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En Colombia no se necesitan nuevas leyes laborales, dice Angelino Garzón

El vicepresidente Angelino Garzón denuncia acciones conjuntas de guerrilla, bacrim, narcotráfico y delincuencia común. “Estamos asistiendo a la alianza con el diablo”.

10 de abril de 2011 Por: Argemiro Piñeros, Colprensa.

El vicepresidente Angelino Garzón denuncia acciones conjuntas de guerrilla, bacrim, narcotráfico y delincuencia común. “Estamos asistiendo a la alianza con el diablo”.

Tanto por formación personal, como por el ejemplo que le brinda su jefe inmediato, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, es uno de los funcionarios del alto gobierno que atiende las citas a la hora que son. “Intento ser muy cumplido en todos mis compromisos”, dice en la oficina de esa vieja casona empotrada en el centro de Bogotá en donde funciona su despacho.Explica que su tiempo es tan medido porque sus jornadas empiezan a las cuatro de la mañana, cuando se levanta para realizar una larga caminata en algún parque capitalino, condición imprescindible para mantener en buen estado su corazón, luego del susto que le pegó en agosto pasado, cuando fue operado de urgencia.Con el tono pausado de siempre, pero con catorce kilos menos en su cuerpo, Garzón comienza su diálogo hablando del proyecto de Ley de Víctimas. Reconoce que tuvo críticos, incluso dentro del Partido de La U, pero dice que el texto saldrá del Congreso aprobado por mayorías.De los temas laborales dice que Colombia tiene muy buena legislación, pero reconoce que es indispensable que se acaben las cooperativas de intermediación, a las que considera una clara explotación al trabajador.¿Le preocupa que críticas de sectores gobiernistas (del uribismo) al proyecto de Ley de Víctimas frenen su aprobación?No, la ley es una decisión política del Gobierno Nacional, cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los congresistas, queremos que ojalá salga por consenso y aspiramos que sea aprobada antes de junio próximo. Es una ley de reparación y restitución de tierras a las víctimas.¿Cuando dice “ojalá salga por consenso”, a quiénes no ve apoyando la ley?Como todo Congreso que es pluralista, es probable que algunos sectores no la aprueben, pero respetaremos la posición de cada congresista.Pero, ¿qué opina de las continuas críticas del Partido de la U al texto?Vemos que dentro del Partido de la U ya hay una decisión de respaldo a la ley, lo mismo que en el Partido Conservador, así como en Cambio Radical y en el Liberal.¿Le preocupa que se quede por fuera de ese consenso el Polo Democrático?Tengo entendido que en el Polo ya hay debate y que existe una postura de algunos parlamentarios bastante favorable a aprobar el proyecto.¿Cómo garantizarán la seguridad a los líderes a los que les restituyan tierras? Ya los están matando…Este es un proceso que se da en un país que no está totalmente en paz. Por lo tanto, todavía existen organizaciones armadas ilegales que como la guerrilla, las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común, tienen capacidad de hacer daño. Lo importante es que el Gobierno tiene la decisión de no dar marcha atrás, sino de enfrentar la criminalidad y la violencia e implementar la ley cuando ya esté aprobada.¿Pero creen que es suficiente lo que han preparado para darles seguridad a esos líderes campesinos?Estamos diseñando el mecanismo de defensa a estos líderes sociales, mujeres y hombres que luchan por la restitución de tierras, pero somos conscientes de que podemos tener sorpresas por la acción de la criminalidad organizada. Es una gran lucha esta contra la criminalidad organizada y pese a que tenemos voluntad y estamos organizados, somos conscientes de que los criminales tienen capacidad de hacer daño, como ya lo demuestra el asesinato de estos líderes.¿Cuál de los grupos armados ilegales le puede hacer más daño a la Ley de Víctimas en el momento en que se aplique?Todos, en Colombia estamos asistiendo a la alianza del diablo. En muchas partes del país usted se encuentra con que existen acuerdos y acciones públicas conjuntas de guerrilla, bandas criminales, narcotráfico y delincuencia común, no sólo contra el Estado, sino contra sectores de la sociedad civil. Como Estado los estamos combatiendo por igual. Si nos paramos, retrocedemos. En esa lucha mantendremos la línea de conducta de cero tolerancia con la violación de los derechos humanos.¿Es posible acabar esa alianza con el diablo?El Estado está avanzando en esa lucha; a la larga, la violencia hace que estas organizaciones ilegales la tengan perdida, pero aún tienen capacidad de hacer daño y por eso no nos podemos quedar reivindicando avances. Es importante la colaboración de la ciudadanía, es fundamental hacer frente común con el Estado.¿Cree que sí existe ese frente común?Es que creo que estamos en una relación de derechos y deberes, la ciudadanía tiene el derecho a vivir en paz, el Estado tiene el deber de garantizarlo, para lograr esto es cada día más importante la colaboración libre y soberana de la población civil, para seguir teniendo éxitos en esa lucha.Rafael Pardo, el director del liberalismo, propuso una figura similar a la de armar civiles para proteger a los líderes campesinos, ¿la comparte?Me parece que la propuesta hecha por Rafael Pardo tiene la mejor intención de buscar mecanismos que le den tranquilidad y derecho a vivir a la población en las áreas rurales. Ha generado gran debate, discutámoslo. También puede ser que por esa vía fortalezcamos, por ejemplo, la Policía de Carabineros. Lo que sí creo es que hay un común denominador: tenemos que encontrar los mecanismos de protección en las áreas urbanas y rurales.¿Cómo sería esa idea de fortalecer a la Policía montada?, ¿Habría necesidad de otra ley?Son escenarios distintos. Sería muy importante un diálogo entre el Gobierno Nacional y todos los partidos en torno a un gran pacto político y social que permita ese derecho a vivir en paz. A través de esta policía podríamos pensar en aumentar presencia en áreas rurales en labores de contención y protección.Relaciones laborales¿Se hará una actualización del Código Laboral?, más ahora después de las exigencias de EE.UU. para destrabar el TLC…Lo más importante son las facultades que le han dado al Presidente para crear el Ministerio del Trabajo y el de la Salud Pública. Cuando eso se tenga, se avanzará en el cumplimiento de las leyes laborales y la actividad sindical. En Colombia tenemos excelentes leyes laborales que garantizan el respeto a las garantías sindicales. Necesitamos es un mecanismo que se cumpla; por ejemplo, se debe consolidar que todos los empleos estén protegidos por estas leyes, la seguridad social integral y la posibilidad de su libertad sindical. Debemos reivindicar los derechos de los empresarios, pero también los de los trabajadores.Pero en la campaña hablaron claramente sobre actualizar esas normas…Lo que decíamos era que íbamos a hacer una compilación de las normas laborales, con el fin de que el trabajador tenga una herramienta para defenderse mejor, porque nos parece que las leyes están ahí y estamos trabajando en una publicación que recoja toda esa normatividad.¿Eso sería un nuevo Código Laboral?No, en Colombia no se necesitan nuevas leyes laborales. Con las que se tienen se puede proteger el derecho a un trabajo decente, a una seguridad social e integral y también a las libertades sindicales.¿Qué pasará con las cooperativas de empleo?Lo que nosotros hemos criticado es la utilización de las cooperativas como intermediadoras laborales, que son las cooperativas de trabajo asociado. Nos parece que cuando se utilizan así se están prestando a una sobreexplotación del trabajador y terminan violentando la legislación laboral, porque el trabajador está amparado por el régimen comercial y eso es una violación de todas las normas nacionales e internacionales, por eso se tienen que acabar todos los mecanismos que faciliten que a través de cooperativas de trabajo asociado haya esa explotación laboral.El escándalo por los excesivos beneficios de los que gozan los presos recluidos en prisiones militares ¿es una responsabilidad del Gobierno pasado o le cae a este?Nosotros tenemos una responsabilidad de Estado.¿No es incongruente que mientras hay una discusión sobre si las Fuerzas Militares deben ser cobijadas exclusivamente por la justicia penal militar, algunos sectores de ellas abusen de sus derechos?El Gobierno Nacional ha sido reiterativo en que aquellos delitos relacionados con la violación de los derechos humanos y de lesa humanidad no los debe asumir la justicia penal militar, sino la ordinaria. Ahora, cuando se condena a un militar el Estado debe tener cuidado en el sitio en donde se le va a recluir, porque no olvidemos que por su propia acción contra organizaciones armadas ilegales está muy expuesto.¿Comparte la propuesta del Mininterior de llevar a la Cárcel del Guaduas a todos los militares y policías detenidos?Esos son temas que todavía no se han discutido de manera integral en el Consejo de Ministros, creo que lo más importante es que hay voluntad de corregir lo que se requiera.

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