En Colombia, las nuevas leyes pasan, pero sin presupuesto

El trabajo legislativo al final del 2010 dejó un saldo positivo para el Congreso en materia de evacuación de la agenda legislativa planteada por el Gobierno. Sin embargo, ya hay sectores que se preguntan ¿de dónde va a salir la plata para financiar tanta ley?

El trabajo legislativo al final del 2010 dejó un saldo positivo para el Congreso en materia de evacuación de la agenda legislativa planteada por el Gobierno. Sin embargo, ya hay sectores que se preguntan ¿de dónde va a salir la plata para financiar tanta ley?El nuevo escenario planteado establece que en Colombia se aprueban leyes sin que exista un respaldo presupuestal para su aplicación y prueba de ello –según se dijo- son los proyectos de Ley de Víctimas y de la reforma a la salud, que devengarán billones de pesos al Estado, pero no se sabe si los recursos están o habrá que buscar sus financiaciones a futuro.Recursos en dudaEl senador liberal Luis Fernando Velasco dijo que este tema se ha debatido en el mismo Congreso y “existen serias inquietudes al respecto”.Reconoció que “creer que una Ley de Víctimas está financiada no es serio y lo único que se ha hecho es que el Estado proyecta un esfuerzo para cumplirla”, por lo que sentenció: “El que dice como se reordena el gasto es el Gobierno y me imagino que presentará la financiación a la altura del Plan Nacional de Desarrollo”.Una visión semejante la brindó el senador Germán Villegas, quien consideró que los problemas surgen desde el recién aprobado proyecto de presupuesto para este año, el cual, según el congresista, está desfinanciado en poco más de 24 billones de pesos.“El proyecto de presupuesto es deficitario en $24 billones, que representa el 4% del Producto Interno Bruto, PIB. La reforma tributaria garantizaría $5 billones para el 2012, pero eso no le hace cosquillas a las necesidades del país”, aseguró el congresista.Para Villegas es evidente que tanto el Congreso como el Gobierno estarían incurriendo en ilegalidades, porque la presentación y aprobación de un proyecto sin sustento presupuestal ya está reglado por la legislación nacional, pero advirtió que “eso no se tiene en cuenta”.Por ello, explicó que “la Ley 819 de 2003 dice que no se puede aprobar una ley si su costo fiscal no está definido” y añadió que esto redunda en lo que se aprueba, debido a que cuando se habla de los asuntos relacionados con desplazados y salud “son cantidades muy grandes” que ya representan “boquetes” en las finanzas del Estado.Villegas reconoce que la aprobación de las leyes que demandan recursos, como la de víctimas, obligará a que se recurran a reformas tributarias severas y la apropiación de recursos adicionales, como la de una eventual bonanza minero-energética. “Es un panorama muy complejo”, recalcó.A su turno, el senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda comparó la situación con lo que le sucede al sistema judicial. Aseguró que en el Congreso se aprobó una ley de responsabilidad penal de adolescentes, pero “no se han adecuado las cárceles especiales, en el tema de prevención de delitos por parte de estos menores no se trabaja, no hay pedagogía”.El senador Manuel Enríquez Rosero consideró que el tema de la desfinanciación es delicado. “Aprobamos una reforma en salud, donde supuestamente vamos a equiparar los regímenes subsidiado y contributivo, vamos a alcanzar la universalización, pero eso vale más de dos puntos del PIB, y no sabemos el Gobierno de dónde va sacar ese presupuesto”. Agregó que a esto se le suma la inversión que se debe hacer por la emergencia invernal.Enríquez sentenció: “Aquí estamos aprobando una serie de leyes sin mayor sustento económico”.Respuestas del Gobierno Pese a las críticas sobre la financiación de los proyectos, especialmente el de Víctimas, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, insistió en que si bien es casi cuantificar ahora el número de víctimas de la violencia, esta es una ley que se aplicará en los próximos diez años.El titular de la cartera le respondió al Congreso que parte del dinero para las víctimas estaría a cargo de los fiscos municipales y departamentales. La obligación primaria de la reparación recae en el victimario, por lo que la responsabilidad del Estado llega a ser subsidiaria en caso de incumplimientos.Para frenar la ley, el anterior Ejecutivo, a través de comunicado, aseguró que “el Gobierno Nacional ha pedido que no se apruebe el Acta de Conciliación porque un costo superior a los $80 billones crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”.La Ley 819Establece que “el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.Añade que “los proyectos de ley que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos”.