“Hay que pensar en la venta de servicios ambientales”: Guillermo Rivera

El congresista Guillermo Rivera cree que la tecnología es el mejor antídoto contra la corrupción. Le preocupa, dice, “esa vuelta al centralismo”. Se ha sorprendido positivamente con el presidente Santos.

Nacido en Mocoa, Putumayo, en 1970, de padre liberal y madre conservadora que fue líder en la protección de derechos humanos en su región y legataria de su pasión por la política, Guillermo Rivera, abogado externadista, es especialista en Derecho Administrativo, Master en Ciencia Política, Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad de París y ha sido elegido tres veces consecutivas como Representante a la Cámara, con la votación más alta de su departamento. Destacado consecutivamente por los medios de comunicación y por su pares en el congreso como uno de los mejores parlamentarios, es reconocido como un legislador íntegro, serio y estudioso. Rivera ha promovido alrededor de 50 debates de control político y ha liderado la Ley de Víctimas, que después de ser hundida por el gobierno de Álvaro Uribe, fue presentada nuevamente al Congreso por el presidente Juan Manuel Santos, quien, en un gesto sin precedentes, la radicó personalmente ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.Rivera es experto también en Legislación Internacional sobre Justicia Transicional y espera que pase, en segundo debate de la Cámara, otro de sus revolucionaros proyectos: el que crea la figura de la declaración de “Ausencia por Desaparición Forzada”, para que las familias de las víctimas puedan acceder a la asistencia humanitaria.La primera voz de alarma sobre el fraude que David Murcia Guzmán fraguó desde La Hormiga, Putumayo, con la pirámide DMG y con el cual tumbó a medio país e hizo tambalear las economías de varios municipios, provino de este recio liberal, que lucha por poner a su olvidado departamento en las grandes ligas de la política nacional.Parece mentira que otra vez en Putumayo el hermano de David Murcia, estuviera montando otra pirámideEn esta ocasión el gobierno reaccionó a la primera queja. El ministro Vargas me preguntó qué estaba pasando. Le dije que el hermano de David Murcia – el que fue candidato al Senado - estaba reanudando actividades. Inmediatamente la Superintendencia ordenó la liquidación de esta cooperativa.¿Cómo es que la misma gente que perdió su plata estuviera apoyándolo?Pues el señor Murcia sacó la votación más alta en Putumayo en las elecciones. No fue elegido porque en el resto del país no le fue bien, pero en la lista a la Cámara, le arrebató la curul al Partido Conservador que ha sido fuerte allá.¿Cómo analiza el caso?La gente asumió como cierta la versión del propio Murcia, de que todo fue un complot liderado por Luis Carlos Sarmiento y por el Grupo Aval. La idea se vendió como si fuera un conflicto entre los propios bancos y un adalid de la gente pobre. La gente reaccionó furiosa y políticamente también respaldó al hermano. En Putumayo se ha vivido una historia de muchas frustraciones: el Plan Colombia y el Plante. Si bien la política de seguridad que, incluye la erradicación de cultivos ilícitos, ha sido un éxito, no hubo paralelamente una política de estado que le permitiera a la gente mejorar su calidad de vida. En medio de esa pobreza, aparece este personaje no sólo con actividad económica rentable, sino con una actitud mesiánica y la gente se enamoró de él.¿Por qué no funcionaron el Plante y el Plan Colombia en Putumayo?Porque se ha asumido la idea de que el problema de la coca es sólo una sustitución de ingresos y, tanto uno como otro, llegaron a ensayar cultivos y la verdad es que esto requiere una perspectiva integral, estructural, de desarrollo. Por ejemplo, en las zonas rurales donde se cultivaba la coca no ha mejorado la oferta de servicios públicos. En esta forma llega el fracaso porque lo que debemos es construir tejido social lo cual no se ha hecho. Juan Camilo Restrepo ha anunciado la Ley General de Tierras, que en realidad es una Ley de Desarrollo Rural. ¿No habría allí un buen espacio para hablarle al oído al ministro?Sí, quiero conversar con él sobre la idea de incluir en esa ley un capítulo que se llame Desarrollo Rural Amazónico y que aborde, desde una perspectiva estructural, todos los problemas de ingresos de la región. Es hora ya de pensar en la venta de servicios ambientales y darle una perspectiva de largo plazo. Hablo básicamente de la venta o la oferta turística, que es un potencial no valorado.¿Y qué ofrece su región en ese campo?Muchísimo. Putumayo tiene una zona andina bella: el valle de Sibundoy, con una población indígena mayoritaria y con un potencial turístico en torno a ritos, como el yagé, que es ancestral y que se presentaría sin las distorsiones que hay en términos de “moda” en otros sitios. Hay un turismo histórico porque la colonización misional despegó de ahí, y en el Medio y el Bajo Putumayo hay una gran oferta. En Mocoa, que es piedemonte amazónico, hay sitios como El Fin del Mundo, unas caídas de agua, espectaculares, desde la cordillera hacia la llanura.Pero tendría que desarrollar infraestructura hotelera. ¿Hoteles grandes o pequeños?Se piensa en hoteles pequeños, muy apreciados por los turistas extranjeros. El Putumayo, por ejemplo, es una de las regiones con mayor cantidad de pájaros en el mundo. En Costa Rica, que es también muy diverso en aves, los aficionados extranjeros pagan fortunas por divisarlos y estudiarlos. Por otra parte, como está creciendo la renta petrolera, hay que abordar la idea de proponerle al mundo una Política Universal Estratégica de Negocios de Desarrollo Limpio.¿En qué consiste?Son las transacciones que se hacen con un número determinado de hectáreas de bosque, frente a la capacidad de captura de C02 de esas extensiones. No se ha podido reglamentar porque el bosque natural colombiano no está inventariado y así no se puede ofrecer un determinado número de toneladas de C02 capturables en ese bosque natural. Tarea urgente que sería una alternativa para superar los cultivos ilícitos. ¿Qué tan importante es el auge petrolero en Putumayo?Mucho. La creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el establecimiento de reglas claras para inversionistas extranjeros ha sido un éxito. ¿Por qué se opuso usted a la Ley de Regalías?Porque a pesar de que es entendible la necesidad de hacer ajustes macro-económicos, no es justo que ahora nos digan que es un asunto de “equidad”. Este país cumplirá 200 años de vida republicana y mi pregunta es: ¿de 1819 a 1991, qué significó el Putumayo para Colombia? La única posibilidad de conectarnos con el resto del país era a través de una carretera denominada El Trampolín de la Muerte, no teníamos interconexión eléctrica, aún no tenemos agua potable, nuestras posibilidades de desarrollo han sido escasas. E incluso, antes del 91 que ya teníamos una reserva petrolera en Orito, ésta era administrada desde el gobierno central, por Dainco, de muy mala recordación. En el 91 ganamos autonomía con la Constitución y ahora que la renta petrolera se nos convierte en una posibilidad de invertir para el desarrollo nos la van a quitar. ¿Entonces, cuál es la equidad?¿Será permitirles a los otros departamentos participar de ese tesoro nacional?Si los pozos petroleros quedaran en la Sabana de Bogotá, en el Valle de Aburrá o en Jamundí, ¿usted cree que sus clases dirigentes, bajo el argumento de la redistribución para todo el territorio, de la renta petrolera, hubieran aceptado? Yo lo dudo, entre otras cosas porque en la Cámara hay cerca de 18 representantes de Bogotá, 14 del Valle y unos 15 de Antioquia. Aquí lo que hay es un problema de orden macro-económico comprensible, pero que no nos vengan a decir que es un problema de equidad. Porque el Putumayo ha sido tratado inequitativamente por el centralismo. No negará que las regalías son un foco de corrupción, que se las roban y que los grupos irregulares las convierten en su botín, inclusive en Putumayo.Sin duda hay problemas, pero es que la corrupción no es exclusiva de los municipios y departamentos petroleros.Pero las regalías sí eran exclusivas de los departamentos petroleros y se las robaban. Ahora las van a manejar de otra forma y se les dará participación mayoritaria a los departamentos productores.Entonces controlemos mejor esos dineros. La tecnología hoy es el mejor antídoto contra la corrupción. Hay diferentes maneras de hacer seguimiento y control al uso de los recursos públicos. La reforma lo que hace es crear unos Fondos que van a ser administrados desde el gobierno central y, Centralismo en medio de una sociedad como la nuestra, en la que impera el amiguismo y no las reglas claras, podría generar grandes posibilidades de hacerse a esos grandes fondos por parte de departamentos con mayor tradición, porque tienen una clase política más prestante e influyente. Esa es la realidad. Así que aun cuando digan que los departamentos productores cumplen con los requisitos para su ingreso a esos fondos que se van a crear, yo creo que la mayoría de esos recursos se van a quedar en el centro del país por la sencilla razón de que en la sociedad colombiana pesan más las influencias que las reglas. ¿No cree que el gobierno se está mostrando atento a cambiar esa situación y a trabajar contra la corrupción?Yo tengo mucha confianza en el presidente Santos, he sido sorprendido positivamente con su actitud, porque suponía como muchos, que sería un simple sucesor de Uribe y lo que ha demostrado es un cambio sustancial frente a muchas cosas que venían mal de atrás. Pero también sé que los gobiernos y las personas son transitorias. Son las reglas las que perduran y en ese sentido me preocupa esa vuelta al Centralismo.Usted logró que se aprobara la Ley 1408 para la creación del Banco Genético para las víctimas de Desaparición Forzada, ¿de qué se trata?Consiste en recoger la mayor cantidad posible de información genética de los familiares de las personas desaparecidas para que, al encontrarlas y exhumarlas, Medicina Legal y la Fiscalía General puedan hacer un contraste con la información que tengan almacenada, para identificar los cadáveres. Esta ley ya se está implementando, a pesar de que la objetó el ex presidente Uribe, bajo el argumento fiscal. Por fortuna, la Corte Constitucional nos dió la razón y el presidente Santos la sancionó. Uribe se ha venido oponiendo también a la Ley de Víctimas. ¿Por qué lo hace?Porque es un hombre dogmático en lo ideológico y en lo político, y cree que reparar a las víctimas de agentes del Estado, es atentar contra la moral de la tropa, y por eso dijo: “si llego a permitir que se reparen víctimas de estado, los soldados no vuelven a disparar un solo tiro”. Creo que ese dogma ideológico para él es insuperable, y el político también, porque para Uribe las iniciativas de sus contradictores políticos eran, per se, negativas, y esta ley fue básicamente impulsada por el Partido Liberal. ¿A qué atribuye la animadversión de Uribe por el liberalismo?Recuerde que el liberalismo no acompañó sus principales iniciativas y eso a él lo afectó profundamente en su ego, en su vanidad y lo llevó a asumir una actitud hostil contra nosotros. En el primer período las relaciones no fueron tan ásperas. Acompañamos por lo menos los temas políticos del referendo que él mismo promovió en el 2003 y que pretendía modificar la Constitución. En ese período hubo cierta cordialidad. Las primeras hostilidades vienen porque empezamos a hacerle reparos a la Ley de Justicia y Paz, para el tema de los paramilitares, y porque, cuando vino el proyecto de Reforma Constitucional para su primera reelección, el ex presidente Gaviria vino a dirigir el Partido Liberal, con el carácter demócrata y progresista que lo ha caracterizado, liderando la oposición contra su gobierno.Y eso que el Partido Liberal hizo una “opo-blanda”No creo que fuera blanda porque si bien en el primer gobierno acompañamos algunos proyectos, a partir de su segundo período prácticamente no lo acompañamos. Entre otras porque en ese segundo período del Presidente la agenda era: garantizar la continuidad del gobierno, la agresión a los opositores y la intolerancia. ¿A qué obedece la pugna entre el liberalismo y la U? ¿Qué se cocina ahí?Es natural, porque el partido de la U es el del presidente, el que venía gobernando en los dos periodos anteriores, y nuestro ingreso a la coalición y sobretodo el hecho de que el presidente Santos haya priorizado en su agenda iniciativas de sello liberal, generó traumas propios de la política. Sintieron que estábamos demasiado protagonistas y que si entrábamos a la coalición deberíamos pagar peaje porque éramos recién llegados.¿Hoy cuál es el ‘parte de salud’ de la Ley de Víctimas?Está pendiente para las sesiones extras del Senado. Estoy satisfecho con el texto y estamos muy reconocidos con lo que ha hecho el Presidente. Esperamos volver a discutir la fecha a partir de la cual la ley tendrá vigencia. La más adecuada es 1985. ¿Para que incluya a las víctimas del genocidio de la UP?No solamente ese sino también el magnicidio de Galán. Por otra parte, en el 82 las Farc tomaron la decisión de mantener la relación estructural con los cultivos ilícitos, se expandieron y desde la segunda mitad de los 80 presentaron violaciones masivas a los derechos humanos. En esa época también se supo del fortalecimiento de las organizaciones paramilitares a través del narcotráfico. Masacres como las de Rochela y la de Segovia no pueden quedar por fuera porque no se trata sólo de indemnizar económicamente a unas víctimas, sino de adoptar medidas de carácter simbólico y de reparación moral.¿Y cómo está viendo el tema de La Ley de Tierras y su paso por el Congreso?Esa ley, que se desprende de la Ley de Víctimas va muy bien. Yo me convenzo cada día más del texto. Era muy escéptico sobre la combinación del procedimiento administrativo y judicial porque en la ley nuestra, la original que nos hundió Uribe, teníamos previsto sólo mecanismo judicial; pero el gobierno decidió combinarlo y yo me convenzo cada vez más de que tiene razón, porque resulta muy difícil que el ciudadano atemorizado, víctima de la violencia, pueda, él solo, acceder a la justicia. Lo que el gobierno plantea es crear una Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, que se encargará del censo de tierras y de personas despojadas, con base en el cual los jueces fallarán. Luego la carga de acopiar los elementos materiales mínimos para que el juez pueda actuar, la hace el gobierno, lo que es importante en términos de proteger a la gente, de descargarla de una tarea tan grande. Y lo otro, que es una figura que traía nuestro proyecto y que el gobierno ha acogido, es que el proceso judicial de restitución de tierras invierte la carga de la prueba, es decir que quien está en posesión de tierra, con título o sin título, tiene que demostrar su legitimidad y la buena fe exenta de culpa.¿Cómo afectará la catástrofe invernal la aplicación de todas estas leyes, si es que salen aprobadas?El gobierno, en términos fiscales, ya definió fuentes para financiar la reconstrucción del país. En eso ha sido muy serio y ha pedido fuentes adicionales para esa enorme tarea, sin afectar iniciativas como la Ley de Víctimas. ¿Cómo está viendo el veloz regreso del ex presidente a la arena política y de liderar desde su propio movimiento Colombia Presente esa batalla?Creo que es legítimo que Uribe haga política porque su personalidad no le permite hacer otra cosa. La gran disyuntiva es para el Partido de la U y el Partido Conservador, porque los dos hacen parte de la coalición del gobierno Santos y en ese sentido deben estar comprometidos con su agenda y no con la del ex presidente. Imagínese al presidente Uribe recorriendo el país con planteamientos tan distintos a los de Santos. ¿Cómo harán los parlamentarios y los dirigentes de esos dos partidos que -se supone- serán los que acompañarán a Uribe en su periplo político por el país, si Santos tiene como prioridades la restitución de tierras, la reparación a las víctimas, la lucha contra la corrupción y aparece en plena campaña el protagonista de haber hundido la Ley de Víctimas?