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Plenaria del Senado de la República. | Foto: Colprensa

Proyecto de fortalecimiento sancionatorio de Supersalud irá a sanción presidencial

La plenaria del Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca otorgarle mayores facultades sancionatorias a la Superintendencia Nacional de Salud, y ahora quedó a un paso de convertirse en ley con la sanción presidencial.

19 de diciembre de 2018 Por: Colprensa

En el marco de las sesiones extras del Congreso de la República, la plenaria del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca otorgarle mayores facultades sancionatorias a la Superintendencia Nacional de Salud, y ahora pasa a sanción presidencial para convertirse en ley antes de finalizar el año.

“Con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud, la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional y el reenfoque de las facultades como juez de la salud en los asuntos técnicos y no en los administrativos, la Superintendencia contará con las herramientas necesarias para que quienes atentan contra los recursos de la salud no lo sigan haciendo”, manifestó Fabio Aristizábal, superintendente de Salud.

De acuerdo con el funcionario, este proyecto le permitirá a la entidad tener una actuación oportuna frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud en el país, elevando las multas que ahora pasan de un máximo de 2.500 salarios mínimos a 8.000 salarios mínimos para personas jurídicas y hasta de 2.000 salarios mínimos para personas naturales.

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Asimismo, el proyecto le da facultades a la Superintendencia para suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas, e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“Lo que logramos es que las personas que cometen estos delitos y no manejan bien los recursos de la salud, se aparten del sistema. Al concentrar las acciones judiciales de la Superintendencia en los casos que involucran realmente la calidad de la salud del usuario, descongestionamos el sistema y ganamos terreno en el mejoramiento de la calidad y la oportunidad de los servicios", indicó Aristizábal.

Otro de los alcances del proyecto de ley es la consolidación del juez de la Superintendencia como Juez Técnico de la salud, en donde la entidad de control podrá dedicarse más a los riesgos en salud que a los riesgos económicos, con la eliminación de competencias jurisdiccionales que no corresponden propiamente al objeto de la entidad.

En ese sentido, la nueva ley contempla que en 20 días se resolverán demandas sobre negación de cobertura del Plan de Beneficios en Salud, los conflictos de multiafiliación, de libre elección y movilidad, y prestaciones excluidas del plan. Mientras que en un término de 60 días se tendrán que resolver los reembolsos económicos y gastos médicos y en 120 días las devoluciones y glosas.

Finalmente, el proyecto fija los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de servicios, con el objetivo de que no se evadan las responsabilidades de las entidades prestadoras de salud, principalmente cuando se encuentran en medida especial.

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