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Defensoría del Pueblo denuncia que crisis de salud en Chocó continúa

La entidad advirtió que acudirá ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Constitucional para informar un nuevo incumplimiento del Estado para superar la "grave" crisis de la salud en Chocó.

7 de julio de 2016 Por: Elpais.com.co | Colprensa.

La entidad advirtió que acudirá ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Constitucional para informar un nuevo incumplimiento del Estado para superar la "grave" crisis de la salud en Chocó.

La Defensoría del Pueblo alertó por la situación del sistema de salud en Chocó, a pesar de que la Corte Constitucional les ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de ese ramo presentar un informe con las medidas de prevención y mitigación, frente a esta problemática en la región.

En ese sentido, la entidad advirtió que acudirá ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Constitucional para informar un nuevo incumplimiento del Estado encargadas de tomar medidas para superar la "grave" crisis de la salud en Chocó.

La discusión por este caso se remonta a la expedición del Auto 282 de 2016 de la Corte Constitucional, en el que se fija un plazo para que las entidades del gobierno presentaran un informe con las disposiciones encaminadas a mitigar la problemática que afecta los derechos de la población.

"La Defensoría ha manifestado en distintos escenarios que la crisis de la salud en ese departamento trasciende también la órbita de Quibdó y del centro hospitalario, y pasa por situaciones como la baja cobertura de agua potable y saneamiento básico, las barreras de acceso para la población indígena, los inconvenientes en materia de aseguramiento debido a la insuficiente cobertura, supervisión y oferta tanto de las EPS como de las IPS; y la desnutrición infantil", indicó la Defensoría.

La entidad advirtió que mantendrá las labores de verificación en el terreno, e insistirá en la elaboración y puesta en marcha de un plan con acciones inmediatas para que se garanticen los derechos fundamentales de, al menos, 500 mil habitantes afectados.

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