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El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. | Foto: Elpais.com.co | Colprensa

UBER

"Las plataformas de transporte se deben legalizar": Mintransporte

El ministro del Transporte, Jorge Eduardo Rojas, hace un nuevo llamado a esas empresas que operan en el país. Pide a los taxistas competir con mejor calidad.

14 de mayo de 2017 Por: Alfredo García Sierra, reportero de El País

El ministro del Transporte, Jorge Eduardo Rojas, instó nuevamente a las plataformas tecnológicas, que ofrecen servicio de transporte individual, para que se legalicen, pues su operación no está permitida.

Pidió a su vez al gremio de los taxistas competir con un servicio de calidad, a lo que el funcionario abrió la posibilidad de que el Gobierno les pueda autorizar tarifas diferenciales, las que dijo, las pagarán con gusto los usuarios.

El titular de esa cartera le comentó a El País que con el Ministerio de las TIC se trabaja en una plataforma tecnológica para que sea operada por los taxistas.

La semana pasada los taxistas realizaron paros y bloqueos en varias ciudades, porque según ellos, el Gobierno no ha hecho nada para prohibir el servicio de Uber y otras aplicaciones. ¿Por qué aún no hay decisiones sobre este tema?
No me gusta citar el nombre de una empresa o de otra en particular. Este es un tema de legalidad e ilegalidad, pero también del usuario, que es quien debe ganar al final.

Las plataformas tecnológicas ayudan al servicio, y que bueno que existan, pero dentro del marco legal colombiano. Nosotros regulamos e hicimos una norma para ayudarle a esas plataformas a legalizarse, pero no lo han querido hacer. Y siempre me hacen esa pregunta de cuándo se van a legalizar dichas plataformas. Y digo más bien porqué no les preguntan a ellos sobre cuándo se legalizarán, porque ya tienen la herramienta jurídica para hacerlo, pero no les gusta. Así no debe funcionar esto.

En últimas, ¿qué va a pasar con este tipo de servicios de transporte?
En Colombia la norma dice claramente que los servicios individuales de transporte público de pasajeros se deben prestar a través de vehículos que hagan parte de una empresa legalmente habilitada.
¡Por Dios!, con un particular la situación es complicada porque no sabemos cómo están los frenos de su carro, si tiene Airbags, no sabemos si ese conductor está preparado, si es un verdadero motorista o es cualquier tipo por ahí. Son personas a las que no se le hacen seguimientos y si su vehículo tiene revisión tecnomecánica o no, y por eso no se les puede permitir prestar un servicio porque no hay ningún control.

¿Qué viene entonces?
En ese orden de ideas, vemos con buenos ojos la tecnología y por ello estamos trabajando con el Ministerio de las Tic en la construcción de una plataforma tecnológica para entregarla a los taxistas de Colombia para que las personas puedan solicitar su servicio a través de un celular y se pueda saber cuánto puede costar una carrera, cuándo se demora y cuáles son los controles al conductor, y para que les hagan una encuesta de satisfacción sobre la calidad de su servicio. Eso lo que estamos buscando.

Muchas personas afirman que el problema no es Uber, sino el mal servicio de algunos taxistas, y por eso prefieren esas aplicaciones....
Si mañana las plataformas (Uber u otras) se quieren legalizar que lo hagan. Yo invito a todos los empresarios de plataformas tecnológicas de transporte que no son legales que se conviertan en legales porque es fácil. O que presten el servicio a través de los taxistas porque también estamos buscando que ellos presten un mejor servicio a los usuarios, y esa plataforma lo permitiría. El llamado a las empresas que los agremian es para que también hagan controles y ejerzan indicadores de servicio para que los usuarios disfruten de uno de mejor calidad. Y en eso nos vamos a concentrar.

¿Ese mejor servicio tendría tarifas diferenciales?
Esa es una idea. La tarifa diferencial se dirigirá a los servicios de mejor calidad. Si un taxista tiene un carro viejito y lo quiere cambiar y hacer una inversión para pasar de un vehículo de gama baja a una alta, que lo haga. Y si le instala a ese carro el sistema biométrico, para que cuando el conductor se suba identifique la huella y que al usuario se le encienda una pantalla para reconocerlo y que aparezca un mapa con los lugares de partida y de llegada, además de un GPS, todo eso permitirá ofrecer un mejor servicio con una tarifa diferencial.
Si esos conductores brindan un servicio de calidad, podríamos autorizarle una tarifa diferencial. Normalmente una carrera de $4000, podría pasar a $5.000 o $6.000, y estoy seguro que los usuarios los pagarían con gusto. Eso es lo que busca la gente e igual a eso le vamos a apuntar desde el Ministerio de Transporte. Pero todo a través de la legalidad.

¿En qué van las obras finales y la Alianza Público-Privada, APP, para terminar la doble calzada a Buenaventura, una obra que lleva siete años en ejecución?
Allí son varios contratos. Acabamos de terminar uno de obra pública, tenemos una APP y una IP (de iniciativa privada). Existe una obra pública que está ejecutando la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que es la del sector de La Balastrera por $35.000 millones donde se construirá un viaducto en el punto donde más problemas registra la carretera. Lo claro, es que todo el tramo queda concesionado y solucionado. Teníamos un punto crítico en Loboguerrero por una consulta previa y por fin logramos que quedara concertada. Con eso vamos a desplegar las obras que hacen falta. Lo único que restaría es el tramo entre Citronela y el puerto, que ya se incluyó en el paquete de obras de la malla vial del Valle. Esas inversiones en total suman $4,4 billones.

¿Cuándo se concluirá ese tramo final para que esa carretera sea disfrutada por el Valle?
Son 5 años de trabajos. Es decir, que la vía estaría finalizada en ese lapso, pero se entregarán tramos antes.

¿Por qué no hay todavía luces para aclarar los líos en torno a la concesión del Ferrocarril del Pacífico, pues el servicio quedó paralizado hace muchos meses?
Ese tema si ha sido complejo. El concesionario no cumplió con el plan de inversiones ni la operación, por lo que se les está adelantando un proceso para la terminación de esa Alianza Público-privada, APP. Hemos estado adelantando contactos con varias empresas internacionales para ver si nos ayudan y se interesan en el ferrocarril.

Próximamente estaríamos montando una nueva APP para atraer a inversionistas internacionales y ya hemos visto el interés de varias compañías inglesas y españolas, pero no hay nada concreto.

Es muy preocupante porque si hay algo que le daría desarrollo a la movilidad de carga al Valle sería el tren. Ese nuevo ferrocarril no deberá rodar por los mismos rieles de hoy, pues se requieren correcciones en el trazado y pasar a una operación con trocha ancha.

¿Qué impide ese proceso para poner a rodar de nuevo el ferrocarril?
Tenemos primero que terminar la relación contractual con el concesionario. Seguramente, será sancionado, pero yo no puedo anticipar nada hasta que el Tribunal de Arbitramento falle a favor o en contra. He escuchado a varios empresarios vallecaucanos interesados, pero no los he visto siguiendo el proceso, y ojalá, retomen la idea. Les ofreceremos todo el apoyo, ya que la ANI está lista para respaldarlos y más si los empresarios son del Valle del Cauca, porque es un servicio para ustedes mismos.

El dragado del canal de acceso a los puertos de Buenaventura es clave para la llegada de grandes naves. ¿Cuál es la realidad de esos trabajos, hoy?
El dragado va muy bien, se empezó hace mes y medio y avanza sin problemas, y está a punto de terminar. La inversión es de $140.000 millones, primero para hacer mantenimiento del canal de acceso y segundo para profundizarlo en medio metro.

Lo que sigue es una licitación y con la contraprestación portuaria y vigencias futuras de varios años podríamos traer esos recursos a valor presente para hacer una inversión por cerca de US$250 millones, con lo cual buscamos una profundización del canal hasta los 16 metros, que es clave para la llegada de barcos de mayor calado. Estamos a punto de terminar el proyecto y buscando la financiación para convocar pronto la licitación pública.

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