¿Jurisdicción Especial para la Paz es para todo el mundo?

Sin comenzar a operar, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sigue generando polémica en diferentes instancias del país político.
Primero fue por su diseño en las negociaciones entre Gobierno y Farc, en La Habana, luego en los debates en el Congreso de la República, y ahora, por cuenta de los exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, que quieren acogerse a ese sistema de justicia.

Ese hecho abrió toda una controversia esta semana, dado que en algunos sectores no ven con buenos ojos que eso ocurra, aunque el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, haya dicho que “la ley aquí es que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a la Jurisdicción”.

Pero lo cierto es que al menos tres exmiembros del gabinete del expresidente Uribe, condenados por cohecho por dar u ofrecer en el proceso de la ‘Yidispolítica’, que se abrió tras la reelección de Uribe, ya están haciendo cola para acogerse a este sistema de justicia.

Ellos son los exministros de Protección Social, Diego Palacio, del Interior, Sabas Pretelt, y el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez, quienes ya adelantan las gestiones para acudir a la JEP, una puerta por la que también podrían llegar otros condenados, al decir de expertos, amparados que en que los delitos se cometieron en el marco del conflicto y con el argumento de contar la verdad, que es lo que se requiere para acceder a este sistema.

“Ya padecí muchas injusticias y espero que en este periodo del país las cosas cambien y no se continúe destruyendo a los seres inocentes como es el caso de Diego Palacio y de sus colegas”, dijo el exministro Sabas Pretel al justificar su deseo de acogerse a la JEP.

No obstante, el inicio de la JEP, aún sin ser implementada, no parece dar luces sobre qué sucederá, porque serán los jueces de Ejecución de Penas los que revisarán caso por caso qué delitos guardan relación con el conflicto armado.

En primer lugar, porque la decisión que tome el juez podrá ser apelada ante la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP y luego ante la Sala de Apelaciones, en donde se definirá realmente si la Yidispolítica, los ‘falsos positivos’ o, probablemente, ‘las chuzadas’ pueden estar relacionadas con el conflicto.

El Secretario de la JEP fue enfático en señalar que la Secretaría solo se detiene a revisar si un caso puede acceder o no a todo el sistema de justicia.

“No podemos ser desde el día uno un semáforo en rojo para que nadie entre”, dijo al insistir que la dependencia a su cargo no tiene funciones jurisdiccionales como para pedir pruebas o recolectar testimonios.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por su parte, dijo que los exfuncionarios del gobierno Uribe podrían ingresar a la JEP, pero que los magistrados del tribunal de paz serán los que dirán la última palabra, es decir si los aceptan o no.

Cristo aclaró el viernes en declaraciones a Blu Radio que él no es ni partidario ni enemigo de que los exfuncionarios se acojan a la JEP.
Agregó que hay que respetar la decisión que tome cada uno de los exfuncionarios del gobierno del expresidente Uribe. “Serán los magistrados de la Jurisdicción Especial los que tendrán que evaluar si cabe la posibilidad de que ellos tengan una revisión de sus casos”.
Asimismo, señaló que el hecho de que el Centro Democrático se haya opuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz no indica que a los exministros uribistas se les quitará el derecho de acogerse a la misma.

Para el profesor Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, la intención de los exfuncionarios de Uribe demuestra dos cosas: la primera, que reconocen que hubo conflicto armado porque de él se origina la negociación, y la segunda, no dudan por completo de la legitimidad del tribunal.

“Y me parece, por ejemplo, que si con los militares se llega a dar fallos de libertades anticipadas, como lo prevé el mecanismo, y empieza a haber cierta conformidad en sectores militares, entonces es posible que el expresidente Uribe se pueda ir quedando solo en el discurso de atacar un tema que puede, incluso, entregarle alternativas a quienes han sido sus aliados, y esa sería una paradoja”, dice.

Y en eso coinciden analistas como John Mario González, para quien es posible que esta ventana de oportunidad que se abre para los exfuncionarios les obligue a dar versiones distintas a las hasta ahora manejadas, y que el expresidente Álvaro Uribe se llegue a ver afectado.

“Yo creo que políticamente la Justicia Especial para la Paz puede terminar convirtiéndose en una cuña que apriete de manera muy dura al expresidente Álvaro Uribe, y ser una de las piezas que le dificulten a él su accionar político”, afirma.

La polémica, parece ser el principio de muchas sin que aún se haya hecho la primera investigación. Pero a medida que avance, como dice el profesor de la maestría Marketing Político de la Universidad Externado, Carlos Arias, es posible que tienda una sombra en el uribismo y que ponga en riesgo de ese “efecto teflón” que ha evitado que Uribe se vea mal ante gran parte del país.

“El llamado efecto teflón significa que a Uribe no se le “pega” nada de lo que le pasa a sus más cercanos colaboradores”, dice Arias.

Así, con este panorama empieza a escribirse la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que todavía se está construyendo.

Posición de Uribe

Desde el anuncio de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, al expresidente Álvaro Uribe no le gustó la idea. Durante su trámite en el Congreso también la rechazó, alegando impunidad y que su diseño era para beneficio de las Farc, y hoy, ese rechazo sigue intacto, incluso, parece más fuerte.

“Si no se revoca la justicia de Santos, narco Farc y otros, se recomienda el exilio”, escribió el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter, tras conocerse que varios de sus exfuncionarios están dispuestos a someterse a la Jurisdicción o Justicia Especial para la Paz, JEP.

El tema de los ‘falsos positivos’ también es polémico. Primero, porque algunos de los casos ya fueron declarados como de lesa humanidad y por tanto sus responsables no podrían ser objeto de ningún beneficio, y porque las víctimas consideran que se trataría de un premio a militares que los cometieron y que tienen penas superiores a 40 años.

Segundo, porque en días pasados, el juzgado 9 Penal de Garantías de Bogotá se negó a realizar una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 12 miembros del Ejército, incluido el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, por los homicidios y desapariciones forzadas de dos jóvenes y un menor de edad que ocurrieron en 2008.

El juez argumentó que la futura Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendría competencia para conocer el caso y planteó que el Consejo Superior de la Judicatura podía pronunciarse sobre cuál tribunal tiene competencia para entender el caso.

Para las organizaciones de derechos humanos que hacen la defensa de las víctimas y la ONG internacional Human Right Watch, la decisión sienta un precedente preocupante que podría tener como resultado que el Estado colombiano viole su obligación de investigar y sancionar sin demoras indebidas las graves violaciones a los derechos humanos.

“Resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes”, dice el pronunciamiento conjunto.

Sobre este caso, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que el Acuerdo de Paz establece que la justicia ordinaria debe seguir operando por lo que la entidad que dirige no puede suspender los procesos que tiene en marcha.

“La investigación se mantendrá hasta dos meses antes que se produzca la resolución de conclusiones de la JEP y le corresponderá a al JEP, que tiene una preferencia de competencia, establecer si esos casos son objeto de su conocimiento, bajo la idea que tienen que ser crímenes relacionados con el conflicto”, señaló Martínez al indicar que ya tiene listos tres informes sobre graves crímenes cometidos en el marco del conflicto para entregar a la JEP, y para los cuáles se ha dispuesto una planta de personal de 400 personas.

El Secretario de la JEP, Néstor Correa, señaló que sobre los ‘falsos positivos’, existe un precedente de la Corte Suprema de Justicia que señalaría que estos casos sí estarían relacionados con el conflicto.