Fallo del Consejo de Estado definirá periodo de nuevo Fiscal

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el Fiscal General de la Nación deberá ser elegido de una terna por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para un periodo de cuatro años.

La próxima semana, cuando se profiera el fallo definitivo en el Consejo de Estado de la nulidad de la elección de la Fiscal General, Viviane Morales, se conocería también el periodo de quien sea designado como jefe del ente investigador.El panorama es el siguiente: actualmente no se tiene certeza jurídica del tiempo que estará al frente la persona que sea designada como fiscal por la Corte Suprema de Justicia de la terna que postule el presidente de la República, Juan Manuel Santos.Si es institucional, iría hasta terminar el periodo que corresponde luego de la salida de la Fiscalía de Mario Iguarán, es decir el 31 de julio de 2013. O bien, si es personal, sería de cuatro años contando desde el momento en que se posesione la persona designada.La nulidad de la elección de Morales, conocida el pasado martes, se declaró luego que los consejeros, en Sala Plena, derrotaran por 15 votos contra 9 la ponencia del magistrado de la Sección Quinta, Alberto Yepes, que no sólo pedía mantener a la Fiscal, sino que apuntaba a que el periodo de Morales era institucional y por tanto iba hasta el 2013.Como esa ponencia fue derrotada, se debe presentar una nueva que recoja la decisión tomada, discutirse en Sala Plena y ser firmada para notificar la decisión a la Fiscal Morales oficialmente. Y como el tema del periodo estaba en la ponencia, se espera que haya una decisión sobre el tema.“El Consejo tiene que resolverlo en el fallo que la próxima semana debe someter a consideración de la Sala Plena porque es uno de los temas consignados en la ponencia”, explicó el expresidente del Consejo de Estado, Rafael Osteau.No obstante, el actual presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, señaló que al respecto hay unas dudas jurídicas y que no le correspondía “anticipar criterios porque eso confundiría a la opinión pública”.Gómez explicó a Colprensa que es un asunto que corresponde a la justicia contenciosa, es decir al Consejo de Estado, pero “siempre y cuando la temática sea puesta como un asunto de definición judicial y no de oficio”.Eso sí, ninguna otra instancia sería la encargada de resolver esta duda jurídica a menos, según indicó el jurista Osteau, que mediante alguna tutela llegue a manos de la Corte Constitucional.