Pulso entre el Gobierno y las Cortes por reforma a la justicia

Se espera que este miércoles sea presentada ante el Congreso la propuesta del Gobierno. Sin embargo, fuentes le confirmaron a El País que habrá más de un proyecto para reformar la justicia, uno que podría salir del seno de las cortes.

La reforma a la Justicia se ha convertido en el eje central del pulso entre el Gobierno y las altas Cortes, debido a que -pese a los encuentros- no han llegado a consensos para radicar una propuesta unificada en el Congreso de la República.Ante la ausencia de acuerdos, el Gobierno, a través del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció que este 20 de julio radicará el proyecto de reforma constitucional para que inicie su trámite legislativo.Esta decisión y la ausencia de los acuerdos determinó que ya se hable que en el periodo de sesiones ordinarias, que se instala el miércoles, habrá más de un proyecto de reforma a la justicia, incluso, uno que podría salir del seno de las cortes.Así lo confirmó una fuente a El País, la cual indicó que existen varios puntos que los juristas no comparten de la iniciativa del Gobierno, por lo que presentarían un articulado adicional a consideración del Congreso.La fuente, que prefirió la reserva, aseguró que los problemas radican principalmente en los temas de la reforma a la tutela, la descongestión judicial, la autonomía de la rama, la elección de los magistrados y el Consejo Superior de la Judicatura.La tutelaLa propuesta que preparan los presidentes de las Cortes deja en evidencia la división que existe entre ellas mismas, en la medida en que “la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado no comparten que sea la Corte Constitucional la de cierre de tutela en contra de fallos y providencias judiciales”, comentó la fuente.Por ello argumentó que en la propuesta de la rama será que cada una de las cortes, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, sean de cierre de tutela y que sus decisiones no sean revisadas por la Corte Constitucional, sino por ellas mismas, es decir mantener su propia jurisdicción en materia de tutelas. Una apreciación similar al tema tiene el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, quien al insistir que la tutela fue uno de los mayores logros de la Constitución, dijo que “lo que sí debe quedar claro en la reforma es que los fallos que dicte la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, no deben ser modificados por la Corte Constitucional”.El ex magistrado aseguró que con este esquema se evita el denominado ‘choque de trenes’ entre las cortes, ya que existe un respeto debido a que se reconoce que “las cortes actúan como juez constitucional preservando los derechos fundamentales”.No obstante a la propuesta de las Cortes, el Gobierno insistirá ante el Congreso para que la Corte de cierre sea la Constitucional, además que quienes pretendan instaurar una tutela en contra de una providencia o fallo judicial deberá hacerlo con abogado, tema que para el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, es contraproducente, debido a que esta herramienta “se creó para acercar la Constitución al ciudadano, pero la exigencia de un abogado lo que puede generar es que se elitice y afectar el principio para el cual fue creada”.Esa visión es respaldada por el ex constituyente Jaime Castro, quien consideró que “en materia de tutela no hay nada qué cambiar. La Corte Constitucional es la máxima autoridad, es el organismo de cierre”, por lo que sentenció: “La Corte Suprema y el Consejo de Estado deben aceptar esto”.Descongestión judicialPara descongestionar la justicia el Gobierno propone que se doten de facultades jurisdiccionales a los abogados, las Cámaras de Comercio, notarios y árbitros para que ayuden a la justicia.Esta propuesta no es compartida por el ex magistrado Valencia Copete, quien aseguró que “eso, por muy buenos que sean los propósitos, sería dejar en manos de personas que no ejercen permanentemente funciones judiciales la labor de sentenciadores”.Este mismo pensamiento tienen los titulares de las cortes, quienes coinciden en que el Gobierno no puede pretender que los abogados “por la mañana ejerzan como jueces y por la tarde estén litigando”, por lo que advierten que “no se pueden poner a personas sin experiencia en la administración de justicia para tomar decisiones”.Por esta razón, a finales de la semana anterior, las Cortes emitieron un comunicado, en el que advirtieron que para que haya más eficiencia en la justicia “se requiere la asignación de recursos presupuestales suficientes para ofrecer una pronta y cumplida justicia”.Elección de magistrados e inhabilidadesEn el texto de la reforma a la justicia que tiene el Gobierno se propone que el tiempo de ejercicio de un magistrado de las altas cortes ya no sea de 8 años sino de 12 y que no hayan cumplido 60 años para su retiro forzoso.Sobre este punto, una fuente comentó que “la propuesta de las cortes gira en torno a que se exija para ser magistrado un mínimo de 50 años de edad y que su periodo sea de 12 años. En el momento de su retiro, queda inhabilitado de por vida para cargos de elección popular y públicos”.Así, la polémica comenzará a ser dirimida desde el miércoles por el Congreso, en donde, en definitiva, como lo dijo el senador Eduardo Enríquez Maya, será el legislativo el que, en uso de sus atribuciones legales, debata y apruebe el proyecto que más “beneficie el país”.En esto coincide el ex constituyente Castro, quien aseguró que con o sin consenso, el que define la suerte del proyecto es el Congreso, porque “así lo define la Constitución”.Castro también llama la atención sobre el proyecto del que dice no debería ser de enmienda constitucional sino legal, porque “tiene que ver con los códigos de procedimiento para que los pleitos no duren una eternidad”.Autonomía de la ramaEl primer elemento sobre este punto es que las cortes no aceptan la propuesta del Gobierno de que en la administración de justicia intervenga el Ejecutivo en cabeza del Ministro de Justicia, al considerar que es ir al esquema anterior, de la Constitución del 86.“La razón de tener un poder judicial autónomo es para que los ciudadanos se les garantice el máximo derecho fundamental que tienen, que es de tener un juez independiente”, indicó el magistrado de la Cortes Suprema de Justicia, Jaime Arrubla.El segundo tiene que ver con la negativa de que se acabe el Consejo Superior de la Judicatura para reemplazarlo por otro organismo.Los dos elementos se conjugan en la conformación del nuevo Consejo, que en la sala administrativa vincula al Gobierno como parte de la estructura y, además, se crea una gerencia elegida por la sala anterior, lo cual no es aceptado por las cortes. Según fuentes, éste sería uno de los puntos que se pediría eliminar e, incluso, se habla de que una reforma podría hacerse a través de una ley estatutaria y no de una reforma constitucional.