“Está suspendida la venta de tierras en 30 municipios”

Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, explicó la forma como vienen trabajando para facilitar la restitución de tierras.

Pese a la importancia natural que tiene la Superintendencia de Notariado y Registro para las funciones del Estado, en sus 52 años de creación jamás había tenido el protagonismos que cobra ahora.Y es que como encargada de garantiza la fe pública, la Supernotariado se ha convertido en la piedra angular de procesos como el de justicia y paz, en el que más de un paramilitar puede llevarse una sorpresa cuando las tierras entregadas como suyas pasen por el escáner de esta entidad.En los pocos meses que lleva Jorge Enrique Vélez al frente de esta entidad, ya son miles las hectáreas de tierra que se han recuperado y que esperan que contribuya a la restitución de tierras en la promulgada Ley de Víctimas.¿En qué zonas del país han detectado despojo de tierra a sus propietarios?Revisando detalladamente nos hemos dado cuenta de que en toda Colombia. Pero Antioquia, Urabá, Cesar, Meta, Bolívar, Caquetá y Guainía son los lugares donde el despojo de tierras ha sido mayor. Sólo se nos quedó por fuera San Andrés y Providencia. ¿Cuánto les ha tomado esta revisión?Lo de Montes de María nos llevó cerca de cuatro meses. Tomamos predio por predio y documento por documento de los últimos 20 años y la información se la estamos dando a los jueces agrarios. Los baldíos se trabajan con el Incoder.¿Qué sorpresas se ha llevado en este análisis a la propiedad de la tierra?Hemos encontrado que la mayor víctima del despojo no son los campesinos, sino el Estado. De las 300.000 hectáreas que hemos revisado y que figuran como despojadas, 84.000 son usurpadas al Estado.¿Quiénes son los responsables?Hay de todo. No puedo decir quién es el responsable porque cuando se revisa aparecen nombres de personas naturales, pero es claro que han sido protagonistas las guerrillas, los paramilitares y lo que yo llamo el despojo jurídico.¿En qué consiste ese despojo?Son artimañas como el gemeleo de documentos o las suplantaciones, que terminan por dejar en manos de muchas personas cientos de terrenos.¿Cuántas denuncias han recibido?Según el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia, son 42.000 las denuncias.¿Qué hacen tras estas denuncias?Restringimos la venta de dichos predios y así protegemos los derechos de las personas. A esto se suma un procedimiento similar que cobija a 30 municipios en todo el país, en los que no se puede hacer ningún tipo de venta porque sabemos que en ellos hubo algún tipo de desplazamiento colectivo.¿Qué les dice a quienes insisten en este tipo de irregularidades?Les anuncio a los abogados y demás personas que la Ley de Víctimas trae penas de cárcel de entre 5 y 15 años para quienes incurran en irregularidades.¿Cuánto tiempo les tomará terminar el análisis que tiene planeado? Este proceso lo estamos iniciando nosotros y puede extenderse a 10 ó 15 años. Decir que en los próximos cuatro años vamos a revisar todos los predios de Colombia sería una mentira.¿Este estudio va a repercutir en procesos como el de Justicia y Paz?Claro que sí. Nosotros estamos trabajando de la mano de Justicia y Paz.¿Cómo se articulan con Justicia y Paz?Puede suceder que un bien que los paramilitares estén entregando sea baldío y entonces lo que estarían entregando serían las mismas tierras del Estado. Por eso desde hace un mes los estamos analizando uno a uno.¿También trabajan en el caso de las irregularidades en la DNE?Hemos hecho varias cosas. Ellos perdieron un software donde tenían la información de los bienes que tenían, ahora están conectados con nosotros y están reconstruyendo la información.¿Han recibido alguna amenaza?A los violentos les digo que no se estresen porque la información está en software y reposa en cuatro datacenter, uno de ellos fuera del país. Tendrían que dañar el software y aún así perderían el tiempo.Ustedes se centraron en la zona rural, ¿qué pasa con la parte urbana?Ese es otro trabajo que hay que hacer, pero por ahora nos concentramos en la prioridad rural, sin que signifique que no podamos hacerlo. Hay que tener en cuenta que en áreas urbanas hay líos porque las zonas de despojo son las de alto riesgo y muchas veces no hay siquiera escrituras.¿Qué espera lograr, más allá del trabajo de la restitución de tierras?Dar seguridad jurídica a los predios. Tras este estudio se va a tener certeza sobre la tierra en Colombia, se tendrá registro de todos los terrenos baldíos.¿Cómo evitar la corrupción?Por eso todo se maneja desde Bogotá, las decisiones se toman en la capital, así que nadie tiene por qué acercarse a funcionarios en las regiones.¿Cómo define la labor entre entes del Estado para reparar las víctimas?Esta es una lanchita, todos tenemos un remo y como un equipo olímpico halamos para el mismo lado. Vamos a avanzar demasiado rápido. No hay nadie poniéndole palos a la rueda.