Por tragedia de Mocoa, imputarán cargos a su alcalde y a gobernadora de Putumayo

La Fiscalía le imputará cargos por homicidio y prevaricato a varios funcionarios del Putumayo por la avalancha ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril de este año en Mocoa, que dejó 321 muertos y 100 desaparecidos, informó este miércoles el ente judicial.

La acción, que se llevará a cabo este jueves, cobija a la gobernadora de Putumayo, Soy Sorrel Aroca Rodríguez, por el delito de homicidio culposo en posición de garante.

También serán notificados el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y el exmandatario local Elver Porfidio Cerón Chincuque (2012-2015) por los delitos de homicidio culposo en posición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

A finales de marzo, Mocoa fue afectada por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos, que pasan por la ciudad y que arrasaron varios barrios como consecuencia de un fuerte aguacero.

Lea también: '"En el Valle podemos tener una tragedia como las de Mocoa o Corinto"'.

"Los funcionarios serían responsables de homicidio culposo, entre otras conductas, por desatender la posición de garante que los obligaba a actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo, que posteriormente fueron anegadas por una gigantesca avalancha", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Según la entidad, las acciones adelantadas días después de la avalancha de lodo, piedra y escombros permitieron identificar la existencia oportuna de varias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y habrían sido desacatados por las autoridades.

"Los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias", precisó la Fiscalía.

Para el organismo, los funcionarios desatendieron la posición de garantes que, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico.

De acuerdo con el ente oficial, "en su condición de funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas, más aún cuando era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud".