Estos son los retos que enfrentan las altas Cortes este 2016

El plebiscito para la Paz, las facultades al presidente Santos para implementar los acuerdos de Paz, el futuro del Procurador General, así como la elección del nuevo Fiscal General, son algunos de los retos de las Altas Cortes para este 2016.

El 2016 será nuevamente un año álgido para las altas Cortes, que tendrán protagonismo en asuntos cruciales para el país como el futuro de las herramientas jurídicas para implementar los acuerdos de paz y su refrendación, la polémica reforma de equilibrio de poderes y la elección del sucesor de Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que la permanencia del procurador general, Alejandro Ordóñez, como la cabeza del Ministerio Público. 

Sumado a esto están juicios clave como el del general Miguel Maza Márquez, la definición de las denuncias  contra el hoy senador Álvaro Uribe y el futuro de la venta de Isagén, la consolidación de la nueva institucionalidad y la eliminación ya efectiva del Consejo Superior de la Judicatura, como consecuencia de la reforma de equilibrio de poderes.

Equilibrio de poderes La Corte Constitucional también deberá definir si pasa la polémica reforma de Equilibrio de Poderes que no solo eliminó  la Judicatura sino también  la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes donde se llevan los procesos penales contra altos funcionarios del Estado considerados como aforados; entre ellos los magistrados de las altas Cortes y el Fiscal General.  La norma creó un Tribunal de Aforados que todavía no tiene ley que lo desarrolle, eliminó la reelección presidencial, dio fuero al Procurador y al Defensor del Pueblo, entre otros. La Corte estudia dos demandas. Una que ya tiene ponencia favorable y, otra que fue presentada por el fiscal Eduardo Montealegre, y que promete amplio debate en el alto tribunal. Matrimonio igualitarioSiguiendo con la Constitucional, en el primer trimestre del año se espera que finalmente este tribunal se pronuncie sobre la posibilidad de que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, único aspecto que hace falta para considerar que hay completa igualdad para la comunidad LGTBI. Se trata de una tutela que podría definir si las uniones gais se harán por un contrato civil de matrimonio, que implica los mismos derechos; o bien si siguen formalizándose mediante un contrato innomidado que tiene el aval de  la Procuraduría, pero que no tiene todas las garantías jurídicas, según lo expresan los afectados. El caso está en manos del polémico magistrado Jorge Pretelt, quien proyectó una ponencia negativa que podría ser derrotada por la mayoría liberal de la Corte actual. El caso Pretelt El controvertido magistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien se ha negado a renunciar a esa investidura,  corre el riesgo de ser el primer magistrado de una alta Corte en ser suspendido de su cargo y enfrentar un juicio por indignidad ante el Senado de la República. El togado ya  fue acusado por la Comisión de Acusación de la  Cámara de Representantes por concusión, por  un   supuesto pago millonario para fallar un proceso, concretamente una tutela  en favor de Fidupetrol, y en caso de que la acusación sea aceptada por el Senado de la República será suspendido de forma inmediata. Esto   implicaría la designación de un magistrado en calidad de encargado para ocupar su silla en la Corte Constitucional.  La paz El Plebiscito y el Acto Legislativo por la Paz tendrán su debate en la Corte Constitucional y no estarán listas para marzo cuando se espera firmar el acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc. El primero, que buscará refrendar los acuerdos, no tiene ponente, aunque se espera que tenga un trámite expedito que recorte  los 150 días que tiene una revisión de ese estilo. No obstante, al esperado concepto negativo que rendirá la Procuraduría, el pulso interno de la Corte da cuentas mayoritarias a favor de la norma, si es que no hay errores insalvables de trámite que obliguen a devolverlo al Congreso. Con la iniciativa, el Presidente podrá someter a consideración de los colombianos el Acuerdo Final con las Farc en  un plebiscito. El Acto Legislativo por la Paz, que busca herramientas para tramitar las reformas que se deriven de los acuerdos de paz, va  en primera vuelta y volvería a debatirse cuando el Congreso regrese a sus actividades.  Elegir FiscalEl próximo 28 de marzo el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, dejará su cargo por cumplimiento de periodo. El presidente Juan Manuel Santos debe  mandar una terna a la Corte Suprema de Justicia para escoger su reemplazo.  El inconveniente para elegir al nuevo jefe de la Fiscalía, tras la eventual firma de paz, es garantizar una pronto votación mayoritaria, que permita tener lo más rápido posible el sucesor de Montealegre.  Esto obedece a que la Corte tendrá para esa fecha siete vacantes que suplir, por lo que apenas quedarían los 16 votos que se requieren como mínimo para que el humo blanco en el caso del Fiscal se vea. Es decir, que el candidato que gane tendría que hacerlo por unanimidad. La falta de magistrados podría paralizar el funcionamiento de la Corporación y provocar de nuevo la interinidad en la Fiscalía, a manos del actual vicefiscal Jorge Perdomo. El Consejo de Gobierno JudicialEn el año  2015, tras intentos frustrados y 23 años de funcionamiento, se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y se creó en su reemplazó mediante la Reforma de Equilibrio de Poderes, el Consejo de Gobierno Judicial para los asuntos de administración y la Comisión de Disciplina Judicial para llevar los procesos disciplinarios a los abogados y empleados judiciales.  No obstante, no se pudo cumplir con la expectativa de tener el primer organismo completamente conformado para enero de 2016 y no se ha eliminado todavía la Sala Administrativa de la Judicatura.  De nueve miembros, cuatro están suspendidos provisionalmente mientras se estudian demandas contra sus elecciones y, por esto, no se ha podido elegir al gerente de la Rama.  Y sobre la Comisión, y para detalles básicos del funcionamiento de la nueva institucionalidad, todavía se hace necesario que el Congreso tramite la ley estatutaria de la administración de Justicia y quese expidan algunos decretos.  Entre tanto, está detenido el reto de recuperar la imagen de la Justicia, deteriorada por un sinnúmero de escándalos; para la muestra el que enreda al renunciado presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Isagén, Uribe,  Maza,  Ramos Tapasco…  Otras decisiones que se esperan en las altas Cortes son de trascendencia nacional. En el Consejo de Estado cursan dos demandas contra la venta de Isagén y se espera que en la Corte Constitucional terminen las tutelas que ya se han presentado en este mismo caso. Entre tanto, en la Corte Suprema de Justicia seguirán su curso los juicios que van adelantados y que terminarían este año. Por un lado, el proceso que por ‘parapolítica’ se lleva en contra del exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien es figura política importante del Centro Democrático y a quien hasta el momento han favorecido los testimonios entregados en audiencia pública.  Igualmente, está el juicio contra del exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.  Este juicio, de trascendencia histórica, llevaría a determinar la segunda responsabilidad de un alto funcionario en el crimen, ocurrido en 1989 en Soacha. Esto, claro, en caso de que el oficial sea encontrado responsable.  Por este homicidio se adelantan también en juzgados de Bogotá los juicios contra el coronel (r) de la Policía, Manuel Antonio González Henríquez, quien el día del homicidio de Galán se desempeñaba como jefe de la Oficina de la División de Orden Público del DAS, y del mayor (r) Luis Felipe Montilla Barbosa, quien era comandante de la Policía en Soacha.  En manos de la Corte Suprema de Justicia también está la indagación preliminar que se le adelanta al senador Álvaro Uribe Vélez porsupuestos vínculos con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, condenado por las interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas los negociadores del proceso de paz. La Corte analiza si Uribe Vélez tuvo conocimiento de dichas actuaciones ilegales como lo aseguró Sepúlveda en declaraciones públicas.  Finalmente, otro caso de interés nacional que estudia la Corte es la demanda de casación que interpuso la defensa del político Ferney Tapasco a fin de ‘tumbar’ la condena de 36 años de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Manizales por el homicidio de Orlando Sierra, subdirector del periódico La Patria. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) “El asesinato de Sierra es el primer caso en Colombia en el que la cadena criminal, desde los autores materiales hasta los intelectuales, es condenada por la justicia”.  El ProcuradorPor los lados del Consejo de Estado, el proceso más sonado es el futuro del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Después de meses, casi años discutiendo impedimentos y de llenar vacantes, ya la Corporación tiene el quórum para fallar la demanda  por su reelección, debate  en el que no participarán los magistrados Danilo Rojas, Jaime  Santofimio, María Elizabeth García y Augusto Serrato.  El caso que en principio le correspondía al magistrado Alberto Yepes, tuvo una ponencia a favor del Procurador y otra en contra, en medio de una polémica por el cambio de posición y por filtraciones que derivó en que el caso saliera de la Sección Quinta y pasara a Sala Plena. Ahora  está en manos de la magistrada Rocío Araújo, quien  llevará nueva ponencia. Siga o no el Procurador en el cargo, la decisión generará críticas.