La Ley de Víctimas cobijaría a los afectados por la violencia desde 1982

Dos grandes temas fueron el foco de discusión en la reunión que sostuvieron ayer los ponentes del proyecto de Ley de Víctimas, que comienza su trámite final este 7 de febrero en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Dos grandes temas fueron el foco de discusión en la reunión que sostuvieron ayer los ponentes del proyecto de Ley de Víctimas, que comienza su trámite final este 7 de febrero en las sesiones extraordinarias del Congreso. El primero, la fecha de la reparación de los afectados, y el segundo, el costo fiscal.En cuanto al primer elemento, se planteó que la Ley de Víctimas cobije a los afectados por la violencia desde 1982 y no desde 1991 como fue aprobado en la Cámara de Representantes, como un homenaje a la Constitución Nacional.Esta modificación, que aún es materia de discusión, fue respaldada por el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien en una reunión que sostuvieron los ponentes en un club del norte de Bogotá, les dijo que “estamos dispuestos a ceder en un tope hasta 1982. No queremos un registro abierto. Hasta 1982 nos parece bien”.Esta posición contó con el beneplácito de algunos de los asistentes al encuentro, quienes coincidieron en que la década de los 80 fue la más sangrienta en la historia reciente del país y anotaron que no vincular a las víctimas de estos eventos equivaldría a desconocer las acciones del Cartel de Medellín, la toma del Palacio de Justicia, los asesinatos de ministros y candidatos presidenciales, y el genocidio de la Unión Patriótica (UP), entre muchos otros hechos.En este sentido, el senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, acompañó la iniciativa gubernamental y anunció que su colectividad insistirá en que se tengan en cuenta las víctimas de esa década, al calificarla como la mayor “ola de terror que ha vivido el país”.Por su parte, el senador conservador Hernán Andrade dijo que no se puede concebir un proyecto de víctimas “que deje por fuera el genocidio de la Unión Patriótica” y muchos hechos violentos que se registraron en los 80.Frente a estas posiciones, el coordinador de ponentes, senador Juan Fernando Cristo, enfatizó que “todo esto es muy prematuro. Hasta ahora es la primera reunión que sostenemos y no nos podemos concentrar únicamente en el tema de la fecha”.Entre tanto, el presidente del Congreso, Armando Benedetti, conminó a los ponentes a que aceleren sus discusiones para que radiquen, antes del 7 de febrero, el informe de ponencia, al considerar que este “es un proyecto de interés prioritario a nivel nacional e internacional”.A esto, el senador Cristo respondió que es claro que los ponentes no van a tener listo el informe para esa fecha.El lío fiscalOtro de los elementos de la discusión que ‘calentó’ el debate fue el sustentado por el senador del Partido de la U, Roy Barreras, quien dijo que el Congreso y el mismo Gobierno tienen que ‘aterrizar’ la ley en materia fiscal porque no hay claridad de dónde van a salir los recursos para resarcir a las víctimas.Al final del encuentro, Barreras explicó que “el presidente Juan Manuel Santos dijo en Nueva York que la Ley de Víctimas le podría costar al Estado 23 billones de pesos” y añadió que “este es un costo altísimo si tenemos en cuenta que con la reforma de regalías se lograrán cerca de 17 billones de pesos y la venta de Ecopetrol otros 10 billones”.Por ello se cuestionó: “¿De dónde van a salir 23 billones de pesos? ¿Qué va a pasar en los próximos meses con los dineros para financiar la Ley de Víctimas y con los recursos para atender a los damnificados del Gobierno?”.Ante esta circunstancia, Barreras propuso que se debe omitir todo el capítulo de los desplazados que se encuentra en el proyecto, toda vez que consideró que “las víctimas son reales y se pueden atender, pero, desafortunadamente, en los desplazados hay mucho colado con casa, carro y beca y éstos pueden sumar cuatro millones de personas”.Sin embargo, el coordinador de ponentes, Juan Fernando Cristo desestimó este tema y dijo que el mismo Gobierno ha dicho que estos recursos no saldrán en una sola partida.Finalmente, los ponentes asistentes anunciaron la realización de 3 ó 4 encuentros por todo el país, antes de presentar el informe final.