El documento con el que Pizano advirtió a Corficolombiana sobre Odebrecht

“¿Y existen informes suyos (sobre) qué fue lo que a usted le pareció sospechoso de esos pagos?”.

La pregunta se la hicieron al fallecido exauditor de Corficolombiana, Jorge Enrique Pizano, en medio del testimonio que rindió ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que buscaba resolver un conflicto entre la Concesionaria Ruta del Sol y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

La declaración, a la que Colprensa tuvo acceso, fue rendida el 23 de enero de este año y en ella Pizano ratifica que, en su momento, entregó la información de irregularidades a las directivas de la firma de la cual fue despedido.

Bajo la gravedad de juramento señaló que de las “investigaciones fue informado Corficolombiana, fue informado Odebrecht y las investigaciones fueron en el año 2015, las cuales fueron realizadas por el Grupo Aval, por la vicepresidencia del contralor del Grupo Aval, la cual le realizó unas serias observaciones a Odebrecht sobre los contratos firmados y lo que conllevó fue a las modificaciones de los estatutos (sic)”.

Esta sería la segunda prueba de que Pizano sí dio a conocer las anomalías que se entretejieron en torno a los contratos falsos que desde varias compañías se suscribieron para pagar los millonarios sobornos que tienen como protagonista principal a la constructora brasileña Odebrecht.

Según las cuentas de la Fiscalía, los contratos simulados en Ruta del Sol tendrían un monto de $65.000 millones, que habrían sido pagados a las firmas Consultores Unidos Colombia, Consultores Unidos Panamá, Profesionales de Bolsa, SION y TTU (Técnicas Territoriales y Urbanas).

Justamente los abogados del Tribunal de Arbitramento le preguntan acerca de los contratos y del monto que le giraron a la firma Consultores Unidos, a lo que Pizano responde que “son variados, como $8000 millones, aproximadamente”.

Consultores Unidos tuvo como representante legal a un recordado personaje en el mundo de la banca nacional: Eduardo José Zambrano Caicedo, quien hace años se vio envuelto en un escándalo relacionado con el ya desaparecido Bancoquia.

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Su nombre también aparece en un testimonio que rindió ante el Consejo de Estado en el expediente por la pérdida de investidura de los senadores ‘Ñoño’ Elías y Plinio Olano Becerra.

Ante ese alto tribunal, Zambrano Caicedo (también detenido por el escándalo Odebrecht), relató que “por solicitud de Eleuberto Martorelli, (entonces presidente de la empresa brasilera), incrementó el valor de dos contratos celebrados con esa firma, cuyos excedentes, que sumaron más de $10.000 millones, fueron entregados a Federico Gaviria y Plinio Olano”.

Pizano padecía un cáncer. Su salud se había deteriorado notoriamente y su muerte, rodeada de un escándalo por el hallazgo de un tarro de cianuro en su finca, fue producto de un infarto, conforme al dictamen de necropsia elaborado por un médico del hospital de Facatativá.

Su dolencia también fue de conocimiento de los árbitros de la Cámara de Comercio, a los que en medio de una de sus contestaciones les manifestó: “Perdón, señores del presente Tribunal, yo estoy en un proceso y tengo cáncer y es un proceso de quimioterapias… responderé lo que me acuerde y puedo responder; los procesos de quimioterapias, ustedes deben saber, son procesos muy complicados y no es que me estén borrando el disco duro, pero sí tengo problemas de que a veces no tengo certeza de ciertas cosas”.

En su testimonio, Pizano deja en claro que los informes sobre los contratos cuestionados le fueron entregados a “Alberto Mariño Samper (miembro de la junta directiva de la concesionaria), a un miembro de la junta directiva por parte de Episol, y al doctor Rafael Eduardo Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval”.

Este conglomerado está en la picota pública tras las revelaciones de los audios que el mismo Pizano entregó a varios medios de comunicación, antes de morir, y que dan cuenta de las conversaciones que tuvo con el entonces abogado del Grupo, Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general de la Nación.

A raíz de ello, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del emporio financiero, envió un comunicado a los colaboradores de las empresas que hacen parte de Aval dando su versión de los hechos. Dice que “convencidos de la importancia de contribuir al desarrollo de la infraestructura vial de Colombia, en 2009 nos asociamos como socios minoritarios y no operadores de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol (…) Con esta asociación obtendríamos esencial y necesaria experiencia que en el momento no teníamos en la construcción de mega carreteras”.

Aunque no lo menciona directamente, en la misiva que llegó a través del correo institucional, Sarmiento se refiere a Odebrecht como “nuestro socio, (que) lejos de merecer reproche alguno, era considerado a nivel global como uno de los principales ejemplos de conocimiento y profesionalismo”.

Ese mismo socio es el que hoy los tiene contra las cuerdas. Y, para el Presidente de la firma, están “siendo víctimas de acusaciones falsas e irresponsables”, aunque no precisa cuáles.

El 4 de diciembre tendrá lugar un debate de control político en el Congreso, a propósito del por el caso Odebrecht, contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el cual será liderado por el senador Jorge Robledo.

Como auditor de Corficolombiana, Pizano tenía bajo su responsabilidad el Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo, Sarlaft. Esta plataforma, que depende de la Unidad de Análisis de Información y Análisis Financiero, tiene como objetivo evitar que al sistema financiero nacional ingresen recursos de actividades ilícitas, así como detectar y reportar operaciones sospechosas con las que se pretendan dar apariencia de legalidad.

El también llamado excontroller encontró anomalías en el manejo de esta plataforma y así se lo expuso a los integrantes del Tribunal, a quienes les precisó que el sistema Sarlaft fue presentado ante la junta directiva el 22 de septiembre de 2012.

“Se entregó un manual a todos los funcionarios en donde se determinaba cuáles eran los objetivos, sus políticas, sus procedimientos y básicamente el conocimiento de los contratistas (…) cuáles eran los instrumentos que se tenían para detectar situaciones inusuales, cuáles eran las alertas que quería”, expuso Pizano.

El exauditor les confió a los árbitros que se hicieron capacitaciones, se elevaron las advertencias y se entregaron las recomendaciones de rigor, pero que, pese a ello, detectó que hubo contratistas que no habían surtido ese procedimiento. Por estas inconsistencias se levantaba un memorando a cada una de las áreas responsables.

“Yo informaba y no solamente a Corficolombiana, sino que como era mi obligación, al presidente de la concesionaria y a los gerentes de las áreas. Es que debemos de tener claro que el administrador de la concesionaria era el socio mayoritario de acuerdo con estatutos, que era Odebrecht. Es más, he informado a la Fiscalía General de la Nación de aquellos informes que me ha solicitado la misma Fiscalía cuando fui citado el año pasado en mayo, por la fiscal 80, Amparo”, enfatizó.

La fiscal a la que hace referencia es Amparo Cerón, quien ha llevado la investigación por este escándalo y la misma que en octubre pasado tuvo un accidente de tránsito en Chile, mientras estaba de paseo con su familia. Por la gravedad de las lesiones, aún no se ha reincorporado a su cargo, donde la esperan muchas preguntas por resolver.

La vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, solicitó al superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano Vegalara, adelantar las investigaciones correspondientes contra la firma brasileña Odebrecht y evitar que esta vuelva a contratar con el Estado durante 20 años.

”En el caso de Odebrecht, han llegado al descaro de pedirle al Gobierno Nacional un acuerdo de reparación integral, con el argumento de que si nos dan unos recursos entonces el Gobierno se comprometa a suspender las acciones legales en su contra”, dijo Ramírez.

Agregó que no piensan concederle esa petición a la firma y sostuvo que junto a Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, se está buscando que la firma asuma todas las responsabilidades a nivel jurídico.