Zona Diamante
Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló con El País sobre la crisis que afronta el Estado y sus finanzas con la epidemia desbordada de demandas.
¿Por qué se convirtió en una epidemia demandar al Estado?
Eso se ha vuelto un hobby en Colombia; casi como una disciplina deportiva porque es que aquí demandar al Estado no tiene costo. El litigio en contra del Estado es muy fácil y la gente pide cientos de miles de millones de pesos, por no decir billones. No existe un mecanismo adecuado para compensar al Estado cuando el Estado gana una demanda, ni costas paga el demandante. La ley es tremendamente laxa y permite que cualquier persona por cualquier razón, sea la más frívola, lo pueda hacer.
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¿No existe límite a esas pretensiones?
De ninguna naturaleza. Entonces encuentras unas demandas absurdas donde no se guarda ningún tipo de relación ni con los hechos ni con las pruebas y que son únicas en Colombia porque la ley es una ley hecha en contra del Estado; el Estado en materia de litigio juega con dados cargados. Tanto la ley como la jurisprudencia han hecho que ganarle al Estado sea muy fácil; hay una industria montada de litigios contra el Estado tremendamente rentable, donde destinamos casi dos billones de pesos anuales para pagar esas demandas.
¿Carteles de abogados?
Cuando hablo de industria no me refiero necesariamente a actos ilícitos, aunque sin duda los hay; pero esta es una industria enorme de por lo menos 27.000 abogados dedicados a demandar el Estado. La ley está hecha para que obtener resultados sea muy fácil.
¿Cómo se mueve esa industria?
Generalmente van consiguiendo poderes, representando personas, inventándose causas, conformando acciones populares, de grupo o de responsabilidad estatal. Acciones jurídicas montadas que están generando la transferencia más inequitativa del país, de cerca de $2 billones anuales del bolsillo de los colombianos a estos abogados.
Pero quien gana la reparación económica es el ciudadano demandante...
Cuando usted indaga sobre la forma como funciona esta industria, ve que muchas veces el abogado se queda con el 80% de la reclamación. Quienes defienden este sistema dicen que ‘es una manera de proteger los derechos de los ciudadanos’, eso es paja. El abogado se queda con una proporción altísima del dinero y lo que le corresponde al ciudadano es muy poco. Lo que antes era la cuota litis del 20% o 30% hoy en día es hasta el 80% y en muchos casos ‘compran los poderes’ y el abogado litiga a nombre de la persona y cuando llega el fallo se queda con el 100%.
Si las demandas son absurdas, ¿por qué hay jueces que las aceptan?
Yo tengo la mejor impresión de la justicia colombiana y creo que los jueces son muy serios en la mayoría de los casos. El problema está en la ley y en la jurisprudencia porque el juez falla de conformidad con la norma; y si la ley ha trazado unos parámetros de responsabilidad absurdos, pues el juez será obligado a fallar absurdamente. Pero sí creo que los jueces pueden ser más estrictos en la admisión de demandas frívolas porque están siendo extremadamente laxos, admitiendo, por ejemplo, acciones de grupo sin la debida conformación de los grupos.
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¿No sería raro entonces que prosperen demandas de detenidos como Guido Nule y Carlos Palacino?
El problema es que existe una jurisprudencia muy extendida donde ya se genera prácticamente una responsabilidad objetiva del Estado por la violación injusta de la libertad. Es decir, un policía captura un atracador en flagrancia y lo lleva donde un juez; el fiscal pide que se le dé medida de aseguramiento y el juez le otorga la medida y si por alguna razón no es condenado, hay una responsabilidad automática del Estado por esa privación de la libertad y se han trazado unos montos locos por dos y tres mil millones de pesos co unas probabilidades altísimas de ganar.
Incluso, los políticos corruptos que se roban el erario, los detiene, no acaban siendo condenados y entonces demandan al Estado y eso hace que la Fiscalía General de la Nación o la Rama judicial estén entre las cinco entidades más demandadas del Estado con $15 billones o $17 billones cada una.
¿Existe un fondo en el Estado para hacerle frente a estas contingencias?
Se está creando el fondo de contingencias. Por ahora los recursos están saliendo de un rubro que se conoce como ‘sentencias y conciliaciones’, pero ese rubro se quedó corto. En este momento hay acumulados $4 billones que no se han pagado porque no hay suficiente dinero y con el increíble absurdo de que esa plata que no se paga de sentencias tiene una tasa de interés anual del 32%. Eso hace que en dos años o dos años y medio, el valor de esa sentencia se doble. No existe en Colombia mejor inversión que ganarle un pleito al Estado y esperar a que el Estado algún día le pague porque eso es un título valor que se le va a valorizar al 100% en dos años y medio.
¿Quién debe promover ese cambio en la ley para evitar más el desangre?
La agencia ya tiene el estatuto de defensa del estado; es un proyecto de ley que esperábamos presentar al Congreso y al próximo gobierno porque sea quien sea el próximo presidente, va a tener que abordar el problema de las demandas en contra del Estado.
¿Qué tan eficiente ha sido la Agencia de Defensa Jurídica a su cargo?
La agencia ha funcionado muy bien y en este momento estamos ganando muchas más demandas y, cuando perdemos, pagamos menos dinero de lo que pagábamos antes. Es decir, se gana el 55% de las demandas y por el 45% que se pierde se pagaban antes $40 por cada $100 pretendidos por el demandante; hoy se pagan $20. Sin embargo, el número demandas crece exponencialmente y llegará el momento en que sea imposible frenar el problema.
¿Cómo puede el Estado defenderse en 500.000 procesos al tiempo?
La agencia no adelanta los 500.000 procesos; adelantamos un trabajo muy selectivo y escogemos cuándo intervenir, dependiendo de criterios como la cuantía de la demanda y el impacto que esa decisión puede tener en materia de precedentes, de jurisprudencia. La defensa está en cabeza de las entidades y ese modelo ha funcionado bastante bien. Lo que pasa es que si no hay un cambio de reglas, por mucho que la agencia se esfuerce, no podremos contener esta epidemia.
