“La minería está acabando con el departamento”: Gobernador del Cauca

El gobernador del Cauca asegura que es posible que la zona de la tragedia sí tenga un título minero, no otorgado a quienes hacen la explotación hoy.

La tragedia que deja al menos trece desaparecidos y tres muertos en Santander de Quilichao es una alarma que se suma a las muchas que ya se habían elevado sobre la gravedad de la minería en el Cauca. Así lo expone el gobernador del departamento, Temístocles Ortega, quien considera que hay que eliminar las máquinas en esta zona. Ya diferentes entidades habían advertido al Gobierno Nacional que la minería ilegal en el departamento era grave, incluso la misma Gobernación y la Alcaldía de Santander de Quilichao. ¿Qué respuesta obtuvieron?Hicimos varias reuniones con todos los actores involucrados: la autoridad ambiental, la Agencia Nacional de Minería, los alcaldes, la Fiscalía, el CTI, la Procuraduría, la Contraloría, la Policía y la Gobernación. Habíamos advertido ya, en varias oportunidades, de esta situación. Hemos hecho talleres para determinar responsabilidades, pero en el fondo nadie en el territorio dice que la tiene. Y cuando dicen que la tienen no sienten el deber de hacerlas. Por ejemplo, dicen que para que haya legalidad en una mina, debe haber título minero y una licencia ambiental. Cuando esto no ocurre, el alcalde mediante decreto y la CRC, que es la autoridad ambiental, debe determinar si es ilegal. El alcalde de Quilichao determinó decretos para cerrar esa mina, coordinado por la Secretaría de Gobierno de Santander. Hicieron un intento por retener esa maquinaria, pero no pudieron, no los dejó la gente. La Fiscalía también hizo una actuación allí. La gente tampoco los dejó. Y este enclave lo hemos visto con todas las autoridades del territorio y de la Nación. Hemos contado 40 máquinas desde el aire. Es un hecho público y notorio. Yo me crucé unas cartas muy fuertes con la dirección de la autoridad ambiental sobre el tema, pero no se hizo nada.La Defensoría ya había hecho una alerta contundente sobre el tema, pero parece que también pasó desapercibida...La Defensoría hace alertas tempranas sobre muchos temas. Y de este asunto efectivamente lo hizo, en el marco de las mesas que creamos con todas las entidades. Pero así mismo ha alertado del problema en muchas otras partes, porque esto se da en toda la costa Pacífica, se da en el Sur del Cauca, se da en muchas partes. Y lo del Cauca pasa en todo el país, porque en el Valle también hay el mismo problema en Buenaventura. Y esto es muy grave, esta minería está acabando con el departamento.¿Por qué hay indiferencia frente al tema? Son muchas las entidades que parecen haberse hecho las de la vista gorda...Se alegan varias cosas. Los alcaldes, por su lado, dicen que esas son bandas criminales muy peligrosas. El secretario de Gobierno de Quilichao tuvo que renunciar por amenazas graves. Lo otro que se alega es que la comunidad está muy involucrada en la explotación, porque trabaja allá. Además, las normas no son claras. Por ende, las consecuencias tampoco. Porque el Presidente dio una información mediante la cual facultaba que esas minas fueran atacadas desde el aire. De hecho, en el Sur del Cauca fueron a hacer un operativo de esos, como el que se hizo en Antioquia. Y esa norma también tuvo dificultades, porque a veces alegaban los dueños que se hizo sin su consentimiento. Falta de competencia, normas confusas, comunidades trabajando y amenazas de muerte son las razones.¿Ya se estableció si hay o no un título minero en San Antonio?El comentario es que sí hay un título minero, pero los que están ahí haciendo la explotación no son los que ostentan el título. Y este es un tema bien complicado, que le hemos dicho a la Agencia Nacional Minera, porque si uno da un título minero, hay que hacerle seguimiento. Lo cierto es que sí hay un decreto de Santander de Quilichao que suspende la explotación por ser ilegal.¿Pero la Agencia Nacional Minera no debería tener claro si hay o no hay un título minero ahí?Es que si hay o no un título minero, eso viene de la comunicación de la Agencia Minera desde Bogotá. Pero en cualquier circunstancia, la explotación que hay ahí es ilegal.Lo que dicen los mineros es que estos no son los primeros muertos en esta zona, que en el último año ha habido al menos otros 40. ¿Es eso cierto?No tenemos datos sobre eso, pero es posible que hayan sido muertes esporádicas, que quizás ellos han ocultado para evitar que haya un escándalo. También se dice que hay extorsión a los mineros, pero aún no se ha detectado quienes sean. Eso lo está investigando la Fiscalía y es un proceso que se encuentra en este momento en curso. Esta tragedia lo que hizo fue evidenciar el grave problema de la minería ilegal en el Cauca y la falta de intervención por parte del Gobierno Nacional. Pero ahora, ¿cuál es el paso a seguir?La propuesta es que se eliminen las máquinas que son utilizadas para la actividad ilegal. Ya sea explotándolas o de otra manera, pero que acaben con ellas. En segundo lugar, que la gente que trabaja allí tenga la oportunidad de dedicarse a otra cosa, puede ser la actividad agropecuaria, porque son campesinos, o a la minería artesanal, que es distinta de la ilegal.¿Qué limitaciones tiene el Gobierno del Cauca para tomar cartas en el asunto y acabar de una vez por todas con esta actividad ilegal?El Gobierno del Cauca, legalmente, no tiene ninguna competencia en el tema. Ninguna. La tienen el Alcalde y la tiene la corporación ambiental. Nosotros estamos pendientes del tema y de las entidades encargadas de investigar, como la Fiscalía.