La red de prevención de la corrupción que busca crear la Procuraduría

Darle facultades a la Procuraduría General de la Nación para aplicarle la extinción de dominio a funcionarios del Estado y compañías corruptas es uno de los puntos incluidos en el proyecto anticorrupción que esa entidad y el presidente Iván Duque radicaron ante el Congreso la semana pasada.

Sin embargo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha manifestado su inconformidad respecto a las implicaciones y los limitaciones constitucionales que la iniciativa puede tener.

En entrevista con Colprensa, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, defiende el proyecto de ley argumentando que “la Fiscalía ha logrado muchísimo en materia de extinción de dominio y estamos convencidos que por ser esa una herramienta tan importante, podría haber una participación nuestra en la ocupación de bienes”.

Y asegura que cualquier tipo de herramienta de Policía Judicial “será utilizada siempre acudiendo ante un juez, es decir, estamos respetando las garantías de los ciudadanos y la independencia del Poder Judicial”, al descartar que vaya en contravía de la Constitución.

¿Qué reflexión le deja el resultado de la Consulta Anticorrupción?

A pesar de que no logró el umbral, ese resultado es una gran victoria de la democracia. Los colombianos acudieron a las urnas libremente para exigir cambios y eso deben tenerlo en cuenta el Congreso y el Gobierno para impulsar y aprobar las normas de lucha contra la corrupción que la sociedad está demandando.

Me recordó mucho el movimiento de la Séptima Papeleta, en el que tuve la oportunidad de participar. Se empezó a gestar en mesas de trabajo que se dieron en universidades, luego de muchas deliberaciones. De allí empezamos a conectarnos con los medios de comunicación y surgió una bola de nieve que creció a medida que hacíamos pedagogía sobre cómo funcionaba la papeleta, con el resultado del surgimiento de la nueva Constitución.

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¿Y en qué consiste el proyecto anticorrupción que presentó al Congreso con el presidente Duque?

Vamos mucho más allá de esas siete preguntas que contestaron afirmativamente los colombianos. En primer lugar, vamos a crear una gran red de prevención en los actos de corrupción. Muchas veces es mejor llegar antes de la comisión de los hechos de corrupción y no a la autopsia del ‘paciente’. En segundo lugar, vamos a incorporar una serie de sanciones a las sociedades, desde la cancelación de la personería jurídica, inhabilidades y multas para que haya castigos efectivos, y vamos a proteger a los denunciantes.

¿Qué responde a los reparos que ha planteado el Fiscal General frente a la figura de extinción de dominio que incluye la iniciativa?

Se trata de fortalecer todas las instituciones de control. He manifestado que la extinción de dominio es una institución importante a la que todos deberíamos contribuir para su éxito. La Fiscalía ha logrado muchísimo en materia de extinción de dominio. La Procuraduría participa en proceso penales, laborales y civiles, y estamos convencidos que por ser esa una herramienta tan importante, podría haber una participación nuestra en la ocupación de bienes. Vamos a ver de qué manera lo vamos concretando, pero tengan la certeza de que todos vamos en la misma dirección y de que esa troica entre Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para combatir la corrupción sigue más viva que nunca.

¿Pero otorgarle a la Procuraduría los poderes de los que habla el proyecto no sería inconstitucional?

Esa es una discusión diferente. Yo fui constituyente, participé en la redacción de la Carta Magna del 91 y es claro que siempre vamos a acudir a un juez: no lo vamos a hacer autónomamente. Incluso, el Artículo 34 de la Constitución, en materia de extinción de dominio, es clarísimo en decir que solo se aplica por sentencia judicial. Y cualquier tipo de herramienta de Policía Judicial, que la Constitución le ha otorgado a la Procuraduría, será utilizada siempre acudiendo ante un juez, es decir, estamos respetando las garantías de los ciudadanos y la independencia del Poder Judicial.

¿Y qué trabajo se va a hacer en ese sentido con el nuevo Contralor?

Celebro la elección del nuevo contralor Luis Felipe Córdoba. Es una persona íntegra, capacitada y fue elegido por el Congreso de forma independiente. Espero reunirme con él para concertar la continuidad de la política pública integrada de lucha contra la corrupción que desarrollamos con su predecesor, Edgardo Maya, con quien hicimos una gran labor, y con la Fiscalía General.

¿Cómo van las reuniones con el Gobierno y las altas cortes para concertar la reforma a la Justicia?

Reconozco la disposición que tiene el nuevo Gobierno para el diálogo y consideramos que una buena reforma a la Justicia también debe tener participación de otras entidades. Por eso hemos promovido foros en las universidades Libre, Sergio Arboleda, El Rosario y Los Andes, donde los estudiantes podrán conocer las propuestas de estas, la Federación del Colegio de Abogados, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, los tribunales y las nuestras.

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¿En qué va la formulación de la política pública del Gobierno para la protección de líderes sociales?

Estamos pendientes de la propuesta que va a presentar el presidente Duque a finales de este mes. La protección de los líderes sociales debe ser una prioridad para las autoridades, se debe mejorar en cuanto a estrategias de protección personal y sobre todo colectiva, para cubrir los espacios a los que no puedan llegar las Fuerzas Armadas, pero los mandatarios locales deben aumentar el esfuerzo, por eso vamos a estar atentos a iniciar acciones contra funcionarios si hay indicios de omisión para protegerlos y hemos adelantado las Mesas de Protección a la Vida, en Santander de Quilichao (Cauca) y Apartadó (Antioquia), donde nos sentimos muy complacidos de que el Jefe de Estado nos haya aceptado la invitación para participar y allí firmamos el pacto para la protección de líderes.

La Procuraduría ha denunciado que 500 mil niños del país están sin cobertura del PAE. ¿En qué va esa situación?

Hemos trabajado para crear una pauta de comportamiento sobre lo que debe ser el Programa de Alimentación Escolar. Yo intervine en la redacción del Artículo 44 de la Constitución, que dice que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Estamos en una crisis por casos de violencia sexual infantil, abandono y otros porque no se cumple este artículo. Vamos a acabar con la corrupción, con la cartelización, la falta de transparencia. Los PAE se convirtieron en botines de la clase política de este país, se volvió un negocio la nutrición de los niños en Colombia, eso es inaceptable.

¿Y en qué van las investigaciones del Ministerio Público sobre Odebrecht?

Tal vez soy el funcionario que más duro se ha pronunciado contra Odebrecht y esperamos que los resultados de nuestras indagaciones se den pronto en cuanto a la responsabilidad que hayan tenido algunos funcionarios. Pero el Estado también debe avanzar en una diplomacia contra la corrupción, debemos avanzar en la cooperación judicial internacional, ir a la ofensiva a nivel de Gobierno, eso no lo puede hacer solo la Procuraduría. La lucha contra la corrupción debe ser parte de la política internacional del país y hay que hacer que se cumplan los tratados.

¿Ahora que se iniciaron las audiencias en la JEP de las personas involucradas en el conflicto, cuál va a ser el papel de la Procuraduría?

Cuando llegué a la Procuraduría, en el 2017, me dijeron desde el alto Gobierno que no me preocupara por la JEP, porque no tendríamos que ver en eso, y desde ese mismo momento dejé claro que no me podía abstener de vigilar esos procesos judiciales porque somos los representantes del interés público y de los derechos de las víctimas.
Tuvimos que defender nuestra presencia en los procesos de justicia transicional, a pesar de que se nos dijo que en los Acuerdos de Paz se había estipulado que la Procuraduría no participaría. Revisamos y en ninguna parte de los Acuerdos decía eso, por lo que empezamos una cruzada para incorporar funciones del Ministerio Público en la JEP.

¿Y qué opina del concepto que sobre las penas a actores del conflicto que hayan cometido delitos sexuales contra menores se incluye en el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria de la JEP?

En el caso de los niños, vamos a ser muy rigurosos, analizaremos cada caso y en lo posible pediremos la exclusión de determinadas conductas relacionadas con la violencia sexual. Si hubo abusos que no tienen ninguna relación de causalidad con el conflicto, lucharemos por la exclusión de esas conductas de la Justicia Especial para la Paz para que sean juzgados en la justicia ordinaria y no haya impunidad. Obviamente, analizaremos caso por caso.