Ante fuga de Aida Merlano, sectores plantean liquidar el Inpec y que privados manejen las cárceles

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¿Qué hacer con el sistema carcelario luego de la fuga de Aída Merlano?

Octubre 06, 2019 - 07:55 a. m. Por:
Colprensa
Fuga de Aida Merlano

Luego de descender y de levantarse tras un fuerte golpe, Aída Merlano se dio a la fuga en una motocicleta que la esperaba y ante la mirada de varias personas.

Imagen tomada de un video

"Hay que revisar muchas cosas del Inpec, porque esa entidad ya tocó fondo y nos toca como Gobierno enfrentar eso”, estás fueron las palabras de la Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, luego de conocer la fuga de la excongresista Aída Merlano, ocurrida el pasado martes en el norte de Bogotá.

La Ministra no descarta una posible liquidación de la entidad que recoge todos los centros penitenciarios y carcelarios del país, pues no es la primera vez que ha estado en el ojo del huracán por escándalos.

El Inpec, que hasta el pasado martes estuvo en cabeza del general William Ruiz, ocupó titulares de prensa en los últimos años porque se conocieron las ‘parrandas’ al interior de los centros carcelarios; se sabe de los famosos presos VIP, que siempre han tenido privilegios tales como acceso a un baño privado, celdas con televisores e incluso neveras, como ha trascendido, fue el caso de Merlano mientras estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor.

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Además, la fuga de Merlano no es la única que ha tenido que enfrentar el Inpec. Más de cinco evasiones de peligrosos delincuentes se han registrado, además se ha enfrentado a la reincidencia de los señalados cuando están bajo detención domiciliaria; la corrupción y malos tratos en las cárceles que llevó a la Fiscalía a reabrir un proceso esta semana para determinar la responsabilidad de funcionarios de la entidad en la muerte de varios reclusos, todo esto sumado al hacinamiento que ya superó el 50% en el territorio nacional.

Camilo Iván Pizza, magíster en derecho penal y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, señaló que todos los escenarios hacen parte de una crisis en la política criminal del país.

“En Colombia confundimos la política criminal con política penal, y carcelaria”, señaló Pizza y añadió que por política criminal se refiere a que se lleven a cabo tipo de acciones por parte del Gobierno central para que se disminuyan las actuaciones delictivas en el país.

Para el catedrático, las políticas de educación, salud y buscar una economía más amplia para los ciudadanos, podrían derivar en una solución de fondo eficaz para evitar la delincuencia dado que se cubran las necesidades básicas de la población.

En relación a la fallas carcelarias, el docente señaló que los centros no cumplen funciones de rehabilitación “desde el hacinamiento, hasta las fallas que hay cuando las personas que salen de las cárceles vuelven a reincidir. Con esto nos damos cuenta que no se cumplió el objetivo de una reinserción eficaz de los internos a la sociedad”.

La cárcel Villahermosa de Cali, que pertenece al Inpec, tiene capacidad para 2046 presos. Hoy hay 5993. Eso quiere decir que el porcentaje de hacinamiento es del 193%.

“La liquidación”

El exfiscal Mario Iguarán, aunque se muestra de acuerdo con los argumentos del docente, aseguró que pese a todos los problemas no ve pertinente la liquidación del Inpec.

“El Estado debe manejar el sistema de administración de justicia y la ejecución de las penas” y añadió que el Inpec es un reflejo de la “ineptitud” e incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones institucionales.

Iguarán no descarta la posibilidad de que las cárceles pasen a manos de privados por medio de concesiones. “Se podría asimilar a situaciones como las que ocurren con las obras públicas. Pero lo que está claro es que el Estado no tiene la capacidad para seguir con el funcionamiento de las cárceles. Está demostrado que la naturaleza de la Policía (que ha liderado durante varios años la institución) no es para eso”.

El exfiscal también descartó que el Ministerio de Justicia ceda el funcionamiento del Inpec al Ministerio de Defensa, como en algún momento lo han planteado varios sectores de la sociedad.

“La Policía que es la que ha dirigido el Inpec durante los últimos años, hace parte del Ministerio de Defensa más que del Ministerio de Justicia. Ahora, debemos tener en cuenta un detalle, si se revisan las funciones del Ministerio de Justicia lo único que le corresponde es el manejo de las cárceles”, señaló.

El exfiscal afirmó que si “no ha podido el Ministerio de Justicia que solo tiene esa función, qué va a poder el Ministerio de Defensa que tiene muchas otras dependencias por las cuales responder”.

Hacinamiento en cárceles

En Colombia hay 123.434 presos, pero solo disponibilidad de 80.373 cupos. El hacinamiento carcelario en el país es del 53,58 %, según datos del mismo Inpec.

Archivo El País

Al interior del Inpec

La institución que ha estado permeada, a juicio de las autoridades, por corrupción entre otros delitos, también cuenta con más de 80 sindicatos que alegan falta de garantías en el marco de su ejercicio laboral. Para muchos el tema laboral es otra de las papas calientes del Inpec.

De hecho, un informe de la Contraloría denunció que en el 2015 los 854 funcionarios del Inpec que tienen fuero sindical recibieron 39.293 días de permiso, lo que equivale a 110 años.

Alejandro Álvarez, quien hace parte de uno de los sindicatos de la institución, señaló que han estado en constantes conversaciones con la Ministra de Justicia para determinar lo que hace falta al interior de la entidad.

Explicó que están dispuestos a realizar una “reestructuración con tal de que todo mejore. Somos conscientes que existe corrupción pero no somos todos. Hay problemas, algunos estructurales, otros coyunturales, pero lo que sí necesitamos es un fortalecimiento de la institución”.

“Hemos expuesto todos nuestros requerimientos y esperamos que eso surta algún efecto”, acotó, y agregó que de registrarse una liquidación de la entidad se haría una “masacre laboral” porque son más de 1400 personas que hacen parte de la institución.

El sindicalista afirmó que de realizarse la liquidación a la institución demandaría “una inversión gigante que no creo que el Estado esté dispuesto a hacer”.
 
Algunos analistas consideran, sin embargo, que ante la magnitud del problema, el Gobierno debe darse esa pela.

Siguen audiencias

Para el próximo martes fue citada la audiencia en la que se definirá si Aída Victoria Merlano y Javier Guillermo Cely Barajas son cobijados con medida de aseguramiento por ser los aparentes cómplices de la fuga de la excongresista del Partido Conservador, Aída Merlano.

Ante el estrado, la hija de Merlano y el odontólogo que la trató fueron imputados por uso de menores en la comisión de delitos y complicidad en fuga de presos, delitos que no aceptaron ante la jueza 12 de garantías que presidió la diligencia desde la mañana de este sábado.

Para el fiscal del caso estos delitos son de “la mayor gravedad”, porque requieren de un engranaje enorme en el que, además, involucraron a un menor de edad.

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