Ministro de Minas dice que no están en contra de la minería artesanal

Federico Renjifo dice que en los paros se han infiltrado personas ajenas a esa actividad. Admite que el impacto ambiental en el río Dagua ha sido violento. Isagén sí está madura para ser vendida, señala.

Los paros en el sector minero, especialmente en el sector carbonífero, tanto en los primeros meses del año como los de los últimos días, le han ocasionado millonarias pérdidas a la economía. Aunque en esas protestas se ha detectado la infiltración de personas ajenas a esa actividad, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, recalca que el Gobierno no está en contra de la minería artesanal, ya que su objetivo es seguir trabajando en su formalización. Frente a lo que sucede con los buscadores de oro en el río Dagua, señala que “el daño ambiental ha sido violento”, e instó a las autoridades a reforzar la protección de la zona.Ministro, a usted le tocó el primer paro minero de este Gobierno. ¿Qué explica ese descontento, y por qué los mineros artesanales dicen que ahora les exigen más y los confunden con los ilegales?Hay que distinguir entre quién es un minero artesanal e informal. Y quiero decir que a aquellos mineros que han realizado esa tarea durante mucho tiempo, y que han buscado formalizarse, les hemos exigido requisitos inclusive menores respecto a los del pasado para que puedan terminar de cumplirlos. Estamos dispuestos para que ese minero, que es de la gravilla o del oro, y que no tiene una actividad empresarial, se formalice. ¿Quiénes están detrás de esas protestas, algunas de ellas violentas?En el paro se han infiltrado unas actividades que van más allá de la actividad minera pura. Hay muchos intereses, que nosotros no podemos distinguir, porque no creo que un minero tradicional sea el que haya colocado granadas o disparado como en el caso de El Bagre (Antioquia), o se estén contratando supuestamente personas desocupadas para saquear el comercio, como ocurrió en Caucasia. De modo, que no estamos contra los mineros artesanales, sino que ello obedece a otros intereses, y por eso el Estado no puede renunciar a perseguir el delito. Esos mineros tradicionales son los queremos proteger frente a los ilegales y le hemos dicho a la Policía que aplique unos protocolos para que no haya lugar a confusiones. ¿Eso significa que fuerzas oscuras se han infiltrado entre los mineros artesanales e informales?Allí hay unos intereses que son muy difíciles de entender. Tengo información de que han pagado gente para que queme vehículos y tapone carreteras, aunque afortunadamente en los casos del Valle y Chocó se lograron acuerdos. Por ejemplo, con los afrocolombianos y los consejos comunitarios del Chocó queremos avanzar para que tengan un trato diferencial y un desarrollo organizado. En el caso de la vía a Buenaventura hubo unos bloqueos hechos por personas que venían de otras partes, y muchas de ellas ya están judicializadas por cometer atropellos. Esos personajes no representan a los mineros artesanales ni a los informales. Le hemos pedido a los organizadores de esos paros, que la manera de distinguirlos es que rechacen las vías de hecho para trabajar en la definición de sus condiciones para que pasen a convertirse en formales. ¿Por qué ha sido tan complicado atacar la minería ilegal, la cual está en medio país, y detrás de la cual para nadie es un secreto, hay grupos armados?Ese tema es de medidas de Policía y nada tiene que ver con la minería como actividad económica. Las autoridades están allí para perseguir la criminalidad que esté bajo esa, o cualquier otra modalidad.¿Entonces, por qué en el río Dagua siguen los buscadores de oro —incluso con retroexcavadoras— amenazando con derrumbar la carretera a Buenaventura en la zona de Zaragoza?Nos parece muy preocupante el impacto contra el medio ambiente en esa zona. En el caso del río Dagua el impacto medio ambiental es violento. Allí hay muchos intereses de mineros que no tienen títulos ni licencias para la explotación. Ojalá logren tener una actividad organizada. Las autoridades locales deben proteger esa carretera y esos activos que son de todos los colombianos e impedir que avancen las vías de hecho. ¿Eso significa que las autoridades del Puerto fallaron y le han tirado la pelota al Gobierno Nacional?No lo sé. A mi me corresponde trabajar con la minería legal y formalizar a los mineros que no lo están, y trabajar también en otorgar concesiones, y de paso organizar las áreas susceptibles de explotación. Por eso, insisto, no estoy en el detalle de lo que se está haciendo allí, entiendo que ha habido procedimientos y espero que las autoridades los sigan cumpliendo.¿Es partidario de seguir destruyendo sus maquinarias, ya que hay quienes opinan que esos equipos deberían incautarse, pero para construir carreteras?Esas maquinarias (en especial retroexcavadoras) se han encontrado en sitios muy difíciles para sacarlas, y es hasta incomprensible cómo llegaron allá. Y cuando se investiga, no existe ningún antecedente o propietario, y no hay nadie allí. El procedimiento de incautarlas es legal y se aplica en otros países cuando el desorden ha llegado a ese punto. Además, es un tema más policivo que del Ministerio de Minas.¿Por qué gremios como la Cámara de la Minería de la Andi han hecho reparos a las nuevas disposiciones –como la Resolución 0705 del 2013— al señalar que es una amenaza para las empresas y los inversionistas?Es una señal importantísima que hemos dado junto al Ministerio del Medio Ambiente. En Colombia hay sitios donde jamás podrá haber minería, como por ejemplo, en los páramos, los humedales y los parques naturales. Por definición legal en dichos lugares no podrán otorgarse títulos mineros. Con el Ministerio del Medio Ambiente y por principio de precaución hemos congelado áreas con delimitaciones que abarcan cerca de 10 millones de hectáreas. Por eso digo que es una buena señal para darle garantías a los mineros, y a las empresas con sus títulos.¿A qué obedece la lluvia de solicitudes, cuando la Agencia Nacional de Minería abrió el radicador web para obtener permisos mineros, si no hay espacio para tanta gente?Nosotros recibimos 19.000 solicitudes y paramos la ventanilla hace dos años, y luego de las revisiones del caso, el 88 % de las mismas están en trámite de recursos, mientras más del 90 % han sido rechazadas. Tras el montaje de un procedimiento sistematizado ingresaron 2.300 peticiones, que es una cifra muy inferior a lo que teníamos antes. En el futuro las nuevas zonas de explotación minera tendrán unas condiciones especiales para quienes tengan interés en las áreas estratégicas que hemos reservado y que son 22 millones de hectáreas. Es un proceso organizado, incluyendo la fiscalización de 1.300 títulos vigentes.Si es así, ¿por qué de 14.000 unidades de minería, la mayoría aún son ilegales y no respetan el medio ambiente?Lo real es que existen 9.300 títulos vigentes en Colombia y la mitad de ellos tienen que ver con explotaciones de materiales como gravilla, entre otros. Los títulos de gran minería son unos 40 y el resto son de explotación de carbón, oro, ferroníquel, etc. Y eso lo estamos fiscalizando. A lo que usted se refiere es a un censo del 2011 donde hay más o menos 15.000 unidades de minería que no están formalizadas y que debemos legalizar.¿Qué viene para la locomotora minera, luego de las protestas, los paros y el frenazo del primer trimestre, que apenas creció a un modesto 1,4 % dentro del desempeño de la economía?Aquí hay mucha incomprensión frente a la minería. Es una actividad que en el mundo entero está bajo el control y los ojos de muchas personas, especialmente de la gente ambientalista, y en especial en un país como Colombia que tiene gran biodiversidad. Todos los indicadores hacen ver que la locomotora minera va a la velocidad que debe ir, aunque obviamente nos afectaron los paros en el Cerrejón y la Drummond, pero seguimos avanzando.El 85 % de las regalías provienen de los hidrocarburos, y por fortuna el año pasado les pudimos dar a todos los municipios colombianos $10,6 billones de estos recursos, incluyendo al Valle del Cauca que no es un departamento que tenga petróleo ni gran minería, aunque posee algo de carbón. Este es uno de los retos del Ministerio de Minas y Energía.“Isagén sí se puede vender”¿Es necesario vender a Isagén, el expresidente Álvaro Uribe se opone y anunció que interpondrá una acción popular para detener ese proceso? Esa no es una discusión correcta. El Gobierno tiene el 57,6 % de Isagén y es una empresa que actúa con los intereses como cualquier particular. ¿Qué significa eso? El sector eléctrico está tan desarrollado que es importantísimo hacia el futuro con el reto que tenemos de avanzar en la interconexión con América Central, donde Colombia será un jugador clave, tener una empresa fuerte y con la capacidad de empujar las inversiones. Isagén es una empresa madura y con gran peso en el sector energético nacional, pero el Gobierno quiere tener esos recursos en otros activos.Es una magnífica empresa y creo que va haber una puja muy grande por ella, y es fundamental que entren a participar jugadores con capacidad para seguir creciendo en el sector eléctrico y en la competencia