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El presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Octavio Ramírez. | Foto: Colprensa / El País

"Fallar con perspectiva de género no es moda, es necesidad": Consejo de Estado

Así lo afirmó Consejo de Estado, Jorge Ramírez, al señalar que la rama judicial no está dando una respuesta efectiva ante casos de violencia sexual.

23 de noviembre de 2017 Por: Colprensa  / El País 

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Octavio Ramírez, indicó que la rama judicial debe dar una respuesta más efectiva ante el incremento de casos de violencia sexual que se están registrando en el país.

Un informe elaborado por la Fundación Plan, Profamilia, el Consejo de Estado y la Comisión de Género de la rama judicial, indica que 43 niñas son víctimas de violencia sexual cada día y que en 2016, de los casos reportados, 85% (15.524) fueron niñas.

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Igualmente, se indicó que según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre 2013 y junio de 2017, ingresaron 103.238 investigaciones por delitos relacionados con delitos sexuales, de los cuales 97% están relacionados con menores de 14 años.

Asimismo, Profamilia señala que 7.6 de las mujeres en Colombia han sido víctimas de violencia sexual por parte de su pareja, agresión que se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 45 a 49 años, seguida de los 40 a 44 años y en las de 35 a 39 años.

“Nuestro compromiso como jueces debe ser la protección de los derechos de las personas y, en especial, de aquellas a las que social y culturalmente se les han asignado roles y estereotipos que generan relaciones desiguales, en donde la discriminación y la violencia se han vuelto comunes ante los ojos de una sociedad que no condena ni reprocha esos actos, cuestión que puede predicarse también muchas veces de los jueces”, dijo.

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De acuerdo con el magistrado, los jueces deben tener una respuesta pronta y tener en cuenta cómo se hacen los interrogatorios a las víctimas, si se trata de adultos o niños, y evitar la revictimización con perspectiva de género

“Tener en cuenta las circunstancia que afectan a las mujeres en su entorno personal, profesional, social, pero principalmente de su dignidad, no es un tema de moda, es una necesidad que nosotros como jueces debemos dar respuesta”, agregó.

No invertir la presunción de inocencia

Por su parte, la también magistrada del Consejo de Estado, Stella Conto Díaz del Castillo, quien representa a la Corporación en la Comisión de Género de la Rama Judicial, hizo énfasis en la falta de una respuesta adecuada para atender este tipo de violencia cuando en los diferentes escalones del sistema judicial a la víctima no se le cree y, en la práctica tiene que demostrar que el caso de violación sí se presentó.

“La víctima es tratada como si no fuera víctima sino la culpable. La discriminación contra las mujeres y niños nos invierte la presunción de inocencia, el niño tiene que demostrar que lo violaron, la mujer tiene que demostrar que la violaron. Se parte del supuesto de que la violación no se dio y eso es un muro supremamente grave y tenemos que pensar la manera de romperlo”, señaló.

La magistrada señaló que no se trata de que los jueces les crean ciegamente a las víctimas que denuncian, sino que sepan aproximarse a ellas y establecer hasta cuando se está diciendo la verdad.

“Los niños no tiene imaginarios de fantasías sexuales y si las tienen es porque ya pasaron por la experiencia. El juez y el Fiscal van con la predisposición de preguntarle al niño lo que quiere el juez escuchar”, dijo.

Conto Díaz agregó que uno de los problemas graves es que los jueces, fiscales y otros funcionarios tienden a “tratar a la niña como si fuera una adulto y pretenden que les responda preguntas que ni siquiera entiende. Los niños pueden ser interrogados por los expertos y el juez, a través de cámaras especiales puede estar escuchando y diciéndole al experto qué es lo que quiere saber”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Gloria Stella Ortiz, indicó que se están haciendo cursos de capacitación constantes a jueces en varias regiones del país a fin de que se incluya el enfoque de género en sus decisiones judiciales.

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