Gobernaciones y alcaldías tienen mayores riesgos de corrupción, según informe

El abuso de la contratación directa, el aumento del número de empleados por contrato y el poco respaldo a los planes anticorrupción generan altos riesgos de corrupción en las dependencias oficiales nacionales, departamentales y municipales.

Es así como en gobernaciones y alcaldías recaen las mayores alarmas a ese respecto, con calificaciones promedios de 51 y 46 puntos sobre 100, respectivamente, en tanto que en el país Fiscalía y Senado registran los niveles más preocupantes en términos de peligro de corrupción.

Esos son algunos de los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, ITEP, que evaluó la gestión administrativa a nivel nacional ty regional entre enero de 2015 y abril del 2016 y que será dado a conocer hoy por Transparencia por Colombia.

Según el estudio, en departamentos y municipios más del 50 % de las licitaciones cuentan con un solo proponente, lo que indica que si bien ha mejorado la publicidad de los procesos de contratación pública “siguen en deuda las garantías para la competencia y el cumplimiento de la supervisión”.

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También indica que las calificaciones promedio de 68,2 sobre 100 puntos para las entidades nacionales, 61,5 para las departamentales y 56,8 para las alcaldías señalan que, “a pesar de la innovación normativa, la administración pública en Colombia sigue siendo un escenario de oportunidad para la corrupción”.

Por el contrario, la gran mayoría de las entidades fueron clasificadas en Riesgo Alto y Muy Alto de Corrupción: 60 % de las 28 alcaldías evaluadas, 50 % de las 32 contralorías departamentales, 40 % de las gobernaciones y 19 % de las entidades nacionales.

“Los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad no solo para capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones”, indicó Gerardo Hernández, director ejecutivo de la evaluadora.

Agregó que “la corrupción se expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público entre otros, garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de bienes y servicios públicos”.

Precisamente el indicador de empleo público en los municipios solo alcanza 48 puntos y 52 en los departamentos, lo que lleva a los evaluadores a deducir que el crecimiento del número de contratistas en estos entes territoriales “pareciera un tema inamovible en los contextos de clientelismo”, por lo que es el punto de la gestión “que más voluntad política requiere para ser reformado”.

“El 79 % de las alcaldías está conformada en más del 75 % por contratistas que prestan servicios personales”, indica el estudio y agrega que el diseño y adopción de medidas anticorrupción en los procesos de gestión apenas están logrando cumplir con el Estatuto Anticorrupción, ya que si bien casi todas las entidades aseguran tener planes en ese sentido, “los mecanismos para ponerlos en marcha, hacerles un seguimiento y financiarlos poco se observan”, al punto que el promedio en estos temas está abajo de 40 puntos.

Los resultados de las gobernaciones muestran una leve mejoría, al pasar de 59,1 puntos en la vigencia 2013-2014 a 61,5 puntos en esta edición. Aun así, ninguna alcanzó a ubicarse en el rango de Riesgo Bajo de corrupción. 9 % presentan Riesgo Muy Alto, 31 % están en Riesgo Alto, 38 % en Riesgo Medio y 22 % en Riesgo Moderado.

El Valle se ubica en el octavo puesto, con un Índice de Transparencia Departamental, ITD, del 72,5 % con Riesgo Medio (ver gráfico). Según el informe, el panorama continúa siendo “preocupante” para las gobernaciones, debido a las debilidades en el desarrollo de espacios efectivos de rendición de cuentas y deficientes los mecanismos de atención a la ciudadanía.

Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP): Herramienta que identifica los riesgos de corrupción administrativo en las entidades públicas.

Visibilidad: Capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada.

Institucionalidad: Capacidad para lograr que los servidores públicos y la administración cumplan con normas y estándares establecidos para los procesos de gestión.

Control y sanción: Capacidad para generar acciones de control y sanción mediante procesos internos, por acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana.