Opinión: por una política de víctimas más eficiente y reparadora

Opinión: por una política de víctimas más eficiente y reparadora

Abril 05, 2019 - 11:30 p.m. Por:
Susana Correa, directora del Departamento Nacional de Prosperidad
Opinión: por una política de víctimas más eficiente y reparadora

Este año se ha presentado fenómeno del desplazamiento interno en el Sur de Córdoba, según la Defensoría del Pueblo.

Especial para El País

Persisten brechas sociales en perjuicio de buena parte de los colombianos que han sufrido lo peor de nuestra historia de violencia. Esa certeza nos obliga a asumir la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas de manera crítica, especialmente desde el estado que tiene la responsabilidad de responderles y repararles.

El proceso de reparación ha sido más eficiente en sus dimensiones simbólicas —también importantes— que en lo material. No ha incidido como debería en restituir los derechos económicos y sociales y en lograr que más de 8,3 millones de víctimas registradas superen distintas dimensiones de vulnerabilidad y pobreza. Cerca de 88 % de ellas sufrieron desplazamiento forzado: son alrededor de 7,5 millones de colombianos desarraigados, arrojados a la pobreza (69 % de los desplazados) y la pobreza extrema (31 %) en cascos urbanos, lejos de los territorios donde habían planeado sus vidas.

Susana Correa, directora del Departamento Nacional de Prosperidad.

Susana Correa, directora del Departamento Nacional de Prosperidad.

Especial para El País

En las zonas más afectadas por la violencia armada, los 170 municipios agrupados en las 16 subregiones donde deben aplicarse los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los indicadores de pobreza se muestran mucho más críticos que en el promedio nacional.

La incidencia de la pobreza multidimensional es 23 puntos porcentuales superior a la nacional (40,4 % frente a 17 %) y la pobreza extrema es 22 puntos porcentuales mayor. Como en todo el país, las condiciones se agravan a medida que se adentra en el sector rural. Es decir, que las condiciones son tan duras para quienes se fueron como para quienes se quedaron.

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Este es un panorama vergonzante, una herida abierta pese a ocho años de conmemoraciones y después de décadas de violencia. Ad portas de que se cumpla la vigencia de la Ley de Víctimas (en 2021), apenas el 12 % de las víctimas con derecho a indemnización ha sido reparada. La reparación colectiva, además, no tuvo hasta aquí la robustez técnica y la viabilidad financiera debida. Este es un diagnóstico consignado como objeto de intervención y transformación en el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.

Esta deuda persiste pese a que la centralidad de los derechos de las víctimas en la construcción de paz y la justicia social es una de las premisas desde las que estamos dispuestos todos a alcanzar acuerdos sociales y políticos, al margen de posturas partidistas e ideológicas. Quienes podemos hablar en primera persona del sufrimiento que produce ser víctima, estamos convencidos de que ese dolor no puede ser una herramienta política: las víctimas no son materia de propaganda, sino el sujeto central de reivindicación en las políticas sociales.

Es evidente que en materia de víctimas, Colombia necesita una transformación. Por eso desde Prosperidad Social, cabeza del sector de la Inclusión Social, que lidera las estrategias para la superación de la pobreza y la pobreza extrema, hemos comenzado a armonizar la política social con la política de víctimas, con el fin de dar una respuesta más eficiente y consecuente con la oferta social del Estado.

Familias en Acción, por ejemplo, uno de los programas con más participantes, vincula a 813.000 hogares desplazados. Estos equivalen a 34 % de los 2,4 millones de familias participantes (hasta diciembre de 2018). Es un programa en constante evaluación y ajuste para el cierre de brechas con las víctimas y con el “país rural”.

Con Jóvenes en Acción apoyamos a 22.740 jóvenes víctimas de desplazamiento, un 13 % de los 173.000 estudiantes, que estaban vinculados a corte del año anterior.

Dentro de los hogares víctimas vinculados a nuestros programas, más de 77.785 han hecho parte de Familias en Su Tierra (FEST) en 147 municipios. Este, si bien no es el único programa de desarrollo rural que implementamos, es uno de los grandes ejemplos de acompañamiento a hogares retornados o reubicados. Fortalece la integración social y las capacidades de los participantes en temas relacionados con seguridad alimentaria, mejoramiento de condiciones de habitabilidad e implementación o fortalecimiento de proyectos productivos.

Es, en resumen, una de las más eficientes experiencias de intervención rural integral para víctimas. En su sexto ciclo de intervención, que se implementa este año (2019), apoyará a 10.920 familias de las zonas que fueron más afectadas por la violencia.

En otra de nuestras líneas de inclusión productiva tenemos el programa ‘Mi negocio’, que logró la vinculación de 12.967 emprendedores, de los cuales 8536 son víctimas de desplazamiento forzado. En la actualidad, se están gestionando los respectivos planes de negocio de dichos participantes que van desde confección, restaurantes y artesanías que aportan al sector de la economía naranja.

Estas experiencias de las que podemos dar cuenta bien sirven de ejemplo de esa armonización necesaria entre la política de víctimas y la política social, lo que no se contradice con las necesidades de agilizar los procesos de reparación material individual y colectiva, también contemplados por este gobierno.

Esa gran deuda que el país tiene con quienes más han sufrido la guerra requiere que la presencia del Estado sea más consecuente con el gran despliegue mediático y simbólico que hasta aquí ha tenido lugar.

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