Decisión de Consejo de Estado 'revive' participación en política de Piedad Córdoba

El alto tribunal tumbó la segunda sanción de destitución e inhabilidad que la Procuraduría le había interpuesto a Córdoba.

La exsenadora Piedad Córdoba podrá participar de nuevo en política, luego que el Consejo de Estado tumbara la segunda sanción de destitución e inhabilidad de catorce años que la Procuraduría le había impuesto. Esta vez por una supuesta financiación de dinero a un candidato al Congreso.

Ya el pasado 9 de agosto la Sala Plena del Consejo de Estado había anulado una sanción de destitución e inhabilidad por 18 años impartida a Córdoba por presunta asesoría a las Farc, en hechos ocurridos en 2008.

Ese fallo ordenó indemnizarla con el pago de los salarios que dejó de recibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, cuando finalizaba ese período legislativo. 

La segunda sanción fue dispuesta por entregar 25 millones de pesos, en 2010, a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico en las elecciones legislativas de aquel año.  

En ese momento, la Procuraduría alegó que Córdoba incurrió en una falta gravísima a título de dolo por incurrir en una financiación ilegal.

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Danilo Rojas, señaló que no hubo pruebas que evidenciaran el supuesto pago y antes bien, dijo que la sanción se basó en conjeturas que no eran suficientes para afectar los derechos políticos de Córdoba.

“La Sala concluyó que la Procuraduría se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario”, precisó Rojas.

La magistrada ponente, Sandra Lisseth Ibarra, señaló que no se ordenó una indemnización a favor de Córdoba puesto que la dirigente liberal expresamente pidió que solo fuera revisada la sanción y que no tenía pretensiones económicas.

Ibarra explicó que en este caso se encontró un papel en los cuadernos de Montenegro con el nombre de Córdoba y que se llamó a declaración a la contadora del Partido Liberal “y, ella, sin ningún documento, afirmó que la senadora había donado esos 25 millones”.

“A nivel del análisis de la prueba se encuentra que ella no fue así, se obtuvieron otros documentos que permitieron establecer que no había prueba cierta. Había indicios de que de pronto se había dado una plata. Se llama conjetura pero para sancionar en materia disciplinaria o en materia penal, el indicio no es plena prueba porque juega con la vida de las personas y sus derechos”, dijo Ibarra.

La magistrada explicó que el Derecho Disciplinario excluye el indicio para emitir estas sanciones e indicó, que en todo caso, no hubo un llamado de atención a la Procuraduría por la actuación realizada en este proceso.

Ibarra explicó que contra esta decisión no hay ningún recurso que pueda revocarla pues solo caben recursos de aclaración. "La sentencia es definitiva y una vez sea publicada el día de hoy cobra vigencia", señaló.