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Gobierno se la juega por reformar la justicia

Ayer se radicó el proyecto de ley en el Congreso. Se insiste en eliminar el Consejo de la Judicatura y hacer cambios a la tutela.

5 de agosto de 2011 Por: Redacción de El País

Ayer se radicó el proyecto de ley en el Congreso. Se insiste en eliminar el Consejo de la Judicatura y hacer cambios a la tutela.

El Gobierno radicó ayer en el Senado de la República el acto legislativo por medio del cual pretende reestructurar el Poder Judicial, sobre la base de respetar su autonomía. La iniciativa, que se llevó sin consenso con las altas Cortes, fue presentada por el actual ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el designado para Justicia, Juan Carlos Esguerra.En palabras del ministro Vargas, la reforma constitucional busca que el sistema colombiano sea más eficaz y eficiente en la administración de justicia.La reforma, que en algunos aspectos fue concertada con las altas cortes, tiene 25 artículos, que incluye, como principal novedad, otorgar funciones jurisdiccionales a servidores judiciales diferentes a magistrados y jueces, tales como notarios, abogados en ejercicio y encargados de centros de conciliación y arbitraje, entre otros, en un mandato especial que busca descongestionar los despachos judiciales, que hoy tienen más de dos millones de procesos acumulados. El Gobierno se propone bajar ese retraso en un lapso máximo de dos años.Las modificacionesLa tutela. Sobre los cambios a este mecanismo, aspecto que no se tiene concertado y que se deberá discutir de manera abierta en el Congreso, el Gobierno propone regular su procedencia contra sentencias judiciales, incluso las proferidas por las altas cortes, “sin afectar la posibilidad de que el ciudadano haga uso de ella a la hora de hacer valer sus derechos fundamentales”.“Regula la acción de tutela contra sentencias judiciales, incluyendo las proferidas por las altas cortes. Las tutelas contra providencias de esas cortes se tramitarán en única instancia ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, según fuere el caso”, explicó el ministro Vargas.La propuesta señala que se fija una caducidad de 30 días para la interposición de tutelas contra cualquier sentencia judicial, tiempo después del cual no será posible interponer la Acción de Tutela.Consejo superior de la Judicatura. Tal y como lo dijo hace un año el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se insiste en la eliminación de este órgano y se crea el Consejo Superior Judicial.En explicación del ministro Vargas, las funciones de administración de la Rama Judicial serán asumidas por el Consejo Superior Judicial, cuya Sala de Gobierno estará integrada por diez miembros, siete de los cuales tendrán derecho a voz y a voto.Quienes tendrían voto y voz son los presidentes de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado); los tres delegados no magistrados de las altas cortes, expertos en administración o finanzas públicas, y un delegado de jueces y magistrados; mientras que sólo tendrán voz el ministro de Justicia, el fiscal general de la Nación y el gerente de la rama judicial.Control a abogados. El proyecto indica en otro de los artículos que las funciones disciplinarias contra los profesionales del derecho serán asumidas por el Colegio Nacional de Abogados, que “para tales efectos, será creado mediante ley posterior. Las funciones disciplinarias contra jueces y magistrados de tribunales serán asumidas por sus respectivos superiores funcionales”.Una propuesta más del Ejecutivo es el control previo de constitucionalidad para leyes relacionadas con asuntos penales, fiscales y de manejo de recursos derivados del ahorro público.Otros temasDoble instancia. Otro aspecto de relevancia que trae la reforma a la justicia es de los llamados aforados, es decir para quienes reciben un tratamiento especial de juzgamiento, como congresistas, ministros y directores de departamentos administrativos.Al respecto se plantea que se implemente el sistema penal acusatorio y que la investigación y la acusación sean asumidas por el Fiscal General de la Nación, en tanto que el control de garantías sea ejercido por el Tribunal Superior de Bogotá. Para que tenga lugar la doble instancia se plantea que el juicio se haga ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual se dividirá en dos secciones.Cortes, sin nominación. La reforma también plantea que la elección del Procurador General de la Nación que se haga de una terna que envíe el Presidente de la República, por lo que su nominación ya no la harían las altas cortes, como hasta ahora se ha hecho. En cuanto al Contralor General de la República, se propone que lo elija el Congreso en pleno, entre quienes se inscriban como aspirantes para el cargo; también en ese caso se eliminarían las funciones nominadoras de las altas Cortes.Reglas para magistrados. La reforma agrega requisitos para elegir y aumentar la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes, así como el regreso a la cooptación directa para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.La edad de retiro pasaría de 65 a 70 años y se aumentarán de 10 a 20 años los necesarios como requisito de experiencia para ser magistrado de las altas Cortes.

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