Fiscalía y Gobierno defienden Marco Jurídico para la Paz, mientras Procuraduría lo critica

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo hoy por primera vez en la historia del país un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado.

Mientras que el presidente Juan Manuel Santos y algunas entidades y organizaciones hacen una férrea defensa al Marco Jurídico para la Paz, la Procuraduría General de la Nación critica el mismo por considerarlo una herramienta para la impunidad.Voces a favor y en contra se han escuchado este jueves en la Corte Constitucional donde se expone el Marco Jurídico para la Paz, como herramienta para conseguir el fin del conflicto armado en Colombia.En la última intervención realizada ante los magistrados de la alta Corte, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que se debe limitar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación para lograr un objetivo superior que es el de la paz. El jefe del ente acusador argumentó que si bien la paz y los derechos de las víctimas son fundamentales y están expresados en la Constitución, la Corte Constitucional debe ponderar ambos derechos y garantizar la paz para todos los colombianos.De acuerdo con él, "si bien no se va a reconstruir toda la verdad en el proceso penal, existen diversos mecanismos para conocerla”. Agregó que “la pregunta que debería hacerse la Corte es si es preferibe que repitamos más de 200 mil muertos en otros 50 años de conflicto o que restrinjamos un poco algunos derechos para evitar la muerte de miles de colombianos más". Minutos antes, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, había asegurado que el Marco Jurídico para la Paz “garantiza la impunidad y desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”. Ordóñez afirmó que la reforma ignora los estándares internacionales que obligan al Estado colombiano a perseguir a responsables de graves violaciones de derechos humanos. “Porque al seleccionar los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios cometidos sistemáticamente y renunciando a la persecución judicial de los delitos no seleccionados, está generando impunidad porque hay un sinnúmero de conductas cometidas no necesariamente bajo las circunstancias de sistematicidad”, señaló. Ordóñez pidió a la Corte que declare inexequibles las expresiones demandadas a fin de que no haya impunidad porque los casos que se investigarían serían pocos y aparte beneficiados con la suspensión de la pena que en efecto se imponga a los responsables. El Procurador dijo a los magistrados que si no declaran inexequible el Marco, entonces lo avalen pero de forma condicionada para impedir que haya impunidad. “Yo sé que ustedes van a fallar de fondo”, dijo Ordóñez a los magistrados al variar la posición que ha mantenido desde que inició el debate que solo contemplaba que se cayeran las expresiones demandadas del Marco para la Paz. De acuerdo con el Jefe del Ministerio Público, el Marco Jurídico para la Paz supone que casos de tortura, desaparición forzada, embarazo forzado, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, homicidio en persona protegidos, podrían quedar exlcuídos de la investigación penal. “Estaríamos ante una justicia aparente y simbólica”, dijo al estimar que solo investigar a “máximos responsables” deja la puerta abierta a que no sean investigados determinadores de graves crímenes. El senador Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso y ponente de la Ley de Víctimas, le pidió a la Corte Constitucional que apruebe el marco legal para la paz, iniciativa que, según el legislador, les da a las víctimas reparación integral, verdad y acceso a la justicia. "Fue tan bien tramitada esta iniciativa que con tantos enemigos de la paz ninguno de ellos encontró un solo vicio de trámite en su desarrollo, eso demuestra el juicio con que estudió y tramitó esta reforma constitucional el Congreso", dijo Cristo. El Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, sostuvo que en todo proceso de paz hay un grado de impunidad que se debe aceptar para que sea exitoso. "Si uno investiga caso por caso no va a terminar nunca, es decir estamos aceptando una impunidad de facto, es decir que de hecho existe, no permitamos que por hacer más hagamos menos, que por abarcar la investigación de todos los casos no investiguemos ninguno", dijo Jaramillo durante su intervención. Por su parte, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le pidió a la Corte Constitucional que declare constitucional el Marco Legal Para la paz. "La Defensoría considera que el contenido normativo no implica la renuncia a la acción penal ni el desconocimiento de compromiso internacional del Estado colombiano con las víctimas, el marco cumple con el criterio de justicia transicional que no implica impunidad, hay que sopesar el derecho a la justicia sin sacrificar el derecho a un proceso que lleve al país a la finalización del conflicto", dijo el Defensor. El director de la división de las américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, estimó que el Marco Jurídico para la Paz es contrario a algunas obligaciones internacionales suscritas por Colombia en materia de Derechos Humanos. Vivanco dijo durante la audiencia en la Corte Constitucional donde se debate la viabilidad de dicha reforma, que los tratados internacionales obligan al Estado Colombiano a investigar los violaciones de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario y que eso no lo cumple el Marco Legal para la Paz. Defensa presidencialAl defender personalmente esta ley, que ha sido bandera de su gobierno y que juega un papel fundamental en el proceso de paz que se adelanta con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos admitió que "no hay garantía de éxito" en las negociaciones en la Habana, pero que utilizará todos los mecanismos a su alcance para defender a las víctimas.“No tenemos garantía de éxito en este proceso de paz, pero si fracasamos haré uso de todos los instrumentos jurídicos del Estado de derecho y a nuestra disposición para proteger a todos los colombianos, en especial a las víctimas”, dijo el Presidente.Así lo dijo Santos al hacer ante la Corte Constitucional una vehemente defensa del Marco Jurídico para la Paz, del que dijo “es una oportunidad histórica para ponerle fin a al conflicto armado interno”. “Como Presidente de la República asumo la responsabilidad que me corresponda para el buen desarrollo de este Marco Jurídico para la Paz, para que como consecuencia de la aplicación de este proceso y de la aplicación de una estrategia de aplicación de justicia transicional tengamos un Estado de Derecho más fuerte, para que nuestra democracia sea más vigorosa y sobre todo para que alcancemos una verdadera reconciliación nacional”, afirmó el Jefe de Estado. Santos sostuvo que “estamos ante la posibilidad de hacer por fin realidad ese anhelo de paz y de proteger los derechos de todos los colombianos y las víctimas, ese es el tamaño de nuestra responsabilidad”, insistió. En ese sentido, el Presidente aseguró que “es fundamental” que los miembros de los grupos armados al margen de la ley asuman su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad. “Si vamos hasta el final (del proceso de paz) los miembros de las Farc y el ELN y os demás grupos armados ilegales tendrán que asumir su propia responsabilidad por violaciones al DIH”, insistió el primer Mandatario. El jefe del Estado reiteró que en la discusión del Marco Jurídico para la Paz se tuvieron en cuenta las experiencia pasadas sobre procesos de paz, además de otras experiencia internacionales, por eso dijo que se trata de una de las iniciativas más discutidas y más consensuadas. “Estamos ante un momento de decisiones como solo se nos presenta una sola vez en la vida”, afirmó, y dijo que “con o sin las Farc, con o sin el ELN, vamos para adelante. Pero sería mejor sacar adelante este proceso de paz y entenderlo como una oportunidad histórica de que establezcamos un Marco Jurídico adecuado que es precisamente este que hoy nos convoca”. El Marco para la Paz fue aprobado por el Congreso en junio, pero necesita la revisión de la Corte Constitucional para tener efecto. Desde fines del año pasado el gobierno de Santos y las Farc adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a casi 50 años de confrontaciones entre las partes.Corte Suprema de Justicia respaldó marco jurídico para la pazEl presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, le dio un espaldarazo a la viabilidad del Marco Jurídico para la Paz al estimar que es una herramienta adecuada para poner fin un conflicto y la recomposición social En el desarrollo de la audiencia en la Corte Constitucional para analizar la constitucionalidad de dicha reforma, por primera vez la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la misma para estimar que el Estado sí puede centrar la investigación y sanción penal en los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El magistrado Bustos estimó que en un Estado normal de las cosas, las autoridades están en la obligación de investigar todas las violaciones de los derechos humanos pero que eso cambia cuando se trata de periodos de transición de un periodo de guerra a uno de paz. “La negociación con los diversos actores es la única vía que en las actuales circunstancias es posible. En ese ámbito, las soluciones deben garantizar al máximo los derechos a las victimas entre ellos”, dijo. Bustos señaló que no se pueden pronunciar como Sala Penal sobre los mecanismos que habrá que disponer el Congreso de la República cuando expida las leyes estatutarias que reglamenten el Marco Jurídico para la Paz, pero sí señaló, que por ejemplo, la Ley Justicia y Paz que fue reformada para priorizar casos. “El estado si puede centrar la investigación, sanción y juzgamiento de los máximos responsables pues se trata de superar la situación de conflicto a partir de reconocer la imposibilidad de investigar y sancionar a todos los responsables sin que eso sustituye la constitucional”, apuntó,. Señaló que los criterios de selección debe entenderse como la identificación de las graves violaciones a los derechos humanos y a la escogencia de conductas de los máximos responsables. Y la priorizacion, debe entenderse como un orden de investigación. Bustos señaló que la renuncia condicionada que establece el Marco Jurídico para la Paz no vulnera los derechos de las víctimas.