Fiscalía y Policía pidieron perdón a acusados por homicidio de Luis Carlos Galán

Fiscalía y Policía pidieron perdón a acusados por homicidio de Luis Carlos Galán

Enero 30, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Fiscalía y Policía pidieron perdón a acusados por homicidio de Luis Carlos Galán

El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo dialoga con Wilson Júbiz Hazbún hermano de Alberto, uno de los acusados que finalmente resultó ser inocente de los cargos.

Las familias de Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero revivieron el dolor y la tristeza que les produjo el señalamiento a sus seres queridos, quienes finalmente fueron declarados inocentes.

El dolor, la injusticia, y miles de historias volvieron a la mente de la familia de Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, quienes fueron falsamente acusados como los homicidas del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en crimen ocurrido el 18 de agosto de 1989. Este viernes el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, y el comandante de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, pidieron perdón por este hecho del cual aseguran no debió haber ocurrido. Pero las familias de las víctimas aceptaron las excusas del jefe de la Policía más no las del vicefiscal Perdomo debido a que aseguran el fiscal Montealegre fue quien debió presentarse en este acto. “Si me duele que el fiscal no asista a esta ceremonia. Tengo un punto que quiero resaltar y es que mi madre nunca supo que Alberto estuvo preso, al punto que cada persona que llegaba de visita a la casa de nuestros padres no debía tocar el tema de Alberto”, dijo Wilson Jubiz Hazbún. Agregó:“Y así ella se creyó cada mentira que en su momento tocó decirle. Ella falleció en 2002 y se fue a la tumba sin saber nada”. Por su parte, el abogado Ramiro Borja manifestó que “no aceptamos disculpas de una persona distinta al Fiscal General de la Nación si es necesario acudir a instancias internacionales lo vamos hacer. Son 25 años acompañando a las familias de las víctimas y es necesario como lo ordenó el Consejo de Estado que pida perdón”. El acto de perdón El primero en pedir disculpas fue el comandante de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, quien manifestó, “en nombre de los integrantes de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa pedimos perdón por los perjuicios causados por parte de personal de la policía y de la forma como se hizo publico ese actuar policial en loa medios de comunicación donde se vieron afectados los derechos fundamentales por haber sido equívocamente señalados del homicidio del entonces senador Luis Carlos Galán”. Seguidamente habló el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo quien aseguró "la Fiscalía General reconoce como obra suya y de sus servidores todos los errores que llevaron a la detención injusta" de estas tres personas, quienes tuvieron que soportar sobre sus espaldas haber planeado el crimen del líder político. Agregó "la injusticia de estos hechos es tan grave que no solo afecta los derechos individuales sino que socava el Estado de Derecho, puesto que se les vulneraron sus derechos a la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia”. Y finalmente, Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, expresó “aquí lo que tenemos que rescatar es la verdad de lo que ocurrió esa es la manera de resarcir a esas familias contra las que se cometió tan atroz injusticia. No podemos olvidar que esta falsificación de pruebas, testigos han causado daño a la investigación. Ahora esperamos que las autoridades no escatimen ningún esfuerzo para lograr la justicia y la verdad en estos hechos”. Fallo del Consejo de Estado Cabe recordar que dichas excusas públicas fueron ordenadas en un fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado que condenó a la Nación a pagar más de $3 mil millones a estas tres personas que fueron señalados injustamente de haber participado en el homicidio. De acuerdo con dicho fallo tanto el director del DAS de la época, Miguel Alfredo Maza Márquez, como el entonces director de la Dijín de la Policía, Óscar Eduardo Peláez Carmona, actuaron de manera ligera al culparlos del magnicidio, sin que existiera una decisión judicial. En la decisión, la Corporación señaló que tanto la captura de los tres ciudadanos como la investigación adelantada en su contra estuvo fundada sobre múltiples irregularidades que fueron reconocidas, incluso, por la propia Fiscalía General de la Nación al momento de cerrar el proceso y ordenar su libertad. “De los máximos responsables de los principales organismos de seguridad, inteligencia e investigación del Estado, para la época de los hechos, no podían esperarse, ni exigirse, sino actuaciones ponderadas, extremadamente prudentes y particularmente cuidadosas, máxime en un asunto tan delicado, de tanta trascendencia y de tan graves repercusiones tanto para la vida institucional y democrática del país, como para quienes resultaron ser señalados por esos organismos estatales de la realización de semejante magnicidio”, afirma la sentencia. Por tal motivo, tanto Miguel Maza Márquez como Óscar Peláez Carmona fueron condenados a reintegrarle al Estado, en un 50 por ciento cada uno, las sumas de dinero que las entidades demandadas deben pagar como consecuencia de la condena impuesta por el Consejo de Estado. “En este caso se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional que el propio Estado... sometiera a tales personas al escarnio público y se empecinara en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual fue un acontecimiento que conmocionó al país entero y, por esa razón, provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas”, indica la sentencia. La Sala señala que los hombres fueron víctimas de la irracionalidad del poder que les arrebató injustamente la libertad y afectó su honra y dignidad al estigmatizarlos y hacerlos pasar como los homicidas del dirigente político y de las dos personas que lo acompañaban. “Fue un hecho notorio a nivel nacional el despliegue periodístico que los diversos medios de comunicación le dieron a la noticia de la captura de los asesinos del doctor Luis Carlos Galán, divulgación que fue auspiciada y respaldada por el propio Estado, que trasmitió una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito”, explica el fallo. Falsas acusaciones Cepeda Quintero fue capturado por la Policía el día del homicidio, mientras que Júbiz Hazbum fue capturado el 22 en un allanamiento en su oficina en Bogotá. Después, fueron fotografiados, filmados y presentados a los medios como “los asesinos del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”. Luego, el 13 de septiembre de 1989, fueron asegurados por un juez de orden público por el delito de homicidio con fines terroristas y, en esa misma decisión fue vinculado el proceso Norberto Hernández Romero, quién fue capturado al día siguiente. No obstante, el 29 de diciembre de 1992, la Fiscalía Regional de Medellín calificó el mérito del sumario y se dispuso la cesación de procedimiento respecto de los tres procesados y se les concedió la libertad.

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