La Procuraduría le pide a la Fiscalía ponerle freno al elevado precio de elementos de salud

La Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía los elevados precios en los elementos de salud y aseo que se han registrado una vez se conoció el Estado de Emergencia y el aislamiento social ordenado ante el brote del Covid-19, que ya deja más de 100 personas afectadas en el país.

El Ministerio Público expuso en la denuncia la queja del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, sobre los gases medicinales en relación a las alzas que registran desde el 5 % hasta el 25 %, cuando estos elementos hacen parte de los insumos médicos de importancia para enfrentar la pandemia.

Estos implementos, dice la Procuraduría, son indispensables para la práctica de terapias respiratorias, reanimación de pacientes, tratamiento de incubados en cuidado intensivo y aplicación de anestesia, pues no es solo el oxígeno sino otros gases inertes los que se deben mezclar para garantizar la ventilación mecánica a los pacientes que la requieren.

En la misiva también señaló que otros elementos como tapabocas, alcohol, gel antibacterial entre más productos sanitarios necesarios para contener la expansión del virus, han sido sustraídos del mercado o sus precios al consumidor se han elevado sin motivo alguno.

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El órgano de control citó en la denuncia cifras del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que registró al 12 de marzo pasado un inventario de nueve millones de tapabocas, elementos que no se encuentran a disposición de la ciudadanía o su precio se incrementó de 200 a 1500 pesos la unidad.

El Ministerio Público indicó que algo similar sucede con productos de la canasta familiar, que al parecer los productores, fabricantes o distribuidores mayoristas los están vendiendo a precios superiores a los fijados por las autoridades competentes.

En la denuncia, el órgano de control instó a la Fiscalía a emprender las acciones pertinentes para identificar a los autores y partícipes de estas prácticas comerciales que afectan a la ciudadanía de manera grave y al orden económico y social.