Nuevo 'choque' entre el Gobierno y la JEP por audiencia en la Cidh

Nuevo 'choque' entre el Gobierno y la JEP por audiencia en la Cidh

Mayo 06, 2019 - 09:07 p.m. Por:
Colprensa
Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia

Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia

Colprensa

Otro choque entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se presentó este fin de semana, tras conocerse una carta que el canciller Carlos Holmes Trujillo envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando la cancelación de la audiencia pública programada para el próximo 9 de mayo, en el marco de las sesiones ordinarias de ese organismo internacional en Jamaica.

El principal argumento presentado por Trujillo es que la JEP es una institución del Estado colombiano con funciones transitorias, que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo autorización del presidente de la República, Iván Duque Márquez, sobre quien recae la responsabilidad de dirigir las relaciones exteriores.

Sin embargo, la presidente de la JEP, magistrada Patricia Linares, señaló que el propósito de la solicitud de audiencia “se enmarca en lo dispuesto en los artículos 61, 62 y 66 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prevén la posibilidad de solicitar este tipo de audiencias para brindar información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos”.

Linares puso de ejemplo la comparecencia ante la CIDH del Tribunal Constitucional de Perú, en 2017; la del Instituto de la Judicatura de Guatemala, en el mismo año; la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en 2014; y la de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Argentina), en 2015.

No obstante, para el analista político Josías Fiesco, la petición del Gobierno no es un capricho, porque tal y como lo aseguró Trujillo, la JEP hace parte de la institucionalidad del Estado. El experto agrega que le habría salido mejor a esa jurisdicción hacer una consulta sobre la intención de presentarse a dicha audiencia pública con el Ministerio de Relaciones Exteriores u otra instancia para que le pudieran brindar apoyo, como lo hacen los demás países.

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Fiesco sostiene que con este ‘choque’ entre el Gobierno y la JEP, ante la CIDH queda claro que no hay unidad entre ambas, pero añade que esta jurisdicción ha tenido este tipo de comportamientos tanto a nivel nacional como internacional.

No obstante, la presidente de la JEP señaló que la intención de dicha audiencia no es exponer asuntos “domésticos ante una instancia internacional”, debido a que reconocen que la rectoría de las relaciones internacionales está en cabeza del presidente de la República.

“Estamos frente a un choque institucional muy fuerte que se enmarca dentro de la polarización misma del país. El Estado, por un lado, con el respaldo ciudadano de que quienes ganaron el plebiscito, y la JEP, insistiendo a nivel internacional en pretender desconocer ese mensaje”, agrega el analista.

En relación a la paz, el Canciller advierte en su carta que el Gobierno continuará honrando sus compromisos y mantendrá su apoyo a la JEP y a las instancias e instrumentos creados mediante la implementación normativa del acuerdo suscrito con la antigua guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016.

El analista político John Mario González sostiene, por su parte, que el Gobierno intenta evitar, con unos argumentos débiles, que la JEP asista a la audiencia de la CIDH, cuando esta es una jurisdicción autónoma. Dice que poner de ejemplo, como lo hizo el canciller, el hecho de que un ministro de Educación no puede actuar sin autorización del presidente en un organismo internacional es completamente distinto a la situación a la que se hace referencia.

“El Gobierno quiere evitarse un daño en la reputación y digamos que la JEP lo que busca es generar  presión internacional sobre los movimientos obstruccionistas del Gobierno en contra de ella, eso es muy claro”, añade González.

El experto asegura que el proceder de la JEP es completamente legítimo, porque el Gobierno no tiene mecanismos para evitarlo. Dice que es hora de que se empiece a respetar la autonomía de esta jurisdicción, porque de lo contrario seguirá intentando buscar ayuda ante organismos internacionales.

Ante este tema, Linares indica que la solicitud de audiencia solo tiene el propósito de contribuir con información de carácter general sobre los avances, retos y desafíos que presenta la JEP, después de un año de funcionamiento, con énfasis en la protección efectiva a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno que ha sufrido Colombia.

No obstante, el canciller aseguró que la CIDH convocó a Colombia a siete reuniones de trabajo y tres audiencias públicas para examinar diferentes situaciones sobre derechos humanos en el país, a las cuales se enviará una delegación de alto nivel para cumplir con los compromisos.

Así mismo, Trujillo aseguró que la comunicación que remitió a la JEP no hace parte de una persecución, como se ha mencionado por varios sectores políticos, sino para que no se genere un desorden institucional ante los organismos internacionales, y señaló que, por el contrario, es un debate que debe darse con tranquilidad. Negó choque de trenes.
El Gobierno y la JEP han tenido varios desacuerdos, en especial en temas relacionados con la extradición y juzgamiento de los exmiembros de las FARC.

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