Zona Diamante
La Contraloría General de la República evidenció irregularidades en
pagos relacionados con las enfermedades de hemofilia y de Von Willebrand en los departamentos de Caquetá y Bolívar. Esto motivó el que se abrieran procesos de responsabilidad fiscal por más de $27.000 millones.
“La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en el departamento de Caquetá auditó los contratos suscritos por la Gobernación, con las empresas Suiphar de Colombia S.A., y con Distrimedical’s S.A.S., para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza enriquecido con Factor de Von Willebrand”, explicó el ente de control.
De acuerdo con la entidad, los contratos se suscribieron por $7433 millones, con destino a la atención de 5 usuarios diagnosticados de hemofilia severa, dejando en evidencia que la Secretaría de Salud de Departamental no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios, permitiendo el pago con base en documentos que no fueron emitidos por las IPS, tal y como lo pudieron certificar el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la Unidad Oncológica Sur Colombiana, el Hospital María Inmaculada, así como los supuestos médicos tratantes.
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Asimismo, se pudo establecer que los contratistas hicieron entrega de medicamentos que no cumplían con las especificaciones técnicas del contrato generando un detrimento de más de $7.433 millones.
Por estas irregularidades es investigado el exgobernador de Caquetá Víctor Isidro Ramírez Loaiza, al Secretario de Salud de la época, Luis Eduardo Campo Castillo, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.
Bolívar
En el caso de la Gobernación de Bolívar, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal al evidenciarse que la Secretaría de Salud del departamento realizó una serie de pagos en cuantía superior a los $20.000 millones, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos que deberían haber sido asumidos por las EPS donde los mismos se encontraran afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento integral de dicha enfermedad se encontraban cobijados dentro del POS.
"Obviando la reglamentación vigente sobre la materia, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. – Asistegral, por la atención integral de pacientes hemofílicos", explicó la Contraloría.
Por este caso, el ente de control abrió investigación al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, las IPS beneficiarias de los pagos, la entonces Secretaria de Salud Ana María del Carmen Álvarez y Bertha María Pérez Jiménez, quien ocupó la misma posición en calidad de encargada.
Asimismo, otros funcionarios que serán investigados son la Directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Nacha Newball Jiménez y el auditor médico del departamento para la época, Luis Eduardo Ortiz Herrera.
