JEP imputa al antiguo secretariado de las Farc por secuestro y toma de rehenes

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al antiguo secretariado de las Farc por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.

Asimismo, por crímenes cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.

"Los mismos hechos fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención, y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia", explica la JEP en una comunicación.

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Fueron ocho los miembros del secretariado imputados por la Sala de Reconocimiento de la JEP, dentro del caso 01, denominado "Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad",

Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, deberán responder por los cargos mencionados ante el tribunal.

Los antiguos miembros del secretariado de las Farc tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones.

En el transcurso del año, la JEP adicionará otras decisiones para determinar la responsabilidad de los mandos medios y los ejecutores directos de los crímenes.

Su "responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado", afirma la JEP.

También expone que los exguerrilleros que no reconozcan su participación podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel, al tiempo que destaca que "algunos comparecientes ya han reconocido su responsabilidad y han aportado verdad sobre las políticas que tuvieron este resultado, así como los hechos que ilustran los patrones".

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"En conclusión, la Sala de Reconocimiento de la JEP estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del Secretariado de las Farc-EP por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas. La Sala ha determinado que la gravedad del trato que vivieron las víctimas se presentó, en algunos casos, con independencia de su condición como civiles o miembros de la fuerza pública. Esto quiere decir que algunos militares y policías privados de la libertad sufrieron condiciones de igual gravedad que los civiles, y estas condiciones fueron crímenes de guerra", argumentó la JEP.

El tribunal señaló que en este caso recibió y contrastó "17 informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes. Un total de 1.028 víctimas, de las 2.456 acreditadas, hicieron observaciones a las versiones. La Sala de Reconocimiento además incluyó en la contrastación la información aportada por la Fiscalía General de la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta guerrilla en diversas operaciones militares. Además, la complementó con el análisis de publicaciones académicas y especializadas".

Al menos 21.396 personas (identificadas con nombre y cédula) fueron víctimas de secuestro por parte de las Farc.