, la conclusión es la necesidad de hacer un ajuste en el cronograma. El mensaje quedó sintetizado en un trino de su máximo jefe, Rodrigo Londoño alias Timochenko, que ayer escribió en su cuenta de Twitter: “El sentido común indica que la dejación de armas debe iniciarse cuando estén listos los Puntos y Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Así dice el Acuerdo. #LasFARCCumplen”.

El Gobierno, sin embargo, parece invariable en sus posturas: la dejación no está sujeta a la adecuación de las zonas. El cronograma se mantiene como se acordó en el Yarí, donde quedó ratificado que serían 180 días en total y para todo. El primero de marzo la guerrilla entregaría el 30 % de sus armas; el primero de mayo, el otro 30% y el primero de junio, el 40% restante. “Cómo los compromisos que ya se debían haber cumplido, se cumplen”, dijo al respecto el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.

De modo que la distancia que se abre frente a ese punto, ha derivado en que la discusión del cumplimiento del cronograma se convierta en otro tema de país. Por ejemplo los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, ambos de la U y a favor del proceso de paz, cuentan con visiones completamente diferentes.

“Proponer aplazar cronograma de dejación de armas es inoportuna, peligrosa y tan desestabilizadora como proponer aplazar la Jurisdicción Especial de Paz”, escribió en Twitter Barreras, quien fue plenipotenciario del Gobierno en La Habana.

Armando Benedetti, mientras tanto, escribió: “Cualquier cosa que se tenga que hacer para mejorar el acuerdo, para que realmente se entreguen las armas, se debe hacer. Si es necesario cambiar o reprogramar, ese es un tema menor”.

Esa posición la comparten analistas como Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia: “Hay una verdad y es que el Gobierno se colgó en las zonas, es una realidad que está ahí, eso ha tenido efecto sobre la Misión de Naciones Unidas y la localización de la gente de las Farc. Yo creo que por ajustar uno o dos meses no pasa nada. Esos son más formalidades”.

Para Vargas, “eso no tendría ninguna consecuencia”; lo que pasa, dice él, es que el “Gobierno teme el reclamo desde los medios de comunicación y las críticas que podrían hacer los sectores que no apoyan el proceso”.

Que es la misma línea de opinión del analista John Mario González: “La oposición al proceso y algunos escépticos se han concentrado en las demoras logísticas, en todos esos temas que a mi modo de ver son temas procedimentales. La consecuencia: que le resta credibilidad al Gobierno o credibilidad al cumplimiento de todo el acuerdo de paz. Pero que se retrase un mes, o seis semanas la adecuación de los lugares y toda la entrega de armas, me parece que no tiene una consecuencia mayúscula”.

Posición que no comparte el experto en seguridad John Marulanda, quien dice que el posible retraso puede convertirse en una carga de presión para el Gobierno: “El fundamento de todo este proceso es que las Farc entreguen las armas. Al empezar a demorarse ese punto, lo que se genera es una gran desconfianza del lado de la opinión pública y una oportunidad para las Farc de manipular esa situación”.

Quizás por eso el presidente Santos ha insistido en enfatizar que el primero de junio todas las armas estarán en poder de las Naciones Unidas. El único retraso que ha sugerido admisible es el componente jurídico de cada punto: “Lo que sí puede tener una consecuencia es la sumatoria de estos retrasos con la implementación en el Congreso, en todos los temas jurídicos y en el arranque del punto 1 y del punto 3, me refiero al tema agrario y a la sustitución de cultivos ilícitos”, dijo.

Pero finalmente será resorte de la Comisión de Seguimiento a los acuerdos, la decisión de seguir adelante con las fechas pactadas o no.