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El 'descache' de la judicatura que hizo eco en las cárceles

El hacinamiento en las cárceles de Colombia se ha convertido en una ‘bomba de tiempo’, que de no hallarle pronta solución podría convertirse en el principal dolor de cabeza para las autoridades competentes.

23 de marzo de 2013 Por: Elpais.com.co | Colprensa

El hacinamiento en las cárceles de Colombia se ha convertido en una ‘bomba de tiempo’, que de no hallarle pronta solución podría convertirse en el principal dolor de cabeza para las autoridades competentes.

El hacinamiento en las cárceles de Colombia se ha convertido en una ‘bomba de tiempo’, que de no hallarle pronta solución podría convertirse en el principal dolor de cabeza para las autoridades competentes. Sin embargo, los intentos por atacar el problema han llevado a proponer salidas que parecen no apuntarle a nada nuevo. Es precisamente lo que sucede con la propuesta que en días pasados dio a conocer la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a través de su presidente el magistrado Wilson Ruiz, la cual consiste en brindar un indulto a las personas que incurran en delitos políticos. Este planteamiento ha sido calificado por los analistas como desatinado y poco novedoso, partiendo del argumento que dicha amnistía ya está contemplada en la Constitución. Y es que la preocupación que surge en torno al tema no es para menos, si se pone a consideración que en el país la población carcelaria pasó de 35 mil internos hace 10 años, a más de 85 mil al día de hoy, lo que representa un incremento anual, en promedio, del 14,3 por ciento. En Colombia existen 142 centros carcelarios, que pueden alojar 75.726 internos. En esas instalaciones, actualmente hay 114.579 presos, entre 37.974 sindicados y 76.605 condenados. Según el Ministerio de Justicia, a enero de 2013, el hacinamiento en las cárceles de todo el país alcanzó el 51,3 por ciento. En su mayoría estas cifras representan personas que han sido llevadas a prisión por incurrir en los llamados delitos comunes, tales como robo, homicidio, violación, entre otros. Estas cifras presentadas por el Ministerio de Justicia hacen que la propuesta de la Judicatura sea criticada, pues el fundamento de la misma es brindar indulto a quienes estén presos por delitos políticos y no para los recluidos por los ya mencionados delitos comunes. En el país existen actualmente entre 9.500 y 22.000 personas sancionadas penalmente por delitos políticos y conexos como rebelión, sedición y asonada. Esto representa entre 12 y 18 por ciento del total de la población carcelaria nacional. Estas personas en su mayoría son trasladados a centros carcelarios especiales como la Escuela de Caballería del Cantón Norte, donde actualmente se encuentra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias; el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en la que permanece la excongresista Dilian Francisca Toro. El descache de la propuestaEl abogado penal Abelardo De La Espriella, aseguró que la propuesta de la Judicatura no es nueva teniendo en cuenta que el indulto para delitos políticos ya está contemplado en la Constitución. “Realmente esa propuesta no resolvería en absolutamente nada el problema del hacinamiento en las cárceles, ese problema tiene que ver con el alto número de personas vinculadas a delitos como el hurto o el homicidio, conductas que no serán cobijadas”, indicó. Para el jurista, llevar a cabo una enmienda constitucional sería una oportuna salida al citado problema. “La propuesta es interesante pero habría que hacer una enmienda constitucional en la que se autorizara al Presidente de la República indultar a cualquier persona, tal cual lo contemplan otros países. Ese sería un mecanismo interesante para combatir el hacinamiento en Colombia que raya en la locura”, agregó. Otra medida contemplada por la Judicatura, -para delitos políticos-, es concientizar a los jueces para que no envíen a todas las personas a la cárceles sino que, por el contrario, les permitan la detención domiciliaria. Ya que como lo ha explicado el magistrado Ruiz “a los jueces les da miedo dar la libertad por temor a ser investigados disciplinariamente”. No obstante, para el ex presidente de la Corte Constitucional y analista José Gregorio Hernández, el contenido de la propuesta de la Judicatura no es apropiado y reitera que ya está contemplada en la Constitución. “Es una medida un poco inapropiada para el objetivo; porque la mayoría de personas que están en las cárceles están condenados o en detención preventiva pero por delitos comunes respecto de los cuales no cabe el indulto ni la amnistía”, explicó. Agrega que “los que están por delitos políticos no corresponden ni a una mínima parte de los que están congestionando las cárceles, entonces se me hace que es una medida que no va tener mayor efecto práctico. Además, porque los que incurren en delitos políticos están en reclusiones especiales o por fuera, por ejemplo los guerrilleros”. Pero para el ex magistrado no solo el contenido de la propuesta raya con la realidad, sino que el tiempo que tiene el Congreso para aprobarla es relativamente corto. “Hay que tener en cuenta que la ley del indulto tiene que ser tramitada en el Congreso y eso se demora. La verdad no creo que alcance a salir en la legislatura que finaliza el próximo 20 de junio. Y si queda para el otro semestre, no sería eficaz porque la congestión está presente y la descongestión no da tiempo, para eso habrá que adoptar una medida de emergencia”, indicó. Hernández precisa que el fenómeno del hacinamiento no es solo problema del actual Gobierno. “Hay una crisis de grandes proporciones a la que los Gobiernos no le han querido prestar atención y ahora vienen a solucionar con una medida que no parece ser eficaz ni oportuna. De aquí a que se adopten medidas efectivas se incrementarán las enfermedades y se prologará la verdadera tortura para los presos”, dijo. Así las cosas, la propuesta de la corporación judicial al parecer solo contribuyó para visibilizar el problema del hacinamiento carcelario, con las duras críticas que en ese sentido ha recibido el Gobierno, el Inpec y en general la administración de justicia. El nuevo código penitenciarioEl Gobierno en su necesidad por atacar el problema de hacinamiento radicó esta semana a través de la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, el proyecto del nuevo Código Penitenciario, el cual busca la descongestión de los penales del país y entre sus medidas más importantes se encuentra la creación de cárceles para los sindicados que estarán a cargo de los municipios. “La norma que rige en este momento dijo que se deberían construir cárceles para detención preventiva en los municipios y departamentos. Con este nuevo Código esa obligación es reforzada, hoy en día la sobrepoblación que es cercana a las 40 mil personas. Si dividiéramos 1.200 municipios entre las personas detenidas cada uno de ellos debería hacerse cargo, más o menos, a 30 detenidos, a eso le apunta la propuesta”, sostuvo la Ministra. La jefe de la cartera de justicia aseguró que en este momento se están buscando los recursos para la construcción de los nuevos penales en colaboración con el Ministerio de Hacienda, y aseguró que sin esa destinación ya se está trabajando en un proceso de ampliación de los penales a través de las alianzas público-privadas. La denuncia Eduardo Ortiz, quien lleva más de cinco años privado de la libertad por el delito de tentativa de homicidio, asegura que el hacinamiento en la cárcel La Modelo de Bogotá es insoportable y que lo que más necesitan es atención médica. “Hay celdas donde duermen hasta 10 personas, y esas celdas están hechas para que duerman solo cuatro. El hacinamiento es terrible, todo es inhumano, la alimentación es muy poca, no hay casi médicos y hay mucha gente enferma, de verdad que lo que más necesitamos es ayuda en el tema de la salud”, precisó el recluso. Los internos del penal han presentado una serie de peticiones entre las que resaltan “el beneficio administrativo hasta 72 horas, vigilancia electrónica, principio de libertad para los jóvenes que han llegado por incurrir en delitos por primera vez, más eficiencia del área administrativa del Inpec, resolución favorable, cómputos y los documentos de liberación”.

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