¿Por qué no se logra frenar las amenazas contra los líderes sociales?

Escuchar este artículo

¿Por qué no se logra frenar las amenazas contra los líderes sociales?

Mayo 12, 2019 - 08:00 a.m. Por:
Jessica Villamil Muñoz / Reportera de El País 
Imágenes: víctimas fueron homenajeadas en Cali y el resto del país

Imagen de referencia / Líderes sociales amenazados 

Giancarlo Manzano / El País

La amenaza de muerte ha llegado por mensajes de texto, a su correo electrónico, de la boca de algún conocido, en hojas de papel, en volantes con su rostro impreso y el nombre seguido de una suma de dinero, como si se tratara de un bandido. La advertencia también rodó en forma de granada que no detonó, el día que enterraba a su primo hermano.

Héctor Marino Carabalí conoce todas las formas de intimidación, casi desde el momento en el que empezó a defender a su comunidad en Buenos Aires, Cauca. Incluso —dice— ya se acostumbró, pero su familia, sus amigos, sus vecinos, no:

“¿Por qué me amenazan? Por la defensa territorial, por ir contra la minería, por la defensa del agua que desde hace muchos años hemos hecho porque quieren represar el río Timba con el proyecto Aguas del Sur. Por defender la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito, por denunciar la presencia de actores ilegales, los atropellos de los actores armados legales. Pero mi situación se complica después de que viajé a La Habana para exigir la reivindicación de los derechos sociales, políticos y culturales de las comunidades afro dentro del Acuerdo de Paz”.

Lea también: ONU alerta por aumento de asesinatos de líderes sociales en Colombia

Héctor Mario sabe que no es necesario crear una comisión para descubrir quiénes lo persiguen. Y arranca con una enumeración.

Pero el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, sí ha estudiado la situación y en su último informe del 30 de abril precisa que los presuntos autores materiales de los asesinatos de líderes sociales fueron principalmente “miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a exmiembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares, miembros de la Fuerza Pública (Ejército y Policía), grupos armados ilegales (disidencias de las Farc, ELN y EPL) y grupos armados residuales”.

Pero esos no son los únicos verdugos. Arie Aragón, amigo de Héctor Mario, alcalde de Villarrica dos veces, integrante de Afrocauca, lleva los últimos 20 años viviendo bajo amenaza.

Dice que todo líder que defiende a sus comunidades se convierte en objetivo y que él, por ejemplo, es el blanco de las grandes multinacionales que quieren hurgar las entrañas del norte del Cauca para extraer oro. Vuelve a lo mismo, el ‘mandado’, según cuenta, en este caso, lo hacen paramilitares.

No tiene esquema de protección y no lo tuvo cuando dirigió los destinos de su municipio porque “hicieron unos estudios y dijeron que no había riesgo. Para ellos el único riesgo que uno tiene es cuando hay sangre”.

Entonces, toman decisiones individuales. Dicen que van a una cita el miércoles, pero llegan el martes o el jueves, van por una vía y regresan por otra. Llaman cada quince minutos para informar dónde están. O salen del campo, como hizo Héctor Mario, que lleva nueve meses dirigiendo los procesos de su comunidad yendo de un lado a otro porque la persecución y las amenazas son permanentes.

Héctor Mario era primo hermano de Ives Trujillo, exfiscal del Consejo Comunitario Cuenca Río Timba Mari López, exdirectivo de la empresa comunitaria Brisas del río Aguablanca, exintegrante activo de Conafro y exvocero de Marcha Patriótica en el Cauca.

Ives, el primo hermano, el amigo, el confidente, fue secuestrado en julio de 2018, dicen que por las disidencias de las Farc. Días después su cuerpo fue encontrado con señales de tortura y en alto estado de descomposición.

El mensaje que llegó con la muerte de Ives fue que a Héctor Mario le iba a pasar lo mismo. “Lo mismo” ya le había pasado a Alirio, a Fares, a José Fernando, a Nicomedes y a otros 53 líderes sociales asesinados en 2018 solo en el departamento del Cauca.

Indepaz asegura que en total, en ese año, fueron 282 vidas perdidas por defender a sindicatos, por representar asociaciones de víctimas o comunales, o campesinas, o afrodescendientes, o cívicas o que rechazaban la minería ilegal o a gran escala.

Por las mismas razones, este año, en sus primeros cuatro meses, desaparecieron a Gilberto, a Rocío, a Wílmer, a Lucero, a Leonardo, a María Nelly... Hasta el 28 de abril, eran 58 nombres de hombres y mujeres alargando la lista de asesinatos en el territorio nacional.

La semana que concluye, por ejemplo, mataron en un mismo día —el miércoles— a Wilson Pérez, líder social y candidato al Concejo de Morales (Bolívar); a Milton Hernández, a Carlos Obando y a su hijo Daniel, todos integrantes del Consejo Menor de la Cuenca del río Iscuandé, en ese municipio de Nariño.

Cinco días atrás, Francia Márquez, la premio nobel ambiental, icono de la defensa del territorio ancestral en el país, recibió un ataque mientras adelantaba una reunión con otros líderes en Lomitas, Santander de Quilichao (Cauca).

“Fue una sorpresa. No era solo yo, había más escoltas. De un momento a otro entran los tipos, tiran las granadas y empiezan a disparar. La explosión de una de las granadas me clavó una esquirla en la glándula parótida. Vengo de la Policía, he tenido muchas experiencias... Ellos dicen que entreguemos las armas que son de las Farc y dije: ‘Que se vengan a ver cómo es que es’. Se repele el ataque protegiendo a las personas que están a nuestro cuido”. No hubo muertos.

Las palabras son de Gildardo Ramírez, el escolta de la Unidad Nacional de Protección asignado a Francia. Su testimonio se lo dio a un periodista del Cauca.

Francia le agradece la entrega, informa que él ahora está bien y que pudieron salir de esa vereda. Pero la comunidad sigue allí, encerrada, temerosa, porque las amenazas no han cesado.

Francia contó, en una entrevista radial, que la solidaridad reconforta y que el Gobierno Nacional al día siguiente del ataque convocó a un consejo de seguridad. Que incluso a ella y a los otros líderes los invitaron a la Casa de Nariño para ver qué ruta seguir, pero ella es obstinada y sostiene que no irá a ninguna parte: “No es justo ir a tomarnos la foto con el Presidente cuando los territorios están en riesgo y los derechos de la gente siguen vulnerados. No es justo con el pueblo y la comunidad que yo vaya a un almuerzo a la Casa de Nariño mientras ellos no tienen qué comer”.

Explica que perdió dos años de su vida, entre 2014 y 2016, sentada en una mesa creando unas rutas de protección, firmando todos los días actas y el Gobierno no cumplió ni un solo acuerdo de los que quedaron en el papel. Según ella, con lo único que se avanzó fue con lo que le correspondía a la Defensoría Nacional del Pueblo.

Héctor Mario precisa que se dejaron “miles” de hojas de ruta y que, en su mayoría, todas llevaban a la creación de figuras burocráticas porque de la seguridad no había nada. Cuenta que en el papel hay una Fiscalía especializada para hacerle seguimiento a las amenazas, a los asesinatos, a los presuntos delincuentes. Se inició con el Gobierno Santos y hasta ahora no hay resultados.

En ello hace énfasis Ariel Ávila, codirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien asegura que este año es electoral y la situación tiende a empeorar. Es decir, no solo la victimización seguirá sino, sobre todo, podrá aumentar en los meses que vienen, por tres razones. “1. se celebrarán elecciones locales. 2. La justicia transicional avanzará en su búsqueda por la verdad y la restitución de la tierra. 3.  La guerra por las zonas que las Farc ocupaban continuará”.

Agrega que todo lo que ha intentado hacer el Estado colombiano en esta materia ha fracasado, aunque reconoce que ha habido iniciativas positivas como el cuerpo élite en la Policía Nacional o los pilotos de protección comunitaria. Sin embargo, “en el territorio el impacto es casi que nulo”.

Pero el presidente Iván Duque, a diferencia de otras oportunidades, tan pronto ocurrió el ataque reaccionó. Desde una tarima en Bogotá dijo que no se puede permitir que en el país se siga amenazando la libre expresión de los líderes sociales y la de cualquier ciudadano. “Acá seguimos firmes en ejercer la seguridad como valor democrático y no vamos a permitir que ningún grupo de esta naturaleza siga amenazando a nuestra sociedad”.

Entonces, Francia reclama porque el Jefe de Estado habla con propiedad, pero lejos de la realidad: “¿Si él, que es el Presidente, que tiene todas las condiciones para que le presten seguridad, con todas las instituciones a su servicio, manda a decir que no va al territorio porque no hay condiciones de seguridad, qué se puede esperar del resto de las autoridades?”.

El paradero de Héctor Mario hoy es desconocido para muchos de sus amigos y conocidos. Pero desde un teléfono sigue aconsejando, sigue liderando. Dice que no se puede dar el lujo de dejar los procesos abandonados, no importa que cada día llegue una amenaza distinta.

“Uno está acostumbrado a exigir un derecho para una comunidad y al otro día recibir las amenazas, pero para la familia y para la comunidad es un tema complejo porque los líderes no nacemos como arroz. Matar un líder es acallar la voz de un pueblo, es desbaratar el tejido social, eso genera miedo. Con amenazas son muy pocos los que van a asumir tareas como estas, donde no hay ningún tipo de garantías”.

¿Impunidad?

‘La naranja mecánica’, informe de la organización Somos Defensores, que investiga la situación de los líderes sociales, asegura que “la Fiscalía General de la Nación optó hacer referencia a un “esclarecimiento histórico” en las investigaciones, a partir de una distorsión del concepto de esclarecimiento con el que nombra como tal los avances de los casos”.

En enero pasado la Fiscalía dijo que de 250 casos prioriza- dos, el 54, 8 % fueron esclarecidos, pero en realidad solo hubo 22 condenas, es decir, el 8,8 %”.

La Comisión de Paz del Senado, Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad estuvieron el viernes y el sábado en Santander de Quilichao, donde hubo el último atentado.

Homicidios de líderes sociales por departamento
Sobre el estudio

Indepaz, en su informe, indica que, pese a la implementación del Plan Horus (Victoria Plus) y Comunidades Seguras y en Paz, el Sistema Nacional de Reacción Inmediata para el Avance de la Estabilización, la clasificación de las regiones por niveles de complejidad alto, medio y bajo, el cuerpo élite especializado de la Policía y las Unidades Básicas de Carabineros, en la mayoría de los casos de asesinatos la presunción de responsabilidad recae en grupos paramilitares o permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual.

Agrega que se identifican tres tipos de grupos ‘narcoparamilitares’, definidos por su origen y su capacidad de acción: “Los primeros surgen tras la desmovilización de las AUC y cuentan con una injerencia a nivel nacional o en múltiples regiones; los segundos, del mismo origen, tienen capacidad regional y municipal; y las últimas surgen como grupos de apoyo con funciones logísticas o de crimen a escalas locales, actividades que permiten el aumento de su poder, incluso para disputar el control territorial y desplazar a su contratante”.

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad