La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el proyecto de ley que pretendía bajar los aportes en salud de los pensionados del 12 % al 4 %.
Los magistrados avalaron los argumentos del Gobierno, el cual había presentado objeciones a la ley aprobada por el Congreso, el cual estableció una exención tributaria sin el aval gubernamental, algo que es inconstitucional.
La aprobación de dicha ley causó un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo: el primero aprobó la ley a pesar de las reservas del Gobierno, este la devolvió argumentando que dicha iniciativa generaría un hueco fiscal y el Congreso dejó la propuesta como estaba, con un resultado de 60 votos a favor, a pesar de que hubo propuestas para dejar la rebaja de la cotización solo para quienes devengaran pensiones inferiores a los cuatro salarios mínimos legales mensuales.
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Uno de los congresistas que defendió ante todo la conveniencia del proyecto fue el entonces presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien siempre manifestó que dicha iniciativa fue una promesa de campaña durante el proceso de reelección del presidente Juan Manuel Santos.
Para el Gobierno no era clara la forma en la que se iban a sustituir los recursos que dejarían de aportar unos 4,4 millones de colombianos, con lo que el sistema dejaría de recibir unos 3,7 billones de pesos, entre 2017 y 2022.