Procuraduría pide intervenir sistemas masivos en Cali, Cartagena y Bucaramanga

Sobre el sistema MÍO de Cali, el procurador Ordóñez dice que los estándares de servicio están por debajo de los admisibles.

[[nid:529870;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2016/04/ep001114405.jpg;full;{Jorge Orozco | El País.}]]

La Procuraduría General de la Nación envió una carta al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, en la que alerta por las falencias que han presentado tres sistemas de transporte masivo en el país: Transcaribe en Cartagena, Metrolínea en Bucaramanga y el MÍO en Cali. La entidad señala que resulta necesaria la intervención del Gobierno Nacional debido al estado actual de los servicios, a fin que no se afecte la movilidad de los usuarios y evitar fallas en el financiamiento de los mismos. “Para los usuarios de los sistemas, los mismos presentan desgobierno desde la Nación, porque si bien hay seguimiento, la intervención frente a las necesidades de los sistemas en relación con el liderazgo frente a los asuntos, ha sido un tema relegado a los gobiernos territoriales con las dificultades que ello conduce”, indicó la Procuraduría. 

Sobre el MÍO en Cali, la entidad llamó la atención porque la calidad del servicio está muy por debajo de los estándares admisibles. "Metrocali dio por terminado de manera anticipada su contrato con Unimetro”, señaló la entidad, al advertir que esto hace inaplicable la “cláusula contractual prevista precisamente para aquellos casos en los que la calidad del servicio del concesionario de operación está tan debajo de los estándares admisibles, en forma sostenida y prolongada en el tiempo, lo cual hace imposible mantenerlo vinculado al sistema sin causarle un grave daño al servicio".  

Lea aquí: Metrocali dará seis meses a Unimetro para que cumpla con la operación del MÍO

Sobre Transcaribe, la Procuraduría consideró que se necesita la intervención del Gobierno y solicitó que se haga un seguimiento a los contratos adjudicados y a las problemáticas que se presentan en el cumplimiento de la financiación del sistema y la cantidad de quejas que interponen los usuarios. En cuanto a Metrolínea, el Ministerio Público señaló que tiene bastantes y serias dificultades en torno a la exigibilidad y seguimiento a los contratos de concesión suscritos para la prestación del servicio. Para la entidad, la infraestructura que demanda la implementación de este sistema se encuentra en estado indefinido, lo cual ha generado un laudo arbitral en contra que condenó al ente gestor al pago de cerca de 170 mil millones de pesos. “El panorama de mejora del servicio demanda la decidida colaboración del Ministerio de Transporte, apoyando en la adopción de las decisiones que mejor convengan al sistema, de manera que se logre superar, o a lo sumo, mitigar los efectos adversos de una presunta inercia inadecuada de implementación del sistema”, señaló la entidad.