Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a concejal de Chía

El Ministerio Público tomó la decisión sobre un caso anterior, en el que el concejal fue acusado de impedir la acción de la Policía durante un procedimiento por alcoholemia.

La Procuraduría General de la Nación le puso fin a la novela que protagonizó el polémico concejal de Chía Carlos Enrique Martínez Gallego, señalado de un bochornoso incidente con la Policía Metropolitana de Bogotá, cuando lo requirió para una prueba de alcoholemia. Apenas un día después de que el jefe del Ministerio Público, Alejando Ordóñez Maldonado, anunciara la apertura de una investigación preliminar contra el cabildante, por ingresar de forma abrupta a la Escuela Militar José María Córdova, la entidad resolvió en segunda instancia un proceso anterior que lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos. En esa oportunidad, Martínez Gallego se valió de su cargo para influir en integrantes de la Policía de Chía e impedir su accionar en desarrollo de un proceso de inmovilización vehicular, según dijo la Procuraduría. El Ministerio Público demostró que el entonces concejal de Chía tuvo un comportamiento irrespetuoso e injurioso en contra de los patrulleros que adelantaban el operativo. La investigación señala que Martínez Gallego conducía en la madrugada del 12 de mayo de 2012 una motocicleta, en la que llevaba como parrillera a una mujer, al parecer menor de edad, que no portaba casco ni chaleco reflectivo. Cuando fue detenido preventivamente por la autoridad policial y al ser informado de la infracción de tránsito cometida, se alteró y profirió amenazas a los agentes que realizaban dicho operativo, impidiendo su trabajo. En esa ocasión su conducta quedó registrada en un video que difundieron en su momento diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Por ello, la Procuraduría General consideró que el controvertido dirigente político incurrió en falta gravísima establecida en el artículo 48 del numeral 42 del Código Disciplinario Único: "influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero (…)".Frente a esta decisión de segunda instancia no procede ningún recurso. A ese proceso se le suma el preliminar que inició de oficio la Procuraduría General por el escándalo que protagonizó el pasado fin de semana el concejal, cuando quiso eludir un requerimiento policial para una prueba de alcoholemia. Paradójicamente, este miércoles se conoció un video promocional de su anterior campaña al Concejo de Chía, en la que habla de la “transparencia” que deben observar los servidores públicos: “Un servidor público, cuando intenta serlo, debe tener su hoja de vida limpia y clara y demostrársela al pueblo, de lo contrario está abusando de nuestro pueblo. Conozco una cantidad de candidatos con una hoja de vida de dudosa conducta, no digo que sean culpables porque no soy juez, pero su hoja de vida es de dudosa conducta y es responsabilidad de ellos demostrarnos a nosotros que no tienen ningún adeuda con la sociedad”, afirmaba de forma tajante Martínez Gallego en el video Con el del pasado fin de semana, son cinco los escándalos que ha protagonizado el polémico concejal de Chía: disparos a un escolta, porte de munición, insultar a agentes de tránsito, fuga de un retén y hasta la denuncia penal de su propio padre por robo Incluso, sus compañeros del Concejo de Chía, avergonzados por la situación de quien quiera el presidente de la Comisión de Ética, le pidieron este miércoles a la Procuraduría General que “agilice” el fallo de segunda instancia del primer proceso que lo destituyó e inhabilitó. Y así fue.