¿Por qué quedó en libertad el excontralor de Antioquia señalado de corrupción?

El juez 42 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín dejó en libertad este miércoles a los señalados por una presunta red de corrupción en la Contraloría de Antioquia, entre ellos, al excontralor Sergio Zuluaga Peña, durante la resolución de la audiencia de medida de aseguramiento.

El representante de la judicatura desvirtuó el sustento probatorio y la argumentación de la Fiscalía. Criticó que el ente acusador no justificó las razones en las que basaba la autoría y coautoría de los delitos imputados.

“Por los argumentos expuestos el juzgado no accederá a la imposición de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación puesto que no se cumplen los requisitos legales y constitucionales exigidos”, dijo el juez.

Y añadió: “no se ha acreditado, en grado de inferencia razonables, la existencia de las conductas punibles atribuidas. Tampoco existe necesidad de la restricción de la libertad, por lo que los imputados podrán afrontar el juicio en libertad”.

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Zuluaga Peña había sido imputado de concierto para delinquir en asocio con su subcontralor, Rubén Darío Naranjo y los contralores auxiliares Dioner Andrés Ortiz Ossa, José Hernando Duque Arango y Gabriel Jaime Castaño Aristizábal.

La lista de capturados por este caso, además de los funcionarios de la Contraloría, incluyó a los alcaldes de Jardín, William Enrique Rendón Agudelo; San Carlos, Luz Marina Marín Daza, y La Pintada, César Augusto Zapata Pérez.

También a Héctor Darío Cano Arango, gerente del hospital de Copacabana y Jhonny Andrés Jaramillo Marín, asesor jurídico del municipio de Briceño.

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Zuluaga Peña se presentó de manera voluntaria ante las autoridades el pasado miércoles 21 de agosto, en virtud de la orden de captura que pesaba en su contra por esta operación contra la corrupción que la Fiscalía General adelantó en el departamento.

Luego, seis días después, fue imputado por los delitos de cohecho, concierto para delinquir y prevaricato. La investigación de la Fiscalía indica que entre 2017 y 2018, algunos servidores de la Contraloría habrían recibido dinero o contratos a cambio de no denunciar irregularidades (hallazgos fiscales) que encontraron en varias auditorías.

El contralor había regresado a su cargo el pasado 5 de junio, luego de una suspensión de 10 meses que le había impuesto la Procuraduría al comprobar que el funcionario mintió en la hoja de vida cuando se postuló para ocupar el cargo.

El saliente contralor aseguró en su momento que había obtenido el grado de doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, en octubre de 2012, pero “según certificación expedida por la coordinadora para los Programas de Doctorado con Iberoamérica el grado no aparece acreditado”.