Procuraduría abre investigación formal contra Tomás González, ministro de Minas

La apertura de investigación se dio por supuestamente celebrar contratos con la empresa Connecta SAS, en la cuál su esposa es representante legal.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra el saliente ministro de Minas y Energía, Tomás González, por la supuesta celebración de contratos con la empresa Connecta SAS, en la cual su esposa Ángela Baena, es representante legal.

La investigación busca establecer si se violó el régimen de inhabilidades en la suscripción de varios contratos entre 2013 y 2015 con la empresa, que fue creada por su familia con un capital inicial de 10 millones de pesos.

Así, se busca establecer si se incurrió "en alguna conducta irregular que constituya falta disciplinaria por su posible injerencia, intervención, participación o cualquiera otra indebida influencia sobre la contratación o las actividades desarrolladas por Connecta SAS con algunas entidades del Estado".

El caso

En este caso, la Procuraduría ha establecido que dicha empresa, el 9 de junio de 2011 amplió su objeto social y se anexó la realización de encuestas de carácter político y electoral.

En octubre de 2010 Tomás González, siendo viceministro de Minas y Energía, vendió su participación 20 % a su concuñado Michael Greiffenstein, se señaló.

La Procuraduría manifestó que González fue viceministro de Minas entre el 18 de agosto de 2010 y 5 de marzo de 2013, fecha en la que pasó a ser empleado de Connecta SAS.

Siendo González empleado de dicha firma la Presidencia de la República celebró con el Fondo de Programas Especiales para La Paz millonarios contratos con Connecta SAS, por más de mil millones de pesos.

Se indicó que en 2014 y 2015, siendo ministro González, se celebraron otros contratos con el mismo objeto: “apoyar y asesorar a la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia en la elaboración, ejecución y análisis de las encuestas y sondeos con la finalidad de conocer las opiniones de los colombianos, de acuerdo a la solicitud previa”, por valores de $2600 millones y una adición por $3362 millones.

Luego, hubo otros contratos entre 2014 y 2015 entre Connecta SAS y el Ministerio de Educación por valor de $350 millones con el fin de brindar apoyo al ministerio en la evaluación de la percepción sobre la implementación de la jornada única escolar en los establecimientos educativos.

Pruebas solicitadas

La Procuraduría procederá a hacer recolección de pruebas a fin de determinar si el funcionario intervino o participó de alguna manera en la contratación de la empresa Connecta SAS con entidades del Estado, para temas de consultoría.

Entre los testimonios solicitados está el de la representante legal de Connecta SAS, el viceministro de Educación, William Libardo Mendieta Montealegre, y secretario general de esa cartera, así como de funcionarios de entidades de la Presidencia de la República.

Entre las pruebas está igualmente la copia de los contratos celebrados por Connecta SAS con entidades públicas desde 2009.