Excontralora Sandra Morelli aseguró que retornará al país

Así lo dio a conocer la exfuncionaria mediante una carta a la Corte Suprema de Justicia, en el inicio del juicio que se le adelanta por supuestas irregularidades en contratación a su paso por la Contraloría.

La excontralora General Sandra Morelli Rico aseguró, mediante una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia, que asistirá al juicio que se le adelanta por supuestas irregularidades en contratación en la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido Morelli, señaló que eso se dará cuando la Corte así lo exija. “Magistrado, cuando tenga lugar una diligencia que requiera mi presencia, si ustedes así lo exige, lo cual me obligará a volver al país, allí estaré”, dijo Morelli abriendo la puerta para su retorno a Colombia. 

Esta carta será leída por su abogado Álvaro Rolando Pérez, quien este jueves asiste a la audiencia preparatoria de juicio en el alto tribunal. 

A Morelli  se le acusa de ser responsable  de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo, y peculado por apropiación en favor de terceros. En el escrito de acusación radicado por la Fiscalía, se establece que los elementos materiales probatorios obtenidos a lo largo de la investigación permiten concluir, con probabilidad de verdad, que Morelli en su calidad de Contralora suscribió cuatro contratos desconociendo abiertamente los principios de planeación, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal. 

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Lo anterior considerando que para el arrendamiento de la sede de la Contraloría se adelantó un proceso de contratación directa que careció de los estudios técnicos y de mercado necesarios, que permitieran concluir que el cambio de sede era urgente, y que la oferta de la empresa Proyectos y Desarrollos I S.A., por más de dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000), era la más favorable para los intereses del Estado. También ha sido objeto de acusación, el hecho de que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses (cinco mil millones de pesos) sin que los bienes hubiesen sido usados por el ente de control, cifra a la que deben sumarse los sobre costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista. De otra parte, en relación con el proceso de venta de las sedes propias de la Contraloría la investigación permitió advertir que en los contratos celebrados para tal efecto con la Central de Inversiones S.A. – CISA, se desconocieron los requisitos exigidos en la ley para proceder a la venta de tales edificaciones.