Human Rights Watch, preocupada por investigación contra Iván Cepeda

Según la ONG, la Procuraduría investiga a Iván Cepeda por un supuesto abuso de su función pública.

Human Rights Watch manifestó su preocupación por un caso que lleva la Procuraduría General contra el congresista Iván Cepeda por presunto "abuso de función pública" y "fraude procesal". "Nos resulta particularmente preocupante que la investigación impulsada por su oficina no sólo no pareciera estar justificada, sino que además podría tener un impacto inhibitorio entre funcionarios públicos y otros actores que están comprometidos con la justicia por violaciones de derechos humanos", indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en una carta fechada el 11 de diciembre y dirigida al procurador Alejandro Ordóñez. La misiva indicó que la Procuraduría abrió en agosto una investigación disciplinaria a Iván Cepeda, representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo y activista de derechos humanos, a petición de abogados del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por presunto "abuso de función pública" y "fraude procesal" en visitas realizadas por el congresista a distintas cárceles del país y en las que recabó testimonios de exparamilitares sobre supuestos vínculos del exmandatario a esas bandas. De acuerdo con el exmandatario, Cepeda - uno de sus mayores críticos - proporcionó a las autoridades judiciales "información falsa" recogida en esas entrevistas carcelarias. Para HRW la investigación de la Procuraduría es infundada, entre otras razones, porque Cepeda cumplía con su misión como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y entre cuyas funciones está la defensa de esos derechos humanos. "Entrevistar a posibles testigos de supuestas violaciones de derechos humanos y presentar la información recabada a los fiscales constituye una actividad fundamental en "defensa de los derechos humanos". Esto se aplica aun cuando el objeto inicial de las visitas de Cepeda a las cárceles donde entrevistó a exparamilitares allí detenidos haya sido constatar las condiciones de la detención de los reclusos, añadió Vivanco en su carta, divulgada en la jornada en un correo electrónico. Además Human Rights Watch "no tiene conocimiento de que exista ni un elemento de prueba convincente que indique que el representante Cepeda haya brindado a la Fiscalía testimonios "fraudulentos" con el objeto de "inducir en error" y que aunque "ciertamente, serán las autoridades judiciales quienes determinen en definitiva la veracidad de las declaraciones de los ex paramilitares... no existen razones para suponer que el representante Cepeda haya manipulado u obtenido deliberadamente un falso testimonio con el fin de engañar a funcionarios judiciales". El procurador Ordóñez, un conservador visto como cercano al exmandatario, es intensamente criticado por investigar y ordenar la destitución y la prohibición de ejercer cargos públicos a decenas de funcionarios, desde alcaldes, gobernadores, congresistas hasta exfuncionarios de Uribe. El pasado lunes, Ordóñez destituyó y sancionó con 15 años de prohibición de ocupar cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por considerar que violó normas al decretar un cambio en diciembre de 2012 en el sistema de recolección de basura de la ciudad. El dictamen, que es apelable ante el mismo Procurador, ha sido calificado por autoridades como la Fiscalía General de desproporcionado y antidemocrático por tratarse del funcionario de elección popular más importante del país después del jefe de Estado.