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Procurador pide aclarar condiciones de prórroga de Cerro Matoso

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, cuestionó de la mina de Cerromatoso por 15 años, indicando que solo podía concederse al vencimiento del término, es decir, en el año 2029.

1 de febrero de 2013 Por: Elpais.com.co | Colprensa

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, cuestionó de la mina de Cerromatoso por 15 años, indicando que solo podía concederse al vencimiento del término, es decir, en el año 2029.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó a la Agencia Nacional de Minería, ANM, un estudio detallado que sustente el otorgamiento de una prórroga adicional por 15 años, que va desde el 2029 hasta el 2044 a la empresa Cerromatoso S.A, para la explotación de níquel y ferro níquel en la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica: Cerro Matoso, ubicada en el municipio de Montelíbano, Córdoba. En ese sentido Ordóñez requirió que se explique por qué se extendió el contrato faltando aún 17 años para que venciera el plazo inicialmente pactado hasta el 2029. Asimismo, se requirió a la ANM para que adopte las medidas necesarias con el fin de proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, patrimonio público, libre competencia económica, el goce de un ambiente sano y manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. /STRONG>“Dichos requerimientos surgen en relación con la suscripción del otrosí que modifica y actualiza el contrato suscrito entre Minerales de Colombia S.A. (Mineralco) y la compañía Cerromatoso en el que, entre otras estipulaciones, se pactó la prórroga de este contrato por 15 años, es decir, hasta el 2044”, indica el órgano de control. De acuerdo con el Procurador, el contrato 051-96 estipula que dicha prórroga podía concederse al vencimiento del término, es decir, en el año 2029, una vez se verificara que el contratista hubiese dado cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato. “Al parecer se concedió dicha prórroga sin haber efectuado el balance final de los contratos 866-63 y 1727-71, cuya liquidación permitiría valorar los costos sociales, ambientales y económicos respecto a las ventajas del modelo de negocio para la región, el departamento de Córdoba y el país”, agrega. Y es que según el jefe del Ministerio Público a la fecha se desconocen los soportes mediante los cuales se estructuró el proceso de negociación, “a pesar de que en reiteradas oportunidades fueron solicitados con el fin de adelantar el acompañamiento preventivo que le compete como órgano de control, considerando los mismos como esenciales para velar por el principio de transparencia y publicidad que debía rodear este proceso de interés nacional”.

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