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Escrutinios en Colombia se harán el mismo día de la jornada electoral

Gobierno emitió el decreto que reglamenta las medidas de seguridad y electoral para los comicios del 30 de octubre próximo.

27 de septiembre de 2011 Por: Redacción de El País, Bogotá.

Gobierno emitió el decreto que reglamenta las medidas de seguridad y electoral para los comicios del 30 de octubre próximo.

Los escrutinios de las votaciones, que antes se hacían dos días después del cierre de la jornada electoral, comenzarán a las 4 de la tarde del mismo 30 de octubre para que los resultados que se entreguen a la opinión pública no sean de preconteo sino definitivos.Así quedó establecido en el decreto que expidió ayer el Gobierno, con el cual se establecen las medidas de seguridad y de garantías electorales para los comicios del 30 de octubre, cuando se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleas, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales en todo el país.El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que en el decreto se incorporaron las disposiciones que se establecieron en la Ley Estatutaria que reglamentó la reforma política del 2009, y en dicha norma se dejó claro que el día de las elecciones estará prohibida toda clase de propaganda política, comunicados o entrevistas cuyo objetivo sea político o electoral. Únicamente los electores podrán portar la ayuda de memoria, en un lugar no visible, con el nombre del grupo o candidato por quien votará.Sobre el tema de los escrutinios, Vargas anotó que “a partir de las 4:00 p.m, se inician y es responsabilidad de la Organización Electoral garantizar que los testigos ejerzan la vigilancia del proceso a través de las facultades otorgadas en la Ley, para ello recibirán copia de las actas de escrutinio y podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video”. En su momento, el registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez explicó a este diario que la implementación de los escrutinios el mismo día de las elecciones representan $6 mil millones en solo personal, “que implica entre 1.500 y 2.000 personas entre registradores ad-hoc, porque redunda en un mismo día en una persona dos funciones: clavero y escrutador”. Explicó que este procedimiento garantiza la transparencia de los resultados, por lo que dijo que su implementación es un reto para la Organización Electoral.De acuerdo con Vargas Lleras, “el decreto, además de abarcar temas de seguridad, también regula asuntos relativos a la propaganda electoral, al papel de los medios de comunicación, la regulación de encuestas y sondeos y las medidas que se deben cumplir en los comicios”.En materia de orden público, se determinó que la Ley Seca en todo el territorio nacional regirá desde las 6 de la tarde del sábado 29 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 31.Así mismo, estableció que para prevenir la influencia de extranjeros en las elecciones, se dispone el cierre de fronteras (pasos terrestres y fluviales) entre las 4:00 a.m. del sábado 29 hasta las 4:00 p.m. del domingo.El tránsito de vehículos y motocicletas así como de transporte fluvial podrá ser restringido durante el periodo que consideren conveniente los gobernadores y alcaldes, incluyendo el acompañante de las motocicletas. Los mandatarios podrán decretar el toque de queda de conformidad con la situación de orden público de su región.En materia electoral, el decreto establece que a partir de lunes 24 de octubre y hasta un día después de las elecciones, los actos políticos solamente podrán realizarse en recintos cerrados. Los días previos a estas fechas, las manifestaciones y demás actos de campaña deben ser notificados a los alcaldes.Durante la jornada electoral, los medios de comunicación -radio, televisión abierta y por suscripción y los contratistas de canales regionales y locales- podrán informar acerca de la afluencia de votantes. Y al cierre de la misma, podrán suministrar información sobre los resultados electorales provenientes de las autoridades electorales.Se dispuso que los sistemas de transporte masivo así como las empresas de transporte público tienen la obligación de prestar servicio público haciendo uso de mínimo el 80% de su parque automotor.

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