Iniciativas para endurecer castigo a abusadores de niños enfrenta a congresistas

Presidente del Congreso propone que cadena perpetua sea debatida bajo enmienda constitucional, pero otros congresistas lo cuestionan por 'populista'.

El cruel asesinato y violación de la pequeña Yuliana Samboní encendió un acalorado debate entre congresistas sobre la pertinencia o no de aprobar cuanto antes iniciativas que contemplen cadena perpetua y hasta pena de muerte para los responsables de delitos atroces como el abuso sexual a menores. 

El actual presidente del Senado, Mauricio Lizcano, integrante del partido de la U, anunció la radicación de una enmienda constitucional bajo el nombre de ‘Yuliana Samboní’, para imponer la cadena perpetua en el país a quienes violan y asesinan a los menores de edad.

Lizcano incluso recordó que una lucha en tal sentido la dio en el pasado la fallecida exsenadora Gilma Jiménez, quien propuso incluso un referendo para la cadena perpetua, idea que después de su muerte el propio presidente Juan Manuel Santos, se comprometió a tramitar con el partido de la U. Sin embargo, aunque eso fue en el 2014, hasta ahora nunca se hizo en el legislativo.

Al presentar este martes su idea, Lizcano sostuvo que el proyecto se discutirá la semana próxima en las comisiones y “rápidamente llegará a las plenarias”. La norma que se tramitará como un acto legislativo obliga a que se tenga ocho debates, los primeros cuatro debates en el periodo de sesiones que está por terminarse el próximo 16 de diciembre.

Por tiempo legislativo ese proyecto no se podría tramitar, al igual que otro que fue radicado también este martes por el representante a la Cámara, Efraín Torres, quien propone lo mismo.

“Llevamos tres años trabajando en pro de la protección de la niñez, por eso insistimos por tercera vez en el acto legislativo que permitiría que asesinos y violadores de niños pasen el resto de sus días en una cárcel”, sostuvo Torres.

Las voces críticas a las iniciativas de Lizcano y Torres, salieron en primer lugar de otro codirector de la U, el senador Armando Benedetti, quien cuestionó que se quiera legislar en este momento por el dolo ajeno, además que cuestionó que el presidente de la corporación no conozca el trámite de las iniciativas.

“El presidente Lizcano da pena por dos cosas, la primera porque se aprovecha del dolor ajeno, es oportunista en presentar un proyecto cuando pasan este tipo de hechos y también da pena porque él siendo presidente del Congreso no se sabe la Constitución, no se sabe las leyes, cualquier acto legislativo que se presente hoy significa que está muerto, eso fue para titulares, pero como la gente no es boba lo van a levantar literalmente”.

El presidente de la Comisión I del Senado, Carlos Fernando Motoa, incluso fue más directo y calificó la propuesta de Lizcano como populista. Esta célula legislativa es en donde se tramitan las reformas constitucionales, las cuales recordó Motoa, deberán cumplir sus ocho debates.

“No tendría ninguna posibilidad de ser aprobado antes de terminar incluso esta legislatura que va hasta el 20 de junio de 2017, no hay posibilidad que ese trámite se cumpla, son ocho debates”, declaró.

Incluso precisó que no se puede hablar, como plantea Lizcano “que pueda haber un trámite expedito o especial porque no está incluido dentro de los procesos o proyectos de paz que se estableció en el acto legislativo por la vía rápida”.

El presidente de la Comisión además recordó que este tema hace parte de los asuntos de política pública, lo que obliga a que debe concertarse entre otros organismos con el Ministerio de Justicia.

Una propuesta más que se conoció este martes es la de la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, quien indicó que el próximo año presentará un acto legislativo con el cual se busca instaurar en Colombia la pena de muerte en este tipo de delitos.