La Reforma a la Justicia es un tema que divide y acerca

Entre los principales cambios constitucionales que se incorporaron en la reforma se destacó la eliminación de la Comisión de Acusación y del Consejo Superior de la Judicatura.

Luego de muchas controversias nacionales que llevaron a enfrentarse al poder Ejecutivo y al Judicial, el pasado jueves se aprobó en la Cámara de Representantes la enmienda constitucional de la reforma a la justicia.Entre los principales cambios constitucionales que se incorporaron en la reforma se destacó la eliminación de la Comisión de Acusación y del Consejo Superior de la Judicatura, además de la doble instancia para juzgar los congresistas y la ampliación de la edad a los magistrados de las altas cortes para su retiro ubicándola en 70 años. Así mismo se amplió su permanencia en el cargo, pasando de 8 a 12 años.Al respecto, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, expresa que la reforma judicial en sí misma no afecta en lo más mínimo los procesos actuales y futuros; añade que para lograr un desarrollo más óptimo y eficiente de los mismos, es indispensable incluir más personal.Por su parte, Wilson Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, indica que en el transcurso del desarrollo judicial del país, “los procesos se están resolviendo y adelantando con una mayor rapidez y eficiencia que hace un par de años”, aseguró.Sin embargo, y bajo el punto de vista de estos dos analistas, el tema está abierto para crear división y para acercar, por ejemplo por temas como la posibilidad de que, para descongestionar la justicia y los más de tres millones de procesos que están represados en los juzgados, se permita, por un tiempo limitado, que los abogados y los notarios hagan las veces de jueces.Sobre este último aparte, José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional y especialista en Derecho Constitucional, afirma que “es una verdadera lástima que se haya insistido tanto con la privatización de la justicia”, indicó.Apreciación que comparten Wilson Ruiz quien considera que “los particulares no pueden administrar justicia porque esto es una clara y evidente privatización del sistema. Ningún abogado va administrar sentencia si no le pagan”, afirma en consonancia con la directora Gloria María Borrero.