Juez niega medida de aseguramiento contra Carlos Albornoz

Los delitos que le imputaron a Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, son peculado por apropiación, prevaricato y concierto para delinquir.

El juez 31 de Control de Garantías negó la solicitud de medida de aseguramiento, pedida por la Fiscalía General, contra Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, por su presunta responsabilidad en las supuestas irregularidades que se habrían presentado en la venta de un bien en Cota, Cundinamarca. El funcionario judicial consideró que de la imputación del ente acusador no se puede deducir que Albornoz sea un peligro para la comunidad, por lo que no es viable cobijarlo con medida de aseguramiento. La decisión también recae sobre Carlos Enrique Robledo Solano, exsubdirector Jurídico de la DNE, y Tito Arcadio Perilla Cepeda, quien compró el predio en cuestión. Los tres implicados seguirán en libertad. Asimismo, consideró que del material probatorio presentado por la representante del ente acusador no se puede hacer una inferencia razonable de que los imputados son autores o responsables de los delitos que se les endilgan. El funcionario judicial también llamó la atención sobre el delito de concierto para delinquir imputado a Albornoz, pues manifestó que pese a que la fiscal le dijo que contaba con "un sinnúmero de testigos" no indicó sí ya se habían realizado entrevistas a estas personas que pudieran ser usadas como argumentos en la solicitud de medida de aseguramiento. Además, argumentó que la representante del ente acusador no explicó el requisito de urgencia de la medida de aseguramiento. Para el ente acusador, Albornoz omitió sus funciones para que al parecer pudiera favorecer a terceras personas con un bien que se incautó al narcotráfico y que se encuentra ubicado en el municipio de Cota, Cundinamarca. El ente acusador se refiere a la denominada Granja 32, que, según las investigaciones, fue vendida por un valor de $1.219 millones, valor inferior al valor de real que era de $3.600 millones. Según la fiscal del caso, Albornoz tenía conocimiento del precio del bien, pero aprobó la venta por un precio inferior, lo que, dijo, que generó un detrimento patrimonial por 2 mil millones de pesos. Los delitos que le imputaron a Albornoz son peculado por apropiación, prevaricato y concierto para delinquir.