“El conflicto no es la única fuente de violación de los derechos humanos”: Guillermo Rivera

El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, dice que las víctimas han sido más visibilizadas.

Con el reto de avanzar en el tratamiento público y político de los derechos humanos, la Presidencia de la República priorizó la Consejería encargada de este tema, especialmente, cuando el país parece entrar en la recta final para alcanzar la paz. Lea también: Aunque hay avances con la paz, Colombia deberá atender derechos humanosAun así el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, reconoce que, además del conflicto armado, hay múltiples factores que históricamente han vulnerado los derechos de los colombianos. Según cifras oficiales, en 2014 fueron perpetradas cuatro veces menos masacres que en 2009 y se registraron cinco veces menos víctimas que en ese mismo año. En cuanto a homicidios de alcaldes y concejales, se redujo a la mitad el número de mandatarios asesinados frente al 2009 y se han presentado dos veces menos muertes violentas de concejales. Y aunque en varios escenarios Colombia se sigue ‘rajando’ en derechos humanos, Rivera dijo a Colprensa que este es el Gobierno más comprometido en la historia en esa materia. A inicios de 2014 la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia presentó un informe negativo. ¿Qué ha hecho el Gobierno para cambiar ese panorama? El 2014 fue el mejor año en materia de derechos humanos y este ha sido el Gobierno más destacado en la historia del país frente a esa política. Las cifras hablan por sí solas, ese fue el año en que, comparativamente hablando frente a otros años, se registró uno de los niveles más bajos de homicidios en las últimas tres décadas.También se ha disminuido el desplazamiento forzado, el más recurrente en el universo de delitos que hacen parte del catálogo de violaciones a los derechos humanos. A julio de 2014 se presentaron cinco veces menos casos de desplazamiento, pasando de 226.470 personas expulsadas en 2009 a 43.101 a noviembre de 2014. Hay muchas denuncias de organizaciones sobre constantes amenazas que reciben defensores de derechos humanos, activistas y reclamantes de tierras. ¿Qué se está haciendo al respecto? Lo que ha ocurrido es que las víctimas y los líderes de víctimas se han visibilizado porque a partir de la aplicación de la Ley de Víctimas, ellos han acudido a reclamar los derechos que esa ley consagra. Y los intereses criminales que todavía hay sobre muchas tierras en el país son los que han causado que se atente contra la integridad de muchos líderes. El Gobierno está protegiéndolos. Hoy el número de protegidos por la Unidad de Protección es de los más altos de la historia del país. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que, a pesar de las dificultades fiscales por las que atraviesa el Gobierno, no habrá disminución de las medidas de protección para los líderes de organizaciones de víctimas. Usted hizo parte de la construcción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero sectores afros, indígenas y LGBT siguen demandando más atención del Estado... El conflicto armado es la principal fuente de violación de derechos humanos, pero no la única. Estamos trabajando en una modificación del decreto de la mesa de casos urgentes que atiende las quejas o denuncias que se presenten por discriminación o por atentados a miembros de la comunidad LGBT. La Policía tiene una oficina dedicada a atender esos casos, incluso hay una policía que hace parte de esa comunidad. Eso lo que muestra es una gran apertura de las instituciones del Estado, un sentido pluralista para reconocer la diferencia, para respetarla y asegurarse de que los colombianos respeten la diferencia. ¿Y los otros grupos? Este Gobierno se ha caracterizado por ser respetuoso del diálogo con las comunidades; no estigmatiza la protesta social, por el contrario, la atiende y dialoga con quienes las realizan. Cada semana funcionarios del Gobierno están en las regiones del país dialogando con líderes buscando soluciones. En el 2013 se lideró un proceso de construcción de la política pública en derechos humanos ¿cómo resultó ese trabajo? La estrategia de garantía de los derechos humanos es el fruto de un proceso participativo que se desarrolló en todo el país, del que hicieron parte cerca de 20 mil colombianos entre los 32 departamentos; cerca de nueve mil organizaciones y dos mil funcionarios del Estado. Estamos ahora en el proceso de confección del Plan Nacional de Desarrollo y pretendemos que las líneas gruesas en materia de derechos humanos que fueron construidas con la gente hagan parte de ese Plan. ¿Qué papel está jugando la comunidad internacional en materia de derechos humanos en el país?Está jugando un papel muy activo. Contamos con una alta cooperación de comunidad internacional y ellos están muy comprometidos y valoran mucho el esfuerzo que el Gobierno Nacional hace en esta materia. Hay instancias internacionales que han cuestionado que, en el marco del proceso de paz, se contemple la opción de que solo algunos jefes de la guerrilla terminen cumpliendo condenas. ¿Qué responde la Consejería? El Gobierno Nacional lideró en el Congreso de la República una reforma constitucional o acto legislativo para la paz. En ella están previstos los principios orientadores de la justicia transicional, que tendrá que ser desarrollada a través de unas leyes. Pero esos principios de justicia transicional parten de garantías para los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. ¿Cuál es el reto de la Consejería a su cargo para este 2015 ante una eventual firma de la paz?Lograr que las líneas gruesas de la estrategia nacional de derechos humanos estén consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo; construir un plan de acción del que hagan parte empresarios, sociedad civil y Gobierno en materia de derechos y tener un compromiso de los empresarios para que su actividad sea respetuosa con esas garantías. Finalmente, tenemos el propósito de incidir en planes territoriales y de ir a las regiones a contar el propósito que tiene el Gobierno Nacional de que la paz no es solo ponerle fin al conflicto, sino también las garantías para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.