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Contraloría archivó investigación por 'Vuelos Fantasma' de la Armada

La investigación involucraba a personal de la Armada Nacional y el Comando de Infantería de Marina, a quienes acusaban de detrimentos patrimoniales.

15 de diciembre de 2014 Por: Elpais.com.co | Colprensa

La investigación involucraba a personal de la Armada Nacional y el Comando de Infantería de Marina, a quienes acusaban de detrimentos patrimoniales.

Tres años después de iniciada una investigación fiscal que involucraba a la Armada Nacional y al Comando de Infantería de Marina, enredados en supuestos detrimentos patrimoniales por más de $2.000 millones, todo por cuenta de varios vuelos para el transporte de personal y equipos de esa Institución, la Contraloría General de la Nación confirmó el archivo de dicha investigación. Esta última determinación ratifica lo que dispuso la Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad el 30 de abril pasado, pues no se encontró piso para los referidos señalamientos, aunque sí señala que se presentaron diferencias entre los vuelos facturados y la ejecución de los mismos, pero señaló que éstas se debieron a necesidades presupuestales de la Armada, razones de tráfico aéreo, estado del tiempo, reabastecimiento de combustible, entre otras razones. Los hechos están relacionados con el contrato (022-ARCDIABA-2011) suscrito el 17 de junio de 2011 entre la Armada Nacional y Aerolíneas del Caribe. Este contrato obligaba a Aerolíneas del Caribe a transportar en vuelos chárter, personal y equipo militar de la Infantería de Marina. Según los denunciantes muchos de los vuelos que se habían comprometido no se realizaron pero -dicen- que sí se elaboraron las facturas de cobro, y añade que éstas tienen sus correspondientes actas de recepción. Tras analizar una a una las pruebas allegadas al proceso, entra las cuales están las facturas emitidas por la aerolínea privada, las órdenes de servicio emitidas por la Armada Nacional, la fecha de cada vuelo, lo mismo que sus destinos, y claro los valores correspondientes en cada caso, la Contraloría con la firma de Sandra Morelli como su máxima cabeza, desestimó las presuntas irregularidades. Tras realizar el cruce de información, la Contraloría afirmó: “Se realizaron 61 rutas certificadas debidamente por los sistemas ‘Alpista al día’ y ‘Torre de control’ que maneja la Aeronáutica Civil (…) cada una con sus correspondientes órdenes de servicio, especificación de la ruta, matrícula y marca de la aeronave” y se aclara que dicho valor fue de 2.094’800.000 “quedando pendiente por ejecutar un valor de 532 millones 200 mil pesos”, cifra ésta que es producto de la diferencia entre los 2.627 millones del contrato y los 2.094.800.000 ejecutados. “Como se observa las rutas ejecutadas por AER Caribe SA se encuentran respaldadas en órdenes de servicio suscritas por funcionarios de la entidad afectada, las cuales fueron certificadas por los sistemas Alpista al día y Torre de Control de la Aeronáutica Civil”, señala la Contraloría en un fallo de 30 páginas en la que además indica que para completar el monto del contrato suscrito en 2011 se realizaron 17 rutas, cuyo valor fue de 538’500.000. Así las cosas, tanto para el despacho de la excontralora Sandra Morelli, como para los funcionarios de dicha entidad que fallaron en primera instancia “se pagaron los vuelos charter que efectivamente realizó la empresa Aerolíneas del Caribe SA a favor de la Armada Nacional”. “No hay certeza de una doble facturación”, señala la Contraloría pues si bien para la época de ejecución del contrato 022 de 2011 se celebraron conjuntamente varios contratos con la empresa Aerolíneas del Caribe SA con la jefatura de aviación del Ejército, muchos de los cuales coinciden en fechas, es claro para el organismo de control que las rutas y las matrículas de las aeronaves que presentaron los servicios para ejecutar el contrato cuestionado, no coinciden con las matrículas de las aeronaves que realizaron los vuelos con ocasión del mismo. “Al no evidenciarse la ocurrencia de una gestión ineficaz, antieconómica e irregular en el actuar de los procesados, que diera como consecuencia un daño al patrimonio del Estado, mal puede atribuirse una responsabilidad fiscal a su cargo”, concluye el fallo conocido en exclusiva por este medio.

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