Piden declarar al Galéon San José Patrimonio Cultural para evitar compartir su tesoro

La Sala Plena del Consejo de Estado se apresta a estudiar una ponencia que señala que el Galeón San José es Patrimonio Cultural Sumergido y, por tanto, pertenece a la Nación.

La ponencia pide tumbar la resolución 354 de la Dimar (Dirección Marítima, máxima Autoridad Marítima Nacional) del 3 de junio de 1982, que le dio el carácter de denunciante del Galeón San José a la empresa Compañía Glocca Morra, lo que le dio derechos de exploración y de propiedad sobre los hallazgos del Galeón.

La ponencia la presentó el magistrado de la Sección Segunda, William Hernández, quien tiene a su cargo el estudio de una acción popular que cursa desde el año 2002 y que podría definir el futuro del Galeón San José que fue hallado en diciembre de 2015 en aguas de Cartagena.

La acción judicial fue radicada por el director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la Universidad Nacional, Antonio José Rengifo, quien alega que la justicia de Colombia debe determinar, con base en estándares del Derecho colombiano e Internacional, "cuál es la validez de esos derechos que le otorgaron a la Sea Search la condición de denunciante del Galeón San José, y con base en la cual esa compañía se ha sentido facultada y legitimada para demandar al Estado colombiano para que se le reconozca el 50 % de la carga del Galeón".

La ponencia señala que el Galeón no es un “tesoro”, sino Patrimonio Cultural Sumergido que prima, aunque en el naufragio se hallen monedas, lingotes de oro o plata o piedras preciosas en bruto.

El documento dice que dicho patrimonio hace parte del patrimonio arqueológico y es propiedad de la Nación, incluso si se trata de elementos que proceden de la época de la Colonia, por lo que la resolución pone en riesgo los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, así como la Ley 163 de 1959.

La ponencia, que deberá ser aprobada o rechazada en Sala Plena, estima que la resolución no produce efectos directos e inmediatos frente a la Sociedad Sea Search Armada, cesionaria de Glocca Morra, pues está supeditada al Decreto 2349 de 1971 que impuso el deber de indicar las coordenadas exactas donde se ubique lo encontrado.

El elemento clave de la ponencia es que si bien la Glocca Morra Company entregó a la Dimar un punto exacto en donde estaría el naufragio principal, a la fecha en dichas coordenadas no se ha producido la recuperación del descubrimiento, por lo que la condición que impuso el Decreto no se ha cumplido y, en consecuencia, la resolución está suspendida.

El proyecto de fallo señala que aunque la Dimar podía otorgar la calidad de denunciante a la empresa, no podía extender las consecuencias sobre lo que se hallare en el naufragio, puesto que el “tesoro” fue excluido por la Ley 163 de 1959 de la regulación de las especies náufragas que tengan la calidad de patrimonio arqueológico o cultural.

La ponencia estima finalmente que, aunque se trate de una resolución de 1982, la amenaza a los derechos sigue vigente y la actuación de la Dimar puede calificarse como un abuso o desviación de poder.

El San José, hundido de un cañonazo por piratas ingleses, era un barco insignia de la Armada española del siglo XVIII, que llevaba en su bodega varias toneladas de doblones, barras de oro y de plata, así como toneladas de joyas y piedras preciosas.