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Juicio a la excontralora Sandra Morelli inicia la próxima semana

La exfuncionaria es investigada por presuntas irregularidades en los contratos de arrendamiento de la sede de la Contraloría.

10 de abril de 2015 Por: Elpaís.com.co l Colprensa

La exfuncionaria es investigada por presuntas irregularidades en los contratos de arrendamiento de la sede de la Contraloría.

El próximo jueves 16 de abril iniciará en la sala penal de la Corte Suprema el juicio contra la excontralora Sandra Morelli por presuntas irregularidades en los contratos de arrendamiento de la sede de la Contraloría. 

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El escrito de acusación de la Fiscalía fue radicado al encontrar responsable a la excontralora de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo, y peculado por apropiación en favor de terceros. 

Esta decisión obedece a que los elementos materiales probatorios obtenidos a lo largo de la investigación permiten concluir, con probabilidad de verdad, que Morelli en su calidad de Contralora suscribió cuatro contratos desconociendo abiertamente los principios de planeación, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal. 

Lo anterior considerando que para el arrendamiento de la sede de la Contraloría se adelantó un proceso de contratación directa que careció de los estudios técnicos y de mercado necesarios, que permitieran concluir que el cambio de sede era urgente, y que la oferta de la empresa Proyectos y Desarrollos I S.A., por más de dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000), era la más favorable para los intereses del Estado. 

También ha sido objeto de acusación, el hecho de que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses (cinco mil millones de pesos) sin que los bienes hubiesen sido usados por el ente de control, cifra a la que deben sumarse los sobre costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista. 

De otra parte, en relación con el proceso de venta de las sedes propias de la Contraloría la investigación permitió advertir que en los contratos celebrados para tal efecto con la Central de Inversiones S.A. – CISA, se desconocieron los requisitos exigidos en la ley para proceder a la venta de tales edificaciones. 

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